Chiapas da un paso histórico (y otros se llevan las manos a la cabeza)
Parece que en Chiapas el sentido común ha hecho una aparición estelar, casi como un milagro, en la Legislatura estatal. Este miércoles, en un acto que sin duda hará gritar de horror a los profetas del retroceso, se aprobó una ley para que niñas y adolescentes víctimas de violación puedan interrumpir legalmente su embarazo. Imagínense, priorizar la salud y la dignidad de una menor sobre el destino forzado de un embarazo resultante de un delito. Qué concepto tan radical, ¿verdad?
La nueva normativa, que seguramente algunos calificarán de “herejía contemporánea”, no se anda con rodeos. Su objetivo principal es regular y, atención porque esto es novedoso, garantizar de verdad que las instituciones de salud del estado provean este procedimiento. No es solo un “sí, puedes”, es un “aquí está cómo y lo hacemos seguro, gratuito y de calidad”. Un detalle que, uno pensaría, debería ser la norma y no la excepción.
No es un capricho, es la consecuencia de un delito
Y para los despistados en la sala, la ley lo deja más claro que el agua: “el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”. Una frase tan contundente como necesaria, que debería grabarse con letras de oro en cada escaño. Las niñas y adolescentes que han sufrido una violencia atroz podrán acceder a un procedimiento médico sin ser discriminadas o, peor aún, criminalizadas. Se guiarán por el principio del interés superior de la niñez, un concepto que, al parecer, aún necesita ser explicado en algunos sectores.
Por supuesto, la ley también incluye la obligación de notificar a las autoridades sobre los hechos, porque al final, además de atender a la víctima, se trata de perseguir el delito. Algo que, en un mundo ideal, sería automático y no requeriría una ley específica.
Las heroínas y las… digamos que “no tanto”
En el reparto de esta obra legislativa, un grupo de diputadas demostró tener no solo título, sino también conciencia. Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Marcela Castillo Atristain, Ana Karen Ruíz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez, Rosa Linda López Sánchez y Faride Abud García fueron las encargadas de argumentar, defender y aprobar esta ley. Mientras tanto, en el rincón de la resistencia al progreso, las legisladoras Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez alzaron su voto en contra. Uno se pregunta si habrán leído la misma propuesta que el resto, o si viven en una realidad alternativa donde un embarazo forzado en una niña es algo digno de proteger.
Es un avance significativo en un país donde los derechos reproductivos suelen bailar al ritmo de los intereses políticos y no de la evidencia médica y social. Chiapas se coloca así en la vanguardia, enviando un mensaje poderoso: la vida y la salud mental y física de una niña violada no son negociables. Un concepto tan básico que duele tener que legislarlo, pero que celebramos con sarcasmo y alivio que, por fin, se haya hecho realidad.
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