Cambios en la Fiscalía de Guatemala
Gabriel García Luna tomó posesión como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala el domingo. Horas después, anunció el cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
“Desde mañana, la fiscalía entra en una etapa de liquidación. Es porque lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”, declaró García Luna.
La FECI se creó en 2008 como complemento de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por Naciones Unidas que durante 12 años investigó corrupción y desmanteló estructuras del crimen organizado dentro del Estado.
García Luna reemplaza a Consuelo Porras, quien tuvo una gestión polémica. Bajo su mando, la FECI —a cargo de Rafael Curruchiche— fue señalada de criminalizar a opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción.
El presidente Bernardo Arévalo se refirió a la salida de Porras:
“Pone fin al secuestro de esta institución por parte de redes político-criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad”.
Arévalo recordó que bajo la gestión de Porras “se violaron derechos básicos” y “se criminalizó a quienes piensan diferente, causándole un profundo daño a Guatemala”.
Estados Unidos, la Unión Europea y más de 40 países sancionaron a Porras, Curruchiche y otros funcionarios por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia.
Medidas del nuevo fiscal
García Luna ordenó retirar las reservas de los procesos judiciales, siempre que no pongan en riesgo la investigación o a los involucrados. Durante la gestión anterior, varios procesados denunciaron que no podían conocer las acusaciones ni las pruebas en su contra.
Uno de los casos más conocidos es el iniciado contra el partido Movimiento Semilla —que llevó a Arévalo a la presidencia en 2023—, donde la fiscalía mantuvo el proceso en secreto.
“Es prácticamente intolerante llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el final del proceso”, dijo García Luna.
También anunció la creación de una comisión para analizar los más de 100 casos de exjueces, exfiscales, defensores de derechos humanos y periodistas que se exiliaron denunciando persecución. La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, cuestionó en mayo de 2025 a la fiscalía por criminalizar a quienes investigaban corrupción.
“Las persecuciones sin proceso no tienen cabida”, afirmó García Luna.
Además, aceptó la renuncia del exsecretario general Ángel Pineda, también sancionado, y anunció que revisará otros cargos.
