CNTE mantiene huelga y plantón en el Zócalo; rechaza respuestas oficiales

En Huehuetoca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, creada en 2019.

Sheinbaum informó que la corporación cuenta con 125 mil elementos desplegados en 53 coordinaciones y 590 cuarteles construidos por el Ejército. Destacó que el homicidio doloso bajó 46% desde octubre de 2024, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Cifras operativas

El comandante Guillermo Briseño Lobera detalló que en el actual sexenio se han detenido a 45 mil personas por delitos, asegurado 23 mil armas de fuego, decomisado más de 213 toneladas de drogas y desmantelado dos mil laboratorios clandestinos.

Adelantó que la Sedena impulsa un plan para alcanzar 170 mil efectivos y 886 instalaciones al final del sexenio.

La mandataria entregó condecoraciones al personal destacado en seguridad, adiestramiento y decomisos, con un reconocimiento especial a los elementos de la zona arqueológica de Teotihuacan por su actuación en abril pasado.

Juanita Luna, madre de una de las víctimas de la Guardería ABC, salió al paso de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aclaró que el expediente judicial nunca ha sido cerrado y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) dar continuidad a las investigaciones.

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ordenó reabrir el caso, precisó Luna. Lo que dictaminó es que los delitos cometidos contra menores de edad son imprescriptibles. Por lo tanto, aún falta procesar a los responsables de homicidio culposo.

Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, explicó que este criterio judicial fortalece la exigencia de justicia. Marca un precedente histórico para la niñez mexicana, señaló.

Ahora corresponde a la FGR acelerar las carpetas de investigación vigentes, advirtió el abogado. De surgir nuevas pruebas, otros servidores públicos que no fueron incluidos originalmente podrán ser llamados a rendir cuentas sin importar el tiempo transcurrido.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum afirmó que la Fiscalía debe llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Prometió entregar toda la información requerida por parte del IMSS.

Sheinbaum también señaló que el modelo de guarderías subrogadas implementado en el sexenio de Felipe Calderón estuvo marcado por la corrupción, el nepotismo y graves deficiencias de seguridad. Esas fallas derivaron en la tragedia que cobró la vida de 49 menores en 2009.

Propuesta morenista ante paros magisteriales

La diputada local de Morena, María Eulalia Velasco Ramírez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación de Oaxaca. Su objetivo: obligar al gobierno estatal a contratar docentes sustitutos durante los paros o huelgas del magisterio.

La legisladora busca dar continuidad al servicio educativo. Para ello propone mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier suspensión de actividades docentes. La propuesta queda ahora en manos del Congreso local.

La realidad de las protestas en el estado

Cada año, la Sección 22 del SNTE realiza paros escalonados como parte de su estrategia de presión sindical. En 2024 las protestas duraron un mes y afectaron principalmente escuelas de educación básica. No es el único sindicato: también hay huelgas recurrentes en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y otros planteles de nivel medio superior.

Velasco Ramírez —madre de la secretaria de Turismo, Saymi Pineda— sostiene que su iniciativa protege el derecho a la educación bajo el principio del interés superior de la niñez. Según la diputada, los estudiantes más vulnerables son los que más sufren las suspensiones.

Medidas que autorizaría el IEEPO

La reforma faculta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a tomar medidas administrativas, académicas y extraordinarias cuando el servicio se interrumpa por ausencia injustificada del personal docente. Entre las acciones permitidas están: designar de inmediato personal sustituto, habilitar sedes alternas de atención presencial en instalaciones cercanas, o implementar estrategias académicas para evitar la pérdida del ciclo escolar.

La iniciativa pone énfasis en la justicia social para comunidades rurales, indígenas o zonas sin acceso a internet. En esos casos, la autoridad educativa deberá priorizar siempre la modalidad presencial para garantizar el aprendizaje.