Tras un intenso debate, el Parlamento español ha dado el visto bueno definitivo a la controvertida ley de amnistía dirigida a los independentistas catalanes implicados en los eventos de secesión de 2017. Esta medida, que había sido inicialmente aprobada por el Congreso el pasado 14 de marzo pero posteriormente vetada por el Senado, ha sido finalmente ratificada por la Cámara Baja.
La votación, que contó con 177 votos a favor y 172 en contra, reflejó la división en el panorama político español. Los partidarios de la medida, incluyendo los diputados socialistas liderados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los partidos independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, celebraron su aprobación.
“El perdón es más poderoso que el rencor”, expresó Sánchez en redes sociales tras la aprobación, agregando que España está ahora más unida y próspera que en 2017, y que la convivencia prevalece.
Esta ley, que ha estado en el centro del debate político español desde las elecciones legislativas de julio pasado, podría beneficiar a aproximadamente 400 personas, según estimaciones del Ministerio de Justicia. Sin embargo, los efectos de la ley podrían retrasarse debido a que los jueces tienen dos meses para plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea.
El proceso legislativo estuvo marcado por una sesión tumultuosa en la que se intercambiaron insultos entre los diputados, reflejando la polarización existente en torno a esta medida.
La aprobación de esta ley ha sido vista como un compromiso político por parte de Pedro Sánchez para mantener el poder, obteniendo el apoyo de los partidos independentistas catalanes en la sesión de investidura de noviembre. Sin embargo, la oposición conservadora ha criticado la medida, calificándola de “intercambio de poder a cambio de impunidad”.
Los líderes independentistas catalanes han celebrado la aprobación de la ley como una victoria y han reiterado su objetivo de celebrar un referéndum de secesión en el futuro.
La oposición, liderada por el Partido Popular, ha prometido derogar la ley si regresa al poder, argumentando que es inconstitucional. Mientras tanto, los sondeos muestran una división entre los españoles respecto a la medida, aunque los resultados de las recientes elecciones regionales en Cataluña parecen respaldar la estrategia de Sánchez.
El expresidente regional Carles Puigdemont, cuyo regreso a España podría verse facilitado por esta ley, ha expresado su intención de estar presente en el debate de investidura en el Parlamento catalán, que se espera tenga lugar antes del 25 de junio.
