Una nueva bomba en la guerra comercial

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó este jueves su última amenaza contra Canadá: un arancel del 50% sobre todos los aviones vendidos en Estados Unidos. La medida, anunciada en redes sociales, es la escalada más reciente en su conflicto comercial -y personal- con el primer ministro canadiense Mark Carney.

La chispa que encendió esta nueva confrontación es técnica pero reveladora. Trump acusa a Canadá de negarse a certificar aviones de Gulfstream, una empresa con sede en Georgia. Como represalia, amenaza con “descertificar” todos los aviones canadienses, incluyendo los del gigante Bombardier.

“Si, por cualquier razón esta situación no se corrige de inmediato, le voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los aviones vendidos en los Estados Unidos”, aseveró Trump.

Un precedente peligroso

Expertos advierten que usar la certificación -un proceso de seguridad- como arma comercial es algo sin precedentes. John Gradek, profesor de gestión de aviación en la Universidad McGill, lo explica claro:

“La certificación no es algo trivial. Es un paso muy importante para que los aviones operen con seguridad. La descertificación por razones comerciales no se lleva a cabo”.

Gradek no duda en calificar la maniobra: “Esto es realmente una cortina de humo que está arrojándole otra bandera roja al rostro del señor Carney”.

Para Bombardier, que ya sufrió aranceles durante el primer mandato de Trump, perder el acceso al mercado estadounidense sería un golpe brutal. La empresa quebequense se ha concentrado precisamente en jets ejecutivos como los Global Express -hay 150 registrados en EE.UU.- que compiten directamente con Gulfstream.

El trasfondo político es imposible de ignorar. Esta amenaza llega días después de que Carney criticara en Davos la “coerción económica” de grandes potencias -sin nombrar a Trump- y recibiera aplausos internacionales que opacaron al mandatario estadounidense.

El secretario del Tesoro Scott Bessent ya había advertido a Carney que sus comentarios podrían tener consecuencias en la revisión del tratado comercial entre ambos países. Pero el primer ministro canadiense se mantiene firme: según reportes, le dijo a Trump que sostenía lo dicho y que Canadá planea diversificarse con una docena de nuevos acuerdos comerciales.

Mientras tanto, la industria observa con preocupación. La interdependencia aeroespacial entre ambos países es profunda -desde Airbus fabricando A220 en Canadá hasta miles de empleos cruzados-. Romper ese tejido por una disputa personal podría costarle caro a todos.

Trump no dio detalles sobre cuándo impondría estos aranceles. Pero el mensaje está claro: después de años de tregua relativa bajo Biden, la guerra comercial norteamericana vuelve con fuerza. Y esta vez, viene por el aire.

Un anuncio que huele a campaña electoral

Donald Trump suelta la bomba un jueves cualquiera: le dijo a la mandataria interna venezolana Delcy Rodríguez que reabrirá el espacio aéreo. “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí”, declaró. Suena bien, ¿verdad? El problema es que su propio gobierno dice exactamente lo contrario.

Mientras Trump habla, el Departamento de Estado mantiene su recomendación de “No viajar” a Venezuela. Advierten sobre riesgo alto de detención injusta, tortura y secuestro. ¿Alguien en Washington está coordinando el mensaje? No parece.

Las aerolíneas ya se mueven (con cautela)

American Airlines fue la última en salir en 2019. Ahora Nat Pieper, su director comercial, dice en un comunicado:

“Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esa increíble relación.”

Pero ojo: solo hablan de “trabajar con autoridades federales” y dar detalles “en los próximos meses”. Nadie está comprando boletos todavía.

Lo curioso es el timing. Esta semana, la administración Trump notificó al Congreso que explora reabrir la embajada en Caracas. Las relaciones diplomáticas colapsaron en 2019, justo cuando ordenaron la suspensión indefinida de vuelos argumentando amenazas a la seguridad.

La FAA anunció el jueves el retiro de cuatro avisos aéreos para la región, diciendo que ya no son “medidas necesarias”. Pero mantienen otro aviso vigente por 60 días para volar cerca de México y Centroamérica… emitido después de la captura fallida de Maduro.

Aquí está el patrón histórico: anuncios grandilocuentes primero, coordinación después (si acaso). En noviembre pasado declararon el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”. Ahora dicen lo opuesto sin que hayan cambiado las condiciones en tierra.

Madrid me enseñó cómo Europa ve estos movimientos: como cambios tácticos más que estratégicos. Conectar Miami-Caracas otra vez sería simbólicamente enorme. Pero las familias reales que quieran reunirse deberían preguntarse: ¿realmente es seguro, o esto es geopolítica disfrazada de turismo?

El gobierno venezolano ni siquiera ha comentado. Y el Departamento de Estado no responde si cambiará su recomendación. Mientras tanto, Trump da instrucciones para abrir el espacio aéreo “antes de que termine el día”.

Así funciona esto: promesas rápidas para titulares, realidad llena de advertencias en letra pequeña. Mi hijo adolescente lo entendería así: dicen que puedes ir al parque, pero ponen un cartel gigante que dice ‘peligro’ en la entrada.

La diplomacia intenta calentar los ánimos

Los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia se sentaron a hablar este jueves en Panamá. El encuentro ocurre después de semanas de tensión, con acusaciones cruzadas y una guerra de aranceles que ya afecta el comercio bilateral.

Gabriela Sommerfeld (Ecuador) y Rosa Yolanda Villavicencio (Colombia) coincidieron en un foro económico. Aunque sus presidentes también estaban en el país, no hay indicios de que Noboa y Petro se hayan reunido. De hecho, Noboa regresó antes a Quito, sin que se explique el motivo.

Una disputa que escaló rápido

Todo empezó la semana pasada. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lanzó un reproche público: dijo que Colombia no cuida su lado de la frontera, dejando que grupos vinculados al negocio ilegal de drogas operen libremente. También mencionó un déficit comercial de unos 850 millones de dólares con su vecino.

La respuesta fue una escalada rápida. Ecuador subió los impuestos a productos colombianos en un 30%. Colombia hizo lo mismo con decenas de bienes ecuatorianos. Luego, Quito amenazó con dejar de vender energía eléctrica, y Bogotá respondió anunciando un aumento del 900% en la tarifa por transportar su petróleo crudo a través de un oleoducto ecuatoriano.

“El momento en que Colombia cumple su rol, de asegurar su frontera, esto se termina”, dijo John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador.

Reimberg, tras reunirse con Noboa, fue claro: “nosotros no producimos droga, el problema viene del vecino país”. Su mensaje fue que Ecuador no puede “estar en una guerra solos”.

Desde el otro lado, la narrativa es distinta. Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano, aseguró en una entrevista que tienen al menos 11.000 militares desplegados en la zona.

“Articulados también con los Estados Unidos”, afirmó Sánchez, destacando el uso de helicópteros, drones y aviones de inteligencia.

Pero más allá de las cifras y equipos, lanzó una advertencia crucial para ambos lados:

“Si las naciones ‘no encontramos una estrategia común, los criminales son los que están ganando’.”

Ahí está el meollo del asunto. Una frontera de más de 600 kilómetros, porosa y difícil de vigilar, ha sido por años corredor para actividades ilícitas. El tráfico de sustancias prohibidas, la minería irregular y el contrabando encuentran allí un terreno fértil.

El diálogo en Panamá es un primer paso para bajar la temperatura. Pero las declaraciones oficiales son escuetas. La cancillería ecuatoriana solo dijo que existe un diálogo y que Colombia “debe responder” a su posición. No hay detalles públicos sobre las peticiones ni sobre una posible respuesta inmediata.

La pregunta ahora es si las palabras en Panamá serán suficientes para detener una espiral perjudicial para ambas economías y, sobre todo, para la seguridad de quienes viven cerca de esa larga línea divisoria.