La silenciosa epidemia que afecta a millones de parejas

Las cifras son contundentes y hablan de un cambio profundo en nuestra sociedad. Los servicios especializados para parejas con dificultades para concebir crecieron un 56% en la última década. Lo dice Eva Bonifacio, médica del Centro Especializado de la Mujer y la Pareja Infértil (CEMPI), quien pone números a una realidad que muchos viven en silencio.

“En México, se realizan cerca de 30 mil tratamientos de fertilidad al año actualmente. En los años 80s y 90s solamente un 10 % de las parejas con estos problemas buscaban apoyo especializado”

Más de un millón de parejas mexicanas enfrentan este desafío según el INEGI. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora tantas personas necesitan ayuda para lograr lo que antes parecía natural?

El porqué del aumento

Bonifacio lo tiene claro: son múltiples factores actuando juntos. Nuestros hábitos han cambiado -y no para bien-. La comida procesada, el sedentarismo, las alteraciones hormonales… todo suma. Pero hay un factor clave que marca la diferencia:

“Hay población que desconoce que los óvulos y espermatozoides pierden calidad y capacidad de embarazo con el aumento en la edad”

Aquí está el gran cambio generacional. Antes las parejas buscaban hijos entre los 20 y 25 años. Hoy ese promedio subió a 30-35 años. La biología no negocia: nuestro reloj reproductivo sigue su curso aunque nuestras prioridades sociales hayan cambiado.

La buena noticia es que hoy existen más opciones. En el sector privado, los costos son más accesibles y los métodos de pago más flexibles. Además, la experiencia acumulada significa mayores probabilidades de éxito.

“Con una orientación adecuada, la infertilidad puede tratarse, primero realizando un diagnóstico adecuado y personalizado”

Desde coito programado hasta fertilización in vitro, el abanico de posibilidades es amplio. Lo importante es buscar ayuda especializada.

Prevención: mejor temprano que tarde

El CEMPI tiene recomendaciones claras para quienes quieren prevenir estos problemas: cambiar el estilo de vida. Mejor alimentación, actividad física regular, evitar alcohol y tabaco.

Pero sobre todo, realizar revisiones oportunas con especialistas. No esperar a tener problemas para actuar.

Esta no es solo una historia médica. Es el reflejo de cómo vivimos hoy: estresados, posponiendo proyectos vitales, alimentándonos mal. Nuestros cuerpos nos están enviando una señal clara. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharla.

El teatro de la vivienda levanta el telón en Yucatán

Esta mañana, en medio del ritual diario de la conferencia matutina, el gobierno federal estrenó su primer acto concreto en Yucatán: la entrega de 64 viviendas. Detrás del gesto simbólico, hay un guión mucho más ambicioso.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, desglosó los números reales. La meta para el estado es construir 60 mil casas durante este sexenio. La cifra no es casual. Responde a un diagnóstico brutal: Yucatán arrastra un déficit de 178 mil viviendas, según la encuesta nacional de 2020.

“Esto significa que en 2026 se habrá iniciado la construcción del 80% de las viviendas contempladas”, explicó Romero Oropeza.

El ritmo pretende ser frenético. Ya hay proyectos para 33 mil viviendas en ocho municipios, con 13 mil actualmente en obra. Para 2026, planean contratar otras 20,500. Es una carrera contra el tiempo y la necesidad.

Un rescate silencioso para miles de familias

Mientras se anuncia la construcción masiva, otra historia paralela se desarrolla: el rescate de créditos ahogados. A través del programa ‘Solución Integral’, el Infonavit reestructuró 4.8 millones de créditos “impagables” a nivel nacional.

En Yucatán, el impacto es directo: 136 mil familias recibieron un salvavidas. Los detalles duelen y alivian a la vez:

• 36,400 con reducciones importantes al saldo.
• 94,000 con reestructura en tasa, mensualidad o saldo.
• 5,900 con la liquidación completa de su deuda.

Son números que traducen desesperación económica en alivio tangible. No es solo estadística; es oxígeno financiero para hogares al límite.

La titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, elevó la apuesta: la meta total para Yucatán es de 70 mil viviendas, con una inversión que supera los 42 mil millones de pesos. El gobernador Joaquín Díaz Mena conectó los puntos finales:

Agradeció el apoyo por “corregir la desigualdad que enfrentaban muchas personas al no encontrar una vivienda… o que solo encontraban opciones en condiciones indignas”.

Ahí está el meollo del asunto. Este no es solo un programa de construcción. Es una respuesta política a una falla histórica del mercado: la incapacidad de ofrecer dignidad a quien gana uno o dos salarios mínimos.

El telón ya se levantó. Ahora toca ver si la obra cumple con su promesa épica frente a las butacas vacías de 178 mil yucatecos.

La nueva frontera de la seguridad nacional

Imagina que tu CURP, tu dirección y hasta tus huellas digitales valen tanto como una carretera federal o una planta de luz. Eso es exactamente lo que plantea el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo del PVEM. Su iniciativa busca que las bases de datos del gobierno sean declaradas infraestructura crítica.

¿La consecuencia directa? Hasta 15 años de prisión para quien acceda, altere o comercie con esa información sensible. No hablamos de multas menores, sino de penas que normalmente se reservan para delitos graves.

“Si una base de datos poblacional es vulnerada, se vulneran los datos de la población, los datos personales de cada uno de nosotros y que están en responsabilidad del Estado”, expresó Delgado Carrillo durante la presentación.

Un blindaje legal para lo más valioso

Martín Barragán, experto en seguridad digital, lo dejó claro: hoy, los datos son el activo más importante. Su protección no puede ser opcional. La propuesta busca crear un andamiaje jurídico sólido alrededor de información biométrica y poblacional que ya posee el Estado.

La jugada es inteligente. Al etiquetar los servidores como infraestructura crítica, cualquier plan estratégico del país tendría que considerar su protección con la misma urgencia que protegería un hospital o una red eléctrica.

“Propusimos elementos punitivos para sanciones a todos aquellos funcionarios que lucren con este tipo de bases”, añadió el diputado verde.

El respaldo político parece asegurado. El diputado Óscar Bautista prometió el apoyo total de la bancada y defendió la idea con una metáfora contundente: “los datos son tan importantes como una carretera”.

La custodia final quedaría en manos pesadas: la FGR, la Defensa Nacional y la SSPC. El mensaje es claro: hackear al gobierno dejará de ser un delito informático menor para convertirse en un ataque a la seguridad nacional. El telón se abre para un nuevo acto en el teatro de la política digital mexicana.