Un golpe judicial a las deportaciones exprés
Un juez federal en Boston acaba de dar un golpe a una de las políticas migratorias más duras de la administración Trump. Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, declaró ilegal la norma que permite deportar a personas migrantes a países que no son los suyos sin darles una oportunidad real para explicar sus temores.
“No es legal deportar a los migrantes a naciones que no sean de donde provienen sin darles oportunidad significativa de plantear sus temores”, señaló el juez en su decisión definitiva, según reporta Univision.
Murphy argumenta que estas deportaciones rápidas violan leyes fundamentales. Leyes que están ahí precisamente para proteger a las personas contra la persecución o la tortura. Por eso, su fallo es claro: esa política debe ser derogada.
Pero aquí viene el giro. Como buen conocedor del tablero político, el juez sabe que esto no termina con su firma. Suspendió la entrada en vigor de su decisión durante 15 días. Le da ese margen al gobierno para presentar un recurso, reconociendo la “importancia” del tema.
Y esa importancia es enorme. Porque este caso tiene todos los ingredientes para llegar hasta la Corte Suprema. De hecho, ya ha pasado por allí antes.
La Corte Suprema ya intervino en abril, levantando una orden protectora previa del mismo juez Murphy. Luego, volvió a hacerlo al avalar que ocho migrantes fueran enviados a Sudán del Sur.
El patrón es claro: una batalla legal que sube y baja entre tribunales inferiores y el máximo tribunal. Cada fallo es una pieza en un rompecabezas jurídico sobre hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en materia migratoria.
Para las familias atrapadas en este limbo, cada decisión significa esperanza o desesperación inmediata. Para los abogados, es otro round en una pelea que define los límites del poder. Y para los observadores escépticos como yo, es un recordatorio: en Estados Unidos, incluso las políticas más duras deben pasar por el filtro de un juez.
