Detención con sello oficial y credencial partidista

Las autoridades federales anunciaron la detención de Emir Bazoco, alias Compa Güero, por su presunta participación en el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano. El hecho ocurrió el miércoles pasado en el centro de Culiacán.

Un detenido con múltiples facetas

Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el detenido pertenecía a la facción de Los Chapitos, una de las más violentas del Cártel de Sinaloa. Su rol era clave: controlaba radios de comunicación, instalaba cámaras para vigilar a las autoridades y adquiría drones para la célula.

Durante el operativo le aseguraron un arma larga y 55 dosis de cristal. Es el primer arresto confirmado directamente vinculado al atentado contra los legisladores.

Pero aquí viene el dato que hace arquear una ceña: las investigaciones revelaron que Bazoco estaba afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), según los registros oficiales del padrón en Sinaloa. Las autoridades rápidamente aclararon que esta militancia “no modifica la línea de investigación”. Claro que no.

“Las autoridades aclararon que esta militancia no modifica la línea de investigación, que se mantiene enfocada en la responsabilidad de grupos del crimen organizado en el ataque.”

El ataque dejó secuelas graves: Torres fue trasladado en estado grave, y Montoya perdió un ojo. Los escoltas sufrieron lesiones menores. El caso se enmarca en la creciente violencia en Sinaloa, por el enfrentamiento entre Los Chapitos y Los Mayos.

El Gabinete de Seguridad prometió coordinación y aseguró que “no habrá impunidad”. Suena bien en el boletín. Veremos cuánto dura esa memoria institucional cuando se crucen los hilos del crimen organizado con los registros de un partido político.

La obra que se convirtió en un pozo sin fondo

Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en Diputados, acaba de soltar una bomba sobre el Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México. Y cuando digo bomba, hablo de números que duelen: un encarecimiento cercano al 250% y un retraso de doce largos años. Para él, la receta es clara: mala planeación, corrupción y opacidad.

“Exigió que se aclare el destino de esos recursos públicos”, señaló el legislador.

Pero esto no es solo una denuncia al aire. Téllez tiene munición pesada: las observaciones graves de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que suman más de 5 mil 600 millones de pesos. Dinero que, según su versión, sigue sin tener una explicación clara.

Una responsabilidad que atraviesa sexenios

Aquí viene lo jugoso. El diputado no apunta a un solo gobierno. Extiende la culpa como una mancha de aceite sobre tres administraciones: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Su argumento es contundente: se trata de una obra que pasó por distintos periodos sin que nadie asumiera el costo político—ni económico—de la falta de transparencia. Por eso su llamado es directo a Hacienda y a la SICT: presenten un informe detallado. Ya basta de opacidad.

La imagen que queda es la de un proyecto fantasma, un tren que prometió conectar pero que terminó descarrilado por las malas prácticas. El teatro político tiene un nuevo acto, y el escenario está lleno de preguntas sin responder.

El privilegio que no todos tienen

Siete presidentes municipales de Campeche acaban de poner el dedo en la llaga. Rechazaron de plano la reinstalación del fuero para legisladores y servidores públicos que el Congreso estatal aprobó este lunes. En un desplegado, los ediles fueron claros: esta medida debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y alimenta esa vieja conocida, la percepción de impunidad.

La memoria histórica que incomoda

Los alcaldes no se anduvieron con rodeos. Recordaron que figuras como AMLO y Claudia Sheinbaum han promovido eliminar el fuero, no restaurarlo. Citando a la presidenta, preguntaron lo obvio:

“Yo no tengo fuero, ¿por qué ellos sí?”

Una pregunta que resuena con ironía quirúrgica en el actual contexto.

El conflicto viene cocinándose desde hace meses. Todo empezó con la propuesta de Ley de Ingresos 2026 que incluía un endeudamiento millonario. La postura crítica del entonces presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, generó tensiones con la gobernadora Layda Sansores.

Lo que siguió fue el clásico guion de acusaciones cruzadas. Los diputados de Morena desmintieron un supuesto intento de detención contra Jiménez Gutiérrez, llamándolo “una embestida para desestabilizar”. Pero los números no mienten: solo seis legisladores morenistas respaldaron a Sansores.

El resto de la bancada y otros partidos votaron en contra. La división interna quedó al descubierto, tan evidente como incómoda.

Mientras los alcaldes se pronuncian contra este retroceso, el Congreso ya dio el sí. La controversia sigue abierta, planteando ese dilema eterno: ¿hasta dónde llegan los privilegios legales de quienes deberían servir al público?

La respuesta, por ahora, huele más a vieja política que a rendición de cuentas.