La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, informó que el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) ya cuenta con un cuarto acelerador lineal, lo que representa un fortalecimiento histórico en la atención a pacientes con cáncer en la entidad.

En entrevista radiofónica, la mandataria explicó que la llegada de este equipo es resultado de un proceso de gestión iniciado años atrás ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, trámite que realizó de manera conjunta con el entonces secretario de Energía, Cuitláhuac García. Tras cumplir con los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes, el acelerador arribó a Veracruz, fue liberado de aduana y trasladado a las instalaciones del Cecan, en Xalapa.

Detalló que actualmente el equipo se encuentra en etapa de instalación y certificación, proceso que está a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), instancia responsable de verificar que cumpla con las normas de seguridad y operación. De manera paralela, señaló, también se revisa el funcionamiento de los otros tres aceleradores lineales con los que ya cuenta el centro.

“Si tenemos los cuatro aceleradores trabajando, vamos a garantizar que todas las personas que lamentablemente padecen cáncer tengan su tratamiento”, afirmó Nahle García, al destacar que Veracruz se coloca entre las entidades con mayor infraestructura para radioterapia a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México.

Con la incorporación de este nuevo equipo, el Cecan dispondrá de cuatro aceleradores lineales, lo que permitirá disminuir los tiempos de espera, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los tratamientos oncológicos para pacientes de distintas regiones del estado.

La gobernadora subrayó que el fortalecimiento del Cecan forma parte de la política de salud de su administración, en coordinación con el modelo de IMSS-Bienestar, cuyo objetivo es avanzar hacia la universalidad de los servicios médicos y garantizar atención especializada a la población que más lo requiere.

Finalmente, reiteró que la lucha contra el cáncer es una prioridad para su gobierno y que la llegada de este cuarto acelerador lineal representa un avance significativo en la capacidad del sistema de salud pública de Veracruz.

Integrantes del Consejo Regional del Café de Coatepec y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) denunciaron un severo castigo al precio del café en pleno centro de la cosecha 2025-2026, así como un incremento desmedido en las importaciones de café robusta de baja calidad, situación que, afirmaron, impacta directamente en la economía de los productores mexicanos.

Durante una manifestación realizada en la Plaza Lerdo, representantes del sector cafetalero agradecieron la cobertura de los medios de comunicación y expusieron que la actual cosecha registra un retraso considerable, provocado por un invierno atípico con temperaturas extremas, además de fuertes afectaciones por la roya y prácticas de rapiña por parte de los comercializadores, un problema que, señalaron, se repite año con año.

Los productores acusaron que, de manera recurrente, los comercializadores presuntamente se coordinan con el mercado bursátil para imponer castigos al precio del café, particularmente en el periodo de mayor volatilidad, que coincide con el centro de la cosecha. A ello se suma, dijeron, la ausencia de mecanismos gubernamentales claros y transparentes para la defensa del precio del aromático.

Con base en datos documentados al cierre de la bolsa del pasado 16 de enero, el precio internacional del café se ubicó en 355.30 dólares por cada 100 libras. Al sumar un diferencial castigado de 8.50 dólares, el precio alcanzaría 363.80 dólares; sin embargo, al descontar los gastos de comercialización, estimados entre 60 y 70 dólares, el ingreso real se reduce a 303.80 dólares, lo que al tipo de cambio actual representa alrededor de 5 mil 500 pesos por quintal de café pergamino.

Bajo este escenario, los cafetaleros señalaron que el precio justo del café cereza en campo debería situarse entre 20.50 y 21 pesos por kilo. No obstante, reportes de diversas comunidades al cierre del 17 de enero indican que el precio más alto registrado fue de 17.50 pesos, mientras que la mayoría de los productores recibe entre 16 y 17 pesos por kilo, lo que representa un castigo de entre 3 y 3.50 pesos por kilo.

Aclararon que algunos precios de hasta 18 pesos por kilo corresponden a compras directas de cafeterías especializadas que pagan un sobreprecio por calidad, pero advirtieron que estos casos no reflejan el comportamiento del mercado convencional, que continúa castigando al productor.

Fernando Celis Callejas, representante de las organizaciones convocantes, señaló que uno de los principales factores que presionan a la baja el precio es el aumento excesivo de las importaciones de café robusta, de menor calidad y costo, provenientes principalmente de Vietnam y Brasil. Detalló que Vietnam incrementó sus exportaciones de café a México en mil 220 por ciento, mientras que Brasil lo hizo en alrededor de 400 por ciento en los últimos meses.

Indicó que, de acuerdo con la Organización Internacional del Café (OIC), el precio del café robusta en diciembre fue de 190.50 dólares, muy por debajo del precio del café mexicano pergamino, que ronda los 381.60 dólares, lo que evidencia que el robusta vale menos de la mitad del café nacional.

Asimismo, refirió que la OIC reportó exportaciones de México por 3.6 millones de sacos en el ciclo 2024-2025, pese a que la producción nacional es de 3.9 millones de sacos y el consumo interno asciende a 3.1 millones, lo que deja una diferencia de aproximadamente 800 mil sacos, atribuible a café importado que se estaría exportando como si fuera de origen mexicano.

Los cafetaleros denunciaron además que empresas transnacionales estarían importando grandes volúmenes de café robusta barato para mezclarlo con café nacional y exportarlo, incluso bajo esquemas que presuntamente violan acuerdos comerciales. Mencionaron el caso de la empresa francesa Louis Dreyfus, que recientemente amplió una bodega de gran tamaño en Tuxtepec, Veracruz, la cual —aseguraron— estaría destinada al almacenamiento de café robusta importado.

Finalmente, criticaron el estancamiento de la Ley Cafetalera, la cual, acusaron, fue frenada en la Secretaría de Economía por intereses de grandes corporaciones transnacionales, dejando al sector cafetalero nacional en un estado de indefensión frente a prácticas que continúan depreciando el precio del café mexicano y afectan gravemente la economía de miles de productores.

La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, dio a conocer que su administración emprendió acciones firmes y conforme a derecho luego de identificar diversas anomalías en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), hechos que derivaron en la presentación de denuncias formales y en la detención reciente de exfuncionarios relacionados con la institución.

En entrevista radiofónica con el periodista Luis Ramírez Baqueiro, la mandataria estatal señaló que desde hace meses comenzaron a acumularse inconformidades de estudiantes y docentes, quienes denunciaron retrasos en pagos, desorden administrativo y afectaciones directas al desarrollo académico, entre ellas la falta de expedición de títulos profesionales.

Explicó que la UPAV fue concebida originalmente como un proyecto para ampliar el acceso a la educación superior, mediante el uso de espacios públicos para impartir clases, mientras que fundaciones y asociaciones se encargaban de administrar las cuotas escolares. No obstante, indicó que estas organizaciones incurrieron en prácticas irregulares, al cobrar colegiaturas sin asegurar el pago a docentes ni establecer relaciones laborales formales, generando un manejo financiero poco transparente.

Ante estos señalamientos, el Gobierno del Estado ordenó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que llevó a cabo investigaciones a fondo y detectó serias inconsistencias en el uso de los recursos. Como resultado, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, instancia que actualmente da seguimiento al caso ante el Poder Judicial.

“Es mi gobierno y tengo que actuar, sea quien sea. Todo se hizo conforme a la ley y ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades”, expresó Nahle García, al enfatizar que no habrá tolerancia a la impunidad.

La gobernadora informó además que se emitió un decreto mediante el cual la UPAV queda formalmente bajo la responsabilidad del Estado, con el propósito de brindar certeza jurídica a la institución, garantizar la continuidad académica de más de 60 mil estudiantes y establecer condiciones laborales claras para el personal docente, quienes podrán contar con contratos por hora, como en otras universidades públicas.

Respecto a los adeudos con maestros, precisó que los recursos localizados en las fundaciones involucradas deberán destinarse al pago de lo pendiente, mientras que el Gobierno del Estado comenzará a cubrir de manera ordenada las obligaciones que le correspondan.

Finalmente, la mandataria reiteró que el caso llegará “hasta donde tenga que llegar” y que quienes deban responder ante la justicia lo harán, al tiempo que reafirmó que la educación es una prioridad de su administración y que no se permitirá que irregularidades administrativas vulneren el derecho de las y los veracruzanos a estudiar.