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Nacional

Alcaldes de Campeche rechazan el regreso del fuero político

Siete alcaldes de Campeche se oponen a la reinstalación del fuero, advirtiendo que fomenta la desigualdad y la impunidad.

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El privilegio que no todos tienen

Siete presidentes municipales de Campeche acaban de poner el dedo en la llaga. Rechazaron de plano la reinstalación del fuero para legisladores y servidores públicos que el Congreso estatal aprobó este lunes. En un desplegado, los ediles fueron claros: esta medida debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y alimenta esa vieja conocida, la percepción de impunidad.

La memoria histórica que incomoda

Los alcaldes no se anduvieron con rodeos. Recordaron que figuras como AMLO y Claudia Sheinbaum han promovido eliminar el fuero, no restaurarlo. Citando a la presidenta, preguntaron lo obvio:

“Yo no tengo fuero, ¿por qué ellos sí?”

Una pregunta que resuena con ironía quirúrgica en el actual contexto.

El conflicto viene cocinándose desde hace meses. Todo empezó con la propuesta de Ley de Ingresos 2026 que incluía un endeudamiento millonario. La postura crítica del entonces presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, generó tensiones con la gobernadora Layda Sansores.

Lo que siguió fue el clásico guion de acusaciones cruzadas. Los diputados de Morena desmintieron un supuesto intento de detención contra Jiménez Gutiérrez, llamándolo “una embestida para desestabilizar”. Pero los números no mienten: solo seis legisladores morenistas respaldaron a Sansores.

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El resto de la bancada y otros partidos votaron en contra. La división interna quedó al descubierto, tan evidente como incómoda.

Mientras los alcaldes se pronuncian contra este retroceso, el Congreso ya dio el sí. La controversia sigue abierta, planteando ese dilema eterno: ¿hasta dónde llegan los privilegios legales de quienes deberían servir al público?

La respuesta, por ahora, huele más a vieja política que a rendición de cuentas.

Nacional

El T-MEC bajo la lupa: la revisión que define el futuro económico

El tratado comercial de Norteamérica se alista para una revisión que podría cambiar las reglas del juego económico. La incertidumbre planea sobre inversionistas.

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El telón se abre para el acto más crucial del T-MEC

El escenario está listo. México, Estados Unidos y Canadá preparan lo que podría ser la revisión más significativa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá desde su entrada en vigor. Las modificaciones propuestas, algunas planteadas desde el primer mandato de Donald Trump, no son meros ajustes técnicos. Son cambios estructurales que tocarán nervios sensibles.

Kenneth Smith Ramos, quien estuvo al frente de la negociación original, lo explica sin rodeos:

“La revisión también podría tocar la estacionalidad comercial, los minerales críticos y la cláusula anti-China.”

Aquí está el detalle crucial: si los cambios son sustanciales, necesitarán el visto bueno de los tres congresos nacionales. Si son menores, bastarán memorándums o cartas paralelas. Pero en política comercial, pocas cosas son realmente ‘menores’.

Dos caminos, un destino incierto

Los expertos pintan dos escenarios posibles sobre la mesa de negociación. El primero: una “reapertura exitosa” que extienda la vigencia del tratado por 16 años más. El segundo: una “revisión recurrente” anual hasta 2036, un calvario de permanente incertidumbre.

Smith Ramos advierte con claridad meridiana:

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“La incertidumbre persistirá, ya que incluso con negociaciones en curso, decisiones unilaterales podrían afectar los compromisos previamente acordados.”

Traducción: aunque firmemos papeles, cualquier gobierno podría cambiar las reglas mañana. ¿Cómo planean inversiones a largo plazo los empresarios con esa espada de Damocles?

El factor electoral que lo cambia todo

Marlene Garayzar pone el dedo en la llaga: el riesgo principal es que esta incertidumbre se prolongue indefinidamente. Pero Alejandro Padilla Santana añade otra capa al drama: las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían redefinir completamente la política comercial hacia México.

Imaginen este teatro: negociamos hoy con una administración, pero en noviembre podríamos tener un Congreso estadounidense con prioridades completamente diferentes. Es como construir sobre arena movediza.

La economía mexicana aguanta la respiración

A pesar del nerviosismo, las proyecciones económicas para 2026 mantienen cierto optimismo cauteloso. Se espera un crecimiento del PIB entre 1.3% y 1.8%, impulsado por exportaciones y consumo interno.

Pero hay un ‘pero’ importante: sectores como la manufactura aún no recuperan los niveles previos a 2019. Y todos los expertos coinciden en un punto:

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El resultado final de esta revisión del T-MEC será determinante para consolidar—o erosionar—la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica mexicana.

Estamos ante una negociación donde cada coma cuenta, donde cada cláusula modificada puede significar miles de empleos ganados o perdidos. El telón ya está arriba. Ahora veremos qué actores realmente dirigen esta obra.

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Adán Augusto López renuncia a la coordinación de Morena en el Senado

El senador deja la coordinación de Morena tras una serie de controversias que minaron su posición en el partido y el gobierno.

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El telón cae para un operador clave

Adán Augusto López Hernández ya no es el coordinador de Morena en el Senado. Tampoco preside la Junta de Coordinación Política. Su salida no fue un acto espontáneo, sino el desenlace de una obra donde las acusaciones fueron minando, escena tras escena, su posición.

¿El guion que lo llevó a este final? Una combinación explosiva. Por un lado, los persistentes señalamientos sobre sus supuestos vínculos con el grupo criminal La Barredora en Tabasco. Por otro, las dudas sobre movimientos patrimoniales no reportados que, según rumores entre legisladores oficialistas, alcanzarían los cuatro millones de dólares.

Durante su gestión, López Hernández se destacó por ser un operador clave en la aprobación de reformas polémicas.

Fue el arquitecto detrás de maniobras legislativas cruciales, como la reforma judicial. Un maestro en tejer acuerdos con la oposición para lograr votaciones precisas. Pero ese mismo talento para los acuerdos en la sombra terminó por ponerlo bajo los reflectores públicos, generando las mismas críticas que Morena lanzaba contra los partidos tradicionales.

El detonante final y su próximo acto

La gota que derramó el vaso parece haber sido su intervención en el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero. Tras entregar un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con la salida de Gertz —que terminó como embajador en Reino Unido—, su espacio político se volvió insostenible.

Legisladores consultados coinciden: la relación con Sheinbaum estaba desgastada y los tropiezos eran demasiados, a pesar de los desmentidos del propio senador sobre tensiones.

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Ahora, Adán Augusto descarta cualquier papel diplomático internacional. En cambio, anuncia que su nueva misión será fortalecer la operación territorial de Morena. Se enfocará en estados clave como Ciudad de México, Guerrero y Estado de México, justo cuando el partido se prepara para las elecciones intermedias de 2027.

Su retiro marca el cierre definitivo del capítulo que inició con su candidatura presidencial en 2023, donde quedó empatado técnicamente con Gerardo Fernández Noroña y por detrás de Sheinbaum. El teatro político tiene un nuevo vacío en uno de sus escenarios principales.

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Sheinbaum anuncia inversión histórica en infraestructura hasta 2030

El gobierno anuncia un plan de 5.6 billones de pesos para infraestructura entre 2026 y 2030, prometiendo crecimiento con justicia social.

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Un anuncio de cinco billones y medio

La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro en su conferencia matutina: de aquí a 2030, el gobierno destinará 5.6 billones de pesos a ocho sectores clave. Energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos son los beneficiarios de este llamado “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar”.

“Este año… vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2 por ciento del PIB”, explicó Sheinbaum.

Esa inyección extra para este año se suma a los más de 900 mil millones ya presupuestados. La mandataria insistió en que la mayoría será inversión pública, usando instrumentos como el aplicado a Pemex el año pasado.

El modelo que (supuestamente) no es neoliberal

Aquí viene el discurso diferenciador. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que se analizaron más de 1,500 proyectos. Pero el énfasis oficial está en marcar distancia con el pasado.

“No se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas del periodo neoliberal… sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social”, afirmó la presidenta.

Según la versión oficial, el Estado no cederá concesiones ni adquirirá financiamiento con tasas altas. El modelo sería “mixto”: gobierno con privados o con sectores sociales como ejidos.

La promesa final es ambiciosa: prosperidad compartida, empleos bien remunerados y mayor soberanía. Cuatro pilares sostendrán el plan: un consejo de planeación estratégica, nuevos vehículos de inversión, actualización normativa y una base de datos nacional.

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Queda la pregunta clásica en estos anuncios multimillonarios: ¿se ejecutará distinto esta vez o será otro capítulo en la larga historia de promesas infraestructurales? El calendario dice que tenemos hasta 2030 para averiguarlo.

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