Un récord trágico en la custodia migratoria estadounidense
La muerte de Huabing Xie, un migrante indocumentado originario de China, el 29 de septiembre, se convirtió en el último episodio fatal dentro del sistema de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el año fiscal 2025. Este caso elevó a al menos 22 el número de extranjeros fallecidos bajo custodia de la agencia migratoria entre octubre de 2024 y el 30 de septiembre pasado, marcando la cifra más alta de decesos en dos décadas. Entre las víctimas se encuentran una mayoría de ciudadanos latinoamericanos y se incluyen los dos migrantes asesinados por los disparos de un francotirador en una oficina del ICE en Dallas el mes anterior.
El precedente histórico en mortalidad bajo custodia del ICE se registró en 2004, apenas un año después de la creación de la agencia, cuando se contabilizaron 32 fallecimientos. El año siguiente la cifra descendió a 20 decesos, un número que no se volvió a superar hasta 2020, durante lo más crudo de la pandemia de COVID-19, cuando se documentaron 21 muertes según los registros gubernamentales. Los datos del año fiscal 2025 refuerzan sustancialmente las denuncias sobre las condiciones inhumanas en los centros de detención para migrantes, situación que se ha visto agravada durante los últimos nueve meses tras el retorno al poder de Donald Trump.
“Es alarmante que en los primeros nueve meses de la Administración Trump nos estemos acercando rápidamente al número total de muertes que ocurrieron bajo el Gobierno de Biden”, manifestó en un comunicado oficial la organización Detention Watch Network, una coalición nacional que aboga por la protección de los derechos de los migrantes. Es relevante destacar que tres de las 20 víctimas del año fiscal 2025 ocurrieron durante los meses finales del mandato de Joe Biden. En el cuatrienio completo que el demócrata ocupó la Casa Blanca se registró un total de 26 muertes entre las personas bajo custodia del ICE. Durante los tres primeros años de su administración, las cifras anuales no superaron los cuatro fallecimientos, pero en 2024 se produjo un preocupante incremento hasta alcanzar la docena de decesos.
Capacidad colapsada y condiciones críticas
A pesar del incremento observado en el último año de Biden, los datos actuales son significativamente inferiores a los registrados desde que Trump retomó la presidencia e inició su ofensiva contra la inmigración. La infraestructura de centros de detención se encuentra actualmente colapsada, sin capacidad para albergar adecuadamente a todos los detenidos, que ya superan los 60.000. El plan del mandatario republicano contempla añadir miles de camas adicionales para acomodar a los aproximadamente 3.000 arrestos diarios que pretende realizar, con el objetivo final de ejecutar la mayor operación de deportación masiva en la historia del país.
La interrogante sobre cómo se podrá brindar atención adecuada a los detenidos permanece sin respuesta clara, especialmente cuando los centros operan muy por encima de su capacidad designada y enfrentan una escasez generalizada de personal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado exhaustivamente la ausencia de profesionales médicos para atender a personas enfermas en las instalaciones del ICE, la falta de suministro regular de medicamentos esenciales para quienes los requieren, y el confinamiento en espacios que carecen de acceso a necesidades básicas como higiene adecuada y alimentación suficiente.
Un informe elaborado por el senador demócrata Jon Ossoff, representante de Georgia, presentado en julio, resumía de manera elocuente la situación crítica: “Entre los hechos denunciados o confirmados con credibilidad se incluyen muertes bajo custodia, abuso físico y sexual, maltrato a mujeres embarazadas, maltrato infantil, atención médica inadecuada, hacinamiento y condiciones de vida insalubres, falta de agua y alimentos, exposición a temperaturas extremas, negación de acceso a abogados y separaciones familiares”.
Dentro de las estadísticas del año fiscal 2025, tres de las muertes correspondieron a suicidios, que según los defensores de derechos humanos podrían estar directamente relacionados con el trato recibido durante la detención y las condiciones psicoemocionales generadas por el confinamiento. Frente a estas acusaciones, el ICE mantiene su postura oficial, insistiendo en que todas las personas detenidas en sus centros “reciben atención médica integral, alimentación adecuada y la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados”.
El doloroso testimonio de las familias
Los familiares de algunos de los fallecidos han manifestado consistentemente que las víctimas no presentaban condiciones de salud previas que anticiparan un desenlace tan trágico. “Todavía no lo entiendo. ¿Cómo pasó esto?”, se cuestionaba Lucía Uribe entre lágrimas durante una comparecencia ante medios de comunicación el 30 de septiembre. Su hijo, Ismael Ayala-Uribe, murió el 22 de septiembre en el hospital Víctor Valley, donde había sido trasladado desde el centro de detención Adelanto, ubicado en California.
Ayala-Uribe fue detenido el 17 de agosto mientras realizaba sus labores en un lavadero de automóviles en Huntington Beach, donde había sido empleado durante los últimos 15 años. La familia sostiene que su estado de salud era bueno al momento de su arresto y que hasta la fecha no han recibido explicaciones satisfactorias sobre cómo, en el transcurso de poco más de un mes, este ciudadano mexicano de 39 años perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia federal.
La madre del fallecido relató que mantenía comunicación telefónica con su hijo entre dos y tres veces al día y que pudo constatar personalmente cómo su condición se deterioraba progresivamente con el paso del tiempo. “Ya tenía mal aspecto. Tenía la cara adelgazada, estaba pálido. Me dijo: ‘Mamá, ya no aguanto más’. Le dije que pidiera ayuda a los guardias, pero dijo que no le harían caso”, testificó durante su declaración pública.
De acuerdo con el informe oficial proporcionado por el ICE, el 18 de septiembre, el médico de guardia en el centro Adelanto le administró medicamentos y lo regresó a su dormitorio. Fue enviado al hospital el 21 de septiembre para una evaluación más exhaustiva de un absceso en la región glútea y se programó una intervención quirúrgica para tratarlo. La causa exacta de la muerte permanece bajo investigación oficial.
El abogado representante de la familia declaró que se enteraron del traslado al hospital mediante una llamada de otros detenidos, ya que no recibieron notificación alguna por parte de las autoridades del ICE. Actualmente aguardan los resultados de la autopsia completa para determinar si proceden con acciones legales contra la agencia federal.
Esta situación refleja un patrón sistemático de opacidad informativa y posible negligencia médica que requiere una investigación independiente y exhaustiva. La creciente mortalidad en centros de detención migratoria representa no solo una crisis humanitaria, sino también un desafío fundamental a los compromisos internacionales sobre derechos humanos que Estados Unidos ha suscrito históricamente.
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