Cuarenta y seis naciones europeas y de otras regiones acordaron una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos para casos de migración. La declaración, adoptada en Chisináu, Moldavia, abre la puerta a centros de deportación en terceros países.
La medida responde a las demandas de varios estados miembros por endurecer las políticas contra la migración irregular y agilizar las expulsiones. Grupos defensores la critican: advierten que flexibiliza prohibiciones contra la tortura y debilita protecciones históricas.
“Los gobiernos buscan presionar a un tribunal independiente para debilitar protecciones consolidadas, con el riesgo de deportar a personas a lugares donde enfrentarían tortura”, señaló Chiara Catelli, portavoz de PICUM.
Eve Geddie, de Amnistía Internacional, calificó la declaración como “un sistema de derechos humanos de dos niveles basado en el estatus migratorio”, lo que califica de “agravio” al principio de universalidad.
¿Qué permite la declaración?
La declaración no vinculante subraya el “derecho soberano” de los estados a controlar fronteras. Los países con “llegadas masivas” podrán impulsar centros de retorno en terceros países y cooperar con naciones de tránsito. Italia ya envió migrantes a Albania, la primera experiencia de este tipo en la UE.
Nueve países —Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Italia, Letonia, Lituania y Polonia— firmaron una carta abierta en 2024. Alegaron que el convenio impedía expulsar a delincuentes extranjeros y protegía a “las personas equivocadas”.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, celebró la declaración como “un paso importante” hacia una política unificada. “La migración es un desafío compartido que requiere soluciones compartidas”, afirmó.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, indicó que la Declaración de Chisináu orientará el trabajo de tribunales internos y autoridades nacionales. Sin embargo, los críticos insisten en que se trata de un retroceso en derechos humanos.
