Un gesto de benevolencia estatal (o cómo ahorrarse los intermediarios)
En un giro que sin duda redefine los conceptos de eficiencia gubernamental y desinterés mercantil, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha proclamado una verdad reveladora: los familiares de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico no necesitan contratar abogados. ¿Por qué molestarse con tediosos procesos legales privados cuando tienes al Gobierno de México, en toda su magnanimidad, ofreciendo acompañamiento “integral”? Parece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es ahora el buffet jurídico de la casa, con la ventaja añadida de, según la mandataria, no quedarse con jugosas comisiones. Qué conveniente.
Tras el siniestro que el pasado 28 de diciembre cobró la vida de 14 personas y dejó a 11 hospitalizadas, las acciones oficiales han sido, en palabras de Sheinbaum, tan expeditas que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por su propia cuenta. Imagínense, tanta proactividad que incluso se adelantó a los deseos de los dolientes. Aunque, irónicamente, familiares de las víctimas tenían agendado acudir precisamente este lunes a interponer denuncia. Un detalle menor, seguramente, en este bien engrasado mecanismo de justicia exprés.
La investigación y el fantasma de los bufetes ambiciosos
Con la solemnidad que caracteriza a estos discursos, la Presidenta reconoció –¡vaya sorpresa!– que algunos familiares podrían insistir en presentar denuncias. Pero acto seguido lanzó una advertencia contra esos siniestros despachos legales privados que, oh, el descaro, se acercan a las víctimas ofreciendo obtener “más recursos”. “En este caso no lo necesitan”, sentenció, pintando un idílico cuadro donde el Estado es el único y suficiente paladín de la justicia. “Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno”, afirmó. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no creen?
Para acallar cualquier duda remanente (o cualquier intento de buscar una segunda opinión legal), Sheinbaum detalló que el ferrocarril interoceánico cuenta con dos seguros y que el Estado garantizará una reparación integral del daño que, atención, irá más allá de lo que digan las pólizas. Una promesa tan grandiosa como vaga, dado que el monto final lo determinará la misma Fiscalía, conforme a la Ley General de Víctimas. La consejería jurídica federal, por su parte, está en “diálogo” con la aseguradora. Un diálogo que, presumiblemente, no requiere abogados particulares de por medio.
Para rematar el cuadro de gestión impecable, la mandataria aseguró que no se ha registrado “ninguna inconformidad” por parte de las familias, pues cada una tiene un enlace gubernamental directo. Incluso se ha otorgado un “primer apoyo económico”. Y para aquellos que aún desconfíen o se sientan excluidos de este círculo virtuoso de atención, se habilitó un número telefónico: 55-22-30-2106. Llame ahora, los operadores estatales están esperando, y los abogados privados, según esta narrativa, sobrando.
¿La moraleja de esta tragicomedia administrativa? En el gran teatro de la tragedia y la reparación, el Estado se erige no solo como juez y parte, sino también como tu único y suficiente defensor. Una jugada maestra que, bajo la máscara del apoyo total, centraliza el control y desincentiva la búsqueda independiente de justicia. Porque, claro, ¿para qué querrías un abogado propio cuando el gobierno te ofrece su versión “integral” de los hechos y la compensación?
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