La justicia da su visto bueno al polémico impuesto climático
Parece que la idea de hacer que los turistas que llegan en esos mastodontes flotantes paguen por el privilegio de contemplar un paraíso en peligro de extinción ha recibido el sello de aprobación de una jueza federal. Así es, querido lector: Hawái puede ahora, con toda la legalidad del mundo, extender la mano (con la palma hacia arriba, por supuesto) a los pasajeros de cruceros para que contribuyan con un nuevo impuesto turístico. ¿El noble propósito? Enfrentar el cambio climático que, irónicamente, esos mismos barcos ayudan a alimentar. La medida, que entrará en vigor a principios de 2026, es como poner un parche de seda en el costado del Titanic, pero con mejor marketing.
Detalles de un gravamen que no navega en aguas tranquilas
La honorable Jill A. Otake negó amablemente la solicitud de la industria para esquivar este torpedo fiscal. Con esto, el estado archipiélago se convierte en el primero de la nación en implementar un primer gravamen de este tipo, un experimento audaz para lidiar con el calentamiento atmosférico. El gobernador Josh Green, en un arrebato de heroísmo fiscal, firmó en mayo una ley que busca recaudar fondos para problemas tan idílicos como la erosión costera y los incendios forestales. Las proyecciones oficiales, siempre optimistas, estiman que este ingenioso mecanismo generará casi 100 millones de dólares anuales. ¿Cómo funciona? Aumentando las tarifas de hoteles y alquileres vacacionales, y aplicando un nuevo y jugoso impuesto del 11 % sobre lo que pagan los viajeros de los cruceros, prorrateado por los días que el barco esté atracado disfrutando de la brisa hawaiana. Porque nada dice “aloha” como una factura adicional.
Naturalmente, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros y algunos negocios locales no recibieron la noticia con una guirnalda de flores. Presentaron una demanda argumentando, con lágrimas en los ojos, que la ley viola la Constitución al gravar el “privilegio” de entrar en sus puertos. Sus abogados incluso esgrimieron el temor de que el impuesto perjudicaría al turismo, como si subir el precio de una experiencia de lujo pudiera disuadir a alguien que ya gasta miles en un camarote con ventana. La demanda revela un detalle delicioso: la ley permite a los condados añadir un recargo extra del 3 %, llevando el total posible a un 14 %. Jim McCarthy, portavoz de la asociación, declaró con solemnidad que el sector genera casi 1.000 millones de dólares y apoya miles de empleos locales. Una forma curiosa de decir: “Somos demasiado grandes para pagar por nuestros desechos”.
La batalla legal está lejos de terminar
Como era de esperar en este drama legal-playero, los demandantes apelarán la decisión. Han pedido una orden judicial para frenar la aplicación del impuesto mientras se resuelve el recurso, con la urgencia de quien ve cómo se le escapa el último camarote en oferta. Mientras tanto, el estado, representado por la fiscal general Anne Lopez, ha prometido defender con uñas y dientes la ley, insistiendo en que los operadores de cruceros deben pagar su justa parte del impuesto sobre alojamientos transitorios. Pero el giro de trama más jugoso vino del gobierno federal, que intervino en el caso para tildar el impuesto de “esquema para extorsionar” a ciudadanos y empresas, sugiriendo que solo beneficia a Hawái. Porque, claro, ¿qué podría ser más escandaloso que un estado intentando financiar su propia supervivencia frente a una crisis global?
En resumen, nos encontramos ante un pulso épico entre el lucrativo negocio del turismo masivo y la desesperada necesidad de adaptación climática. Hawái, ese paraíso postal que todos queremos visitar antes de que desaparezca, ha decidido que quizás los que más contribuyen a su problema deberían ayudar a pagar la solución. Una ironía tan grande como los propios transatlánticos.
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