Bajo el lema “No somos enfermos mentales”, al menos 200 personas protestaron contra la clasificación realizada por el gobierno peruano.
El gobierno peruano ha enfurecido a la comunidad LGBT al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica la transexualidad como un trastorno mental. Colectivos de diversidad sexual se manifestaron frente al Ministerio de Salud, en el centro de Lima, exigiendo la derogatoria de una norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia.
Coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la protesta transcurrió pacíficamente, congregando a más de 200 activistas que corearon consignas pidiendo la derogatoria del decreto.
“El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia”, indicó Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024, presente en la manifestación. Los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el Ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Este plan, que incorpora las enfermedades mentales desde 2021, empleó la clasificación CIE-10 de la OMS, que describe la transexualidad como un “trastorno mental”. Sin embargo, la OMS eliminó este término en 2022 de su manual revisado de diagnósticos.
“El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso, pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la Universidad Cayetano Heredia.
En un comunicado posterior al decreto, el Ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”, y expresó su respeto a las identidades de género. Sin embargo, el ministerio justificó la vigencia del decreto, alegando que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud accedan a más servicios de salud mental.
“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio, quien insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género.
A pesar de las aclaraciones, organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+. “No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó.
Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género. La comunidad LGTBI teme que el decreto pueda validar las terapias de conversión, consideradas como torturas por organismos de Naciones Unidas.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advirtió Human Rights Watch en un artículo publicado en su página web.
