El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes su decisión “firme y definitiva” de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).
El canciller Félix Plasencia explicó en X que notificaron al secretario general de la ONU, António Guterres, la intención de “denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127”.
Los motivos detrás de la salida
La decisión llega siete meses después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobara una ley para derogar la adhesión al Estatuto. Plasencia acusó al tribunal de “sesgo geográfico” y de concentrar su trabajo “de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos”. Añadió que la CPI ha sido “instrumentalizada para profundizar las desigualdades” y rechazó el uso del “lawfare”, término que describe el empleo de la ley como arma política.
Venezuela ratificó el Estatuto en junio de 2000 durante el mandato de Hugo Chávez. La CPI investiga crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los países no pueden o no quieren hacerlo.
Relación tensa con la Fiscalía
El ahora exmandatario Nicolás Maduro había criticado a la Fiscalía de La Haya por cerrar su oficina en Caracas en diciembre pasado. El tribunal argumentó “falta de progreso real” en la cooperación. Pese al cierre, la investigación sobre la violencia tras las protestas de 2017 “permanece activa”, según la CPI.
La pesquisa se abrió en 2021 tras una solicitud de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Hasta ahora no hay órdenes de detención.
Paralelamente, el exfiscal jefe Karim Khan fue destituido el viernes por “conducta indebida grave”, en una decisión sin precedentes. Khan ya había sido suspendido en junio pasado.
