El giro estratégico de Pemex hacia el gas natural
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido colocar el gas natural como eje central de su política energética, incluyendo técnicas como el fracking, a pesar de las promesas iniciales de evitarlo. Este cambio representa un retroceso en los esfuerzos de transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Según el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025–2035, la meta es incrementar la producción nacional de gas a 5,000 millones de pies cúbicos diarios para 2028, con el argumento de reducir la dependencia de importaciones desde Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia refleja una visión cortoplacista, anclada en la expansión de combustibles fósiles en lugar de impulsar alternativas renovables.
Los riesgos ambientales y económicos del fracking
El fracking, técnica de fracturación hidráulica, sigue siendo controversial debido a sus impactos ambientales comprobados, como la contaminación de acuíferos, emisiones de metano y daños a ecosistemas sensibles. Regiones como Tampico-Misantla y Burgos, ya enfrentan estrés hídrico, lo que agrava los riesgos. A pesar de los avances tecnológicos citados por las autoridades, esta metodología prioriza un modelo extractivista de alto impacto, en detrimento de opciones más seguras y sostenibles, como la energía solar o eólica.
Además, el gas natural ha pasado de ser un complemento energético a dominar la generación eléctrica nacional, representando más del 50% del consumo primario en el sector. Esta dependencia ha llevado a que México importe entre el 75% y 96% de su demanda, una vulnerabilidad que no se resolverá con el aumento de la producción mediante fracking. La infraestructura eléctrica actual sigue diseñada para operar con gas, perpetuando un ciclo de dependencia y exponiendo al país a la volatilidad de precios internacionales y riesgos geopolíticos.
Alternativas desaprovechadas y el costo de la inercia
México cuenta con un potencial enorme en energías renovables, capaces de diversificar la matriz energética y reducir costos a mediano plazo. Proyectos autogestivos en comunidades indígenas han demostrado que la transición energética puede ser inclusiva y generar beneficios sociales. Sin embargo, la apuesta por el gas y el fracking desvía recursos que podrían acelerar esta transformación. El plan de Pemex, respaldado por un fondo de 250 mil millones de pesos y emisión de deuda, supone una apuesta arriesgada que prolonga un modelo insostenible.
La verdadera transición no reside en perfeccionar técnicas extractivas, sino en reducir progresivamente la dependencia de hidrocarburos. Corregir el rumbo exige romper con la inercia actual y adoptar un enfoque que equilibre seguridad energética, sustentabilidad y justicia social. De lo contrario, México seguirá comprometiendo su futuro ambiental y económico en nombre de una autosuficiencia energética efímera.
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