La audiencia en la que se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete acusados son vinculados a proceso por un presunto fraude fiscal en combustibles lleva más de 14 horas. Hasta ahora, continúa a puerta cerrada.
La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega dirige la diligencia por videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. Comenzó antes de las ocho de la noche del martes.
Fuentes judiciales indican que el debate podría extenderse por más de 24 horas. La complejidad del caso y el volumen de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) alargan la sesión.
Las defensas de los ocho imputados intentan desacreditar cerca de cien datos de prueba presentados por la FGR. La acusación señala a Ruffo Appel y los demás de integrar una red dedicada al contrabando de combustible. El presunto daño al erario supera los 4 mil millones de pesos.
Al finalizar el análisis, la jueza determinará si existen elementos para vincularlos a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. En caso de sentencia condenatoria, el exmandatario podría enfrentar hasta 26 años de prisión.




