La diplomacia intenta calentar los ánimos

Los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia se sentaron a hablar este jueves en Panamá. El encuentro ocurre después de semanas de tensión, con acusaciones cruzadas y una guerra de aranceles que ya afecta el comercio bilateral.

Gabriela Sommerfeld (Ecuador) y Rosa Yolanda Villavicencio (Colombia) coincidieron en un foro económico. Aunque sus presidentes también estaban en el país, no hay indicios de que Noboa y Petro se hayan reunido. De hecho, Noboa regresó antes a Quito, sin que se explique el motivo.

Una disputa que escaló rápido

Todo empezó la semana pasada. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lanzó un reproche público: dijo que Colombia no cuida su lado de la frontera, dejando que grupos vinculados al negocio ilegal de drogas operen libremente. También mencionó un déficit comercial de unos 850 millones de dólares con su vecino.

La respuesta fue una escalada rápida. Ecuador subió los impuestos a productos colombianos en un 30%. Colombia hizo lo mismo con decenas de bienes ecuatorianos. Luego, Quito amenazó con dejar de vender energía eléctrica, y Bogotá respondió anunciando un aumento del 900% en la tarifa por transportar su petróleo crudo a través de un oleoducto ecuatoriano.

“El momento en que Colombia cumple su rol, de asegurar su frontera, esto se termina”, dijo John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador.

Reimberg, tras reunirse con Noboa, fue claro: “nosotros no producimos droga, el problema viene del vecino país”. Su mensaje fue que Ecuador no puede “estar en una guerra solos”.

Desde el otro lado, la narrativa es distinta. Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano, aseguró en una entrevista que tienen al menos 11.000 militares desplegados en la zona.

“Articulados también con los Estados Unidos”, afirmó Sánchez, destacando el uso de helicópteros, drones y aviones de inteligencia.

Pero más allá de las cifras y equipos, lanzó una advertencia crucial para ambos lados:

“Si las naciones ‘no encontramos una estrategia común, los criminales son los que están ganando’.”

Ahí está el meollo del asunto. Una frontera de más de 600 kilómetros, porosa y difícil de vigilar, ha sido por años corredor para actividades ilícitas. El tráfico de sustancias prohibidas, la minería irregular y el contrabando encuentran allí un terreno fértil.

El diálogo en Panamá es un primer paso para bajar la temperatura. Pero las declaraciones oficiales son escuetas. La cancillería ecuatoriana solo dijo que existe un diálogo y que Colombia “debe responder” a su posición. No hay detalles públicos sobre las peticiones ni sobre una posible respuesta inmediata.

La pregunta ahora es si las palabras en Panamá serán suficientes para detener una espiral perjudicial para ambas economías y, sobre todo, para la seguridad de quienes viven cerca de esa larga línea divisoria.

El tubo que rompió todo

Buenos Aires está que arde. Y no es por el calor. Una simple licitación de tubos de acero para un gasoducto monumental ha prendido la mecha de un conflicto brutal entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, el hombre fuerte del grupo Techint. La pieza clave para exportar gas desde Vaca Muerta terminó siendo un misil político.

Milei, fiel a su discurso de libre mercado sin ataduras, le soltó en redes sociales: “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Un golpe bajo, directo y personal. No es común ver a un mandatario insultando así a uno de los industriales más poderosos del país.

¿Por qué estalló ahora?

El detonante fue claro. Techint, a través de Tenaris, es el único fabricante local de estos tubos especiales. Pidió trato preferencial en la licitación del gasoducto de 500 km que unirá Vaca Muerta con el Atlántico. Pero perdió. La india Welspun se llevó el contrato por 200 millones de dólares.

Fue la primera vez en 70 años que Techint pierde una licitación para un proyecto de esta envergadura en Argentina.

Ese dato, publicado por EcoJournal, lo dice todo. Setenta años de dominio roto. Techint amenazó con una denuncia por dumping. Y ahí saltó Milei, defendiendo su política de apertura a rajatabla.

Pero esto va más allá de unos tubos. El presidente acusó a Rocca esta semana de haber jugado “all in” para que su gobierno cayera tras las elecciones legislativas de septiembre en Buenos Aires, donde el oficialismo fue derrotado.

“Jubílate, tano. Perdiste”, reposteó Milei desde su cuenta X.

Techint guarda silencio ante los ataques. Un silencio que habla mucho.

El fondo del asunto: la industria bajo presión

Esta pelea no es solo personal. Es la punta del iceberg del impacto brutal que está teniendo la apertura masiva a las importaciones, especialmente chinas, en la industria local.

Un informe reciente de la consultora Equilibria es lapidario: 20 sectores manufactureros han contraído su producción bajo el gobierno de Milei.

“El programa de estabilización y la necesaria apertura económica conllevaban impactos negativos previstos, pero los costos hasta acá parecen excesivos”, evaluaron los expertos.

Fábricas cerrando, miles de puestos perdidos. El modelo choca con una realidad industrial herida. Equilibria sugiere que con un tipo de cambio más alto y una apertura “más sensible”, se podría haber evitado parte del daño sin cerrar la economía.

Milei eligió este combate con Techint como símbolo. Un mensaje claro a todos los empresarios que crecieron al amparo del Estado: los tiempos cambiaron. Pero cada símbolo tiene un costo real en fábricas y familias. La pelea por los tubos mostró las grietas profundas del modelo.

Una década de promesas rotas en el Xingu

Lo prometieron como un proyecto ‘verde’. Una obra faraónica que daría energía a Brasil sin ahogar la selva. La planta hidroeléctrica de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, se vendió con una condición clave: no amenazar los ecosistemas ni a las comunidades indígenas.

Diez años después de que empezara a funcionar, los tribunales tienen un veredicto claro. No cumplió.

“Sólo confirmaron lo que ya sabíamos”, dijo Ana Laíde Barbosa, del Movimento Xingu Vivo.

Para ella y su comunidad, esto no es una sorpresa. Es la constatación oficial de una lucha que llevan librando desde 2008. El fallo, dice, viene de “investigación, experiencia. Hubo ascendencia y conocimiento heredado”.

Un modelo energético bajo la lupa

Este caso abre una pregunta incómoda: ¿qué pasa con el plan energético de Brasil? El país depende masivamente de represas como esta. Belo Monte, la segunda más grande, provee cerca del 10% de la electricidad nacional.

Su historia es larga. Se planeó en los 70, durante la dictadura militar, pero fue el expresidente Lula quien le dio el impulso definitivo en 2010.

Ahora, la justicia está actuando. En diciembre, el Supremo ordenó al gobierno pagar 19 millones de reales en compensación a las comunidades afectadas.

Un tribunal local fue más allá: obligó a Norte Energia, la empresa operadora, a suministrar agua potable. Porque muchas fuentes naturales se secaron, dejando a la gente dependiendo de botellas.

Pero el golpe más fuerte vino después. Un juez federal ordenó reevaluar cuánta agua se desvía del río Xingu para mover las turbinas. La empresa advierte: esto podría reducir la producción de energía.

Norte Energia responde que el fallo no tendrá efecto inmediato y que cualquier cambio llegará sólo tras agotar todas las apelaciones. Dicen que su modelo actual “equilibra” lo ambiental con la seguridad energética y los costos.

Mientras tanto, han empezado a repartir garrafones de agua cada quince días en la región. Según líderes locales, no todos los hogares están registrados para recibirlos.

La imagen es clara: una megaobra diseñada para evitar un gran embalse terminó creando otra clase de desastre. Menos inundación visible, pero un río desviado y comunidades sedientas. La sentencia judicial llega tarde, pero al menos llega. El desafío ahora es hacerla cumplir.