El azote de las extorsiones en Trujillo
El hallazgo del cuerpo sin vida de José Pérez en un barranco de Trujillo, con impactos de bala, es el episodio más reciente de una escalada de violencia que mantiene en vilo a la ciudad. La creciente ola de extorsiones se ha convertido en la principal preocupación de sus habitantes.
Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios denuncian que deben pagar cuotas mensuales a grupos delictivos para poder trabajar. Las amenazas y ataques no cesan. Gladys Saavedra, comerciante de un mercado local, vivió en carne propia el terror: el centro de abastos donde labora fue incendiado tras negarse a pagar extorsiones. Días después, su vivienda fue atacada con explosivos.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. En los últimos cinco años, las denuncias por extorsión en Perú se quintuplicaron. Los fallecimientos vinculados a la delincuencia organizada también registraron un fuerte incremento. Transportistas, comerciantes y emprendedores figuran entre los sectores más afectados, sobre todo en zonas periféricas donde la presencia policial es limitada.
Empresarios y dirigentes gremiales aseguran que las organizaciones criminales han ampliado su control sobre distintas actividades económicas. Además de las extorsiones, se han incrementado los secuestros y los ataques con explosivos, una modalidad que ha dejado decenas de heridos y daños a negocios, viviendas e instalaciones públicas.
Especialistas en seguridad advierten que la falta de recursos para la investigación policial y los recientes cambios legislativos han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a las bandas. En medio de este escenario, la inseguridad se perfila como uno de los temas centrales en el proceso electoral presidencial que vive el país, con ciudadanos exigiendo acciones contundentes contra la delincuencia.
