Confusión e incertidumbre. Esas son las consecuencias del nuevo memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), emitido el 22 de mayo. La medida obliga a los solicitantes de la residencia permanente —la green card— a realizar el trámite desde fuera de Estados Unidos. Esto forzaría a cientos de miles de personas a abandonar el país.
“Volvemos a la intención original de la ley. A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en EE.UU. y desee obtener la tarjeta de residente permanente debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”, declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS.
El impacto es titánico. En el año fiscal 2024 se concedieron más de 1.3 millones de green cards. De ellas, unas 780 mil fueron mediante el ajuste de estatus, es decir, desde dentro del país. La otra vía —a través de un consulado— es la que ahora promueve el gobierno.
Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, calificó la sorpresa como algo sin precedentes en sus 30 años de práctica. La organización realizó un encuentro virtual para atender las dudas de abogados y afectados, pero la falta de claridad persiste.
¿Quiénes son los más afectados?
Los expertos señalan que los principales perjudicados serán quienes obtienen la residencia por vínculos familiares: cónyuges, padres o hijos adultos de ciudadanos estadounidenses. También los beneficiarios de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal o DACA, así como personas con peticiones de empleo aprobadas, ganadores de la visa de diversidad e inmigrantes especiales (como trabajadores religiosos).
Quedan excluidos quienes ya tenían residencia como asilados o refugiados, aunque Trump ha cancelado casi por completo esos programas.
El memorando establece que las solicitudes de ajuste de estatus deben considerarse un “remedio discrecional extraordinario” y un “acto de gracia administrativa”. Esto sugiere que pueden ser denegadas si el solicitante no demuestra que merece un ejercicio favorable de la discrecionalidad.
La incertidumbre domina entre abogados y migrantes. Nadie sabe con precisión quién deberá salir del país ni cuándo comenzará la aplicación estricta de la norma.
