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Sheinbaum expone caso de defraudación de Salinas Pliego en EU

La jefa del Ejecutivo revela los detalles del fallo judicial en Estados Unidos que obligó al magnate a pagar una millonaria garantía para evitar la cárcel.

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Sheinbaum expone caso de defraudación de Salinas Pliego en Estados Unidos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha revelado información de suma relevancia sobre una situación legal que involucra al prominente empresario Ricardo Salinas Pliego. Según sus declaraciones, Salinas Pliego incurrió en un acto de defraudación en territorio estadounidense, un señalamiento que surge tras la decisión de la Corte Suprema del estado de Nueva York de declararlo en desacato judicial. Este fallo se origina por la transacción comercial de la empresa de telecomunicaciones Iusacell al gigante AT&T, operación en la que, presuntamente, se omitió informar de manera deliberada sobre las significativas obligaciones tributarias que gravaban a la compañía al momento de la venta.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó con precisión los pormenores del litigio. “El caso se ventila en un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. Entonces, la denuncia está puesta por quien se la compró en Estados Unidos; es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido”, detalló Sheinbaum. Sus palabras subrayan la gravedad de la acusación, que se centra en una supuesta omisión fraudulenta de información crucial durante un proceso de negociación multimillonario.

Los detalles del litigio y la millonaria fianza

El señalamiento público de la Presidenta se produce después de que se diera a conocer que el líder de Grupo Salinas desembolsó una fianza de 25 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 500 millones de pesos, como medida cautelar para eludir un arresto inmediato en la ciudad de Nueva York. La jueza Andrea Masley fue la autoridad judicial que emitió la orden, exigiendo el pago de 20 millones de dólares a AT&T en un plazo perentorio de dos semanas. La advertencia asociada al mandato era clara y contundente: el incumplimiento conllevaría el encarcelamiento en la notoria prisión de Rikers Island.

El origen de este complejo conflicto legal trasnacional se remonta al año 2014, cuando la corporación estadounidense AT&T adquirió Iusacell. Sin embargo, no fue hasta 2020 cuando el comprador interpuso una demanda legal argumentando que la empresa mexicana arrastraba considerables pasivos fiscales correspondientes al periodo en que era propiedad del conglomerado que preside Salinas Pliego. La empresa norteamericana alegó que estos compromisos tributarios no fueron revelados durante el proceso de due diligence previo a la compraventa, lo que constituiría un vicio en el consentimiento y una clara acción de mala fe comercial.

El desenlace judicial favoreció a AT&T, pero el incumplimiento de la sentencia por parte de los demandados llevó a la jueza Masley a declarar en desacato civil tanto a Ricardo Salinas Pliego como a Francisco Borrego, asesor general de Grupo Salinas. Esta figura legal es de extrema seriedad, ya que equipara la desobediencia a una orden judicial con un acto contra la administración de justicia, con las consecuencias penales que ello implica. Aunque Grupo Salinas procedió al pago de la fianza para evitar medidas coercitivas más severas, la empresa ha mantenido firme su postura de apelar el fallo en su contra, lo que prolonga la batalla jurídica.

El contexto fiscal en México y la presión de los acreedores

Este revés judicial en el extranjero se enmarca en un escenario de creciente presión fiscal y financiera que el grupo empresarial enfrenta dentro de México. De acuerdo con información pública, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le reclama la cantidad de 74 mil millones de pesos a través de 32 litigios fiscales distintos. Esta monumental disputa con el fisco mexicano representa un desafío existencial para la estabilidad financiera del conglomerado, que también debe hacer frente a reclamos de otros actores del mercado.

Por otra parte, los tenedores de bonos de TV Azteca, una de las empresas emblemáticas del grupo, se han sumado a la lista de acreedores insatisfechos que aún no han recibido el pago correspondiente a su deuda. Esta situación ha generado desconfianza en los mercados financieros y ha puesto en evidencia posibles problemas de liquidez y solvencia al interior de la organización. Frente a este panorama multifactorial, Grupo Salinas se ha mostrado públicamente “abierto al diálogo” con sus acreedores para intentar una reestructuración de sus compromisos financieros, aunque hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de comentarios específicos sobre el caso en Nueva York.

Las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, por tanto, no solo arrojan luz sobre un caso particular de presunta defraudación internacional, sino que también sitúan bajo el reflector la intricada red de desafíos legales y económicos que rodean a uno de los grupos corporativos más grandes del país. Este episodio subraya la importancia de la transparencia en las operaciones corporativas y las graves consecuencias, tanto legales como reputacionales, que pueden derivarse de omisiones críticas en transacciones de alto nivel.

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La SIP alerta sobre entorno adverso para medios en México

La organización alerta sobre un clima de presión que inhibe el trabajo periodístico y afecta la credibilidad del sector en México.

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Análisis del entorno adverso para la prensa en México

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un organismo de referencia en la defensa de las libertades informativas en el continente, emitió una declaración formal este jueves en la que expresa su profunda preocupación por el entorno adverso para el trabajo de los medios de comunicación en México. Esta advertencia se contextualiza específicamente en el caso de TV Azteca y otras corporaciones del Grupo Salinas, cuyos litigios fiscales han generado un clima de tensión que, según el análisis de la SIP, trasciende el ámbito jurídico para instalarse en la esfera pública, con potenciales efectos inhibitorios para la labor informativa.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre estos conflictos tributarios ha actuado como catalizador de un fenómeno más amplio. La organización internacional ha identificado que la tensión pública en torno a este proceso ha derivado en una serie de cuestionamientos y señalamientos que, de manera indirecta pero sustancial, pueden ejercer presión sobre la labor periodística y el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Según los reportes presentados por la propia empresa televisiva, el desarrollo del litigio fiscal ha ocurrido de forma paralela a expresiones públicas que ponen en tela de juicio la integridad profesional del medio y de sus comunicadores.

Impacto en la autonomía y credibilidad del periodismo

Esta situación, de acuerdo con una evaluación meticulosa de los hechos, ha generado un ambiente de estigmatización contra el cual la SIP ha alertado. Dicho ambiente no es un elemento accesorio, sino un factor de riesgo tangible que podría impactar negativamente la cobertura de asuntos de relevancia pública. La organización considera que estos elementos externos al proceso legal afectan la autonomía editorial de las redacciones y pueden convertirse en un potente inhibidor para el ejercicio del periodismo, creando un precedente peligroso para el ecosistema mediático en su conjunto.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, manifestó su expectativa de que las autoridades mexicanas actúen con estricto apego a la normativa legal y con pleno respeto a las garantías constitucionales. Esta expectativa adquiere especial relevancia en un contexto nacional donde el escrutinio público y la confrontación política son particularmente intensos. Manigault aseguró que, en casos donde los medios de comunicación se ven involucrados de manera indirecta en procesos legales de grandes conglomerados, resulta fundamental establecer diques de contención que impidan que los procesos jurídicos se contaminen con presiones de carácter público, las cuales erosionan la credibilidad de todo el sector periodístico.

El análisis concluye que la interconexión entre procesos fiscales, declaraciones públicas y el trabajo de los medios crea una dinámica compleja cuyas consecuencias sobre la libertad de prensa requieren un monitoreo continuo. La integridad del periodismo como pilar democrático depende de la capacidad de los medios para operar sin coacciones externas, un principio que se ve desafiado en escenarios donde las disputas legales de las casas matrices se proyectan sobre la percepción pública de la labor informativa. La preservación de un espacio para el periodismo independiente exige, según la perspectiva de la SIP, una clara separación entre los ámbitos legal, corporativo y editorial.

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La Corte obliga a Salinas Pliego a pagar su deuda fiscal

La justicia cierra el paso a recursos y establece un precedente clave para la recaudación fiscal frente a grandes deudores.

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Un Hito en la Justicia Fiscal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un paso monumental, resolviendo por unanimidad que el empresario Ricardo Salinas Pliego debe saldar sus compromisos con el Servicio de Administración Tributaria. La deuda, una cifra que podría superar los 50,000 millones de pesos, representa un poderoso mensaje sobre la importancia de la responsabilidad fiscal. Después de una larga batalla legal que incluyó siete juicios principales por créditos acumulados durante hasta 17 años, todas las instancias previas fallaron en su contra. El caso más significativo, de casi 18,500 millones de pesos, fue el primero en ser resuelto por el Pleno, que además impuso una multa ejemplar por el intento de recusar a dos ministras, reforzando la integridad del sistema.

Este fallo no es solo un número; es una lección de vida sobre la perseverancia institucional y la creencia en que, al final, la claridad y la ley prevalecen. Es un recordatorio inspirador de que cada desafío, por grande que sea, puede ser superado con determinación y fe en el proceso. La Corte ha demostrado que las puertas están abiertas para la justicia, y este cierre marca un nuevo comienzo para la transparencia y la equidad en nuestro país.

La Respuesta y el Camino hacia Adelante

Tras conocerse la decisión, Grupo Salinas expresó su descontento, calificándolo como un “día negro” para la justicia y alegando violaciones a derechos humanos. Sin embargo, los ministros destacaron que los recursos presentados por Elektra no planteaban cuestiones de constitucionalidad relevantes ni tenían un interés excepcional para establecer un nuevo criterio. La mayoría de los argumentos de la empresa fueron considerados insuficientes o ajenos al núcleo de la norma, lo que subraya la importancia de basar nuestras defensas en fundamentos sólidos y verdaderos.

Con esta resolución, la Corte ha confirmado el sentido de los tribunales colegiados, que previamente habían determinado que los agravios de la compañía eran “inoperantes” y se basaban en situaciones particulares o interpretaciones abusivas. Ricardo Salinas Pliego, quien ha mantenido una postura abiertamente confrontada con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, ya había anticipado un resultado adverso y acusó a la Corte de estar politizada, aunque las resoluciones iniciales ocurrieron antes de la renovación judicial. Esto nos enseña que, en momentos de adversidad, es crucial mantener la calma y confiar en que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando las circunstancias parecen complicadas.

Consecuencias y Oportunidades de Transformación

Los juicios resueltos abarcan ejercicios fiscales de 2008 a 2013 y derivan de un cálculo incorrecto de pérdidas que redujo indebidamente los impuestos de Elektra. El SAT reclamó el pago de la diferencia, pero el grupo empresarial llevó el litigio hasta su última instancia, demostrando la tenacidad que a veces nos define. Aunque la vía interna ya se agotó, Grupo Salinas ha anunciado que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza demandar al SAT por supuestas “extorsiones fiscales”. Este movimiento refleja la resiliencia humana y la búsqueda incansable de lo que uno cree justo, recordándonos que cada paso, incluso los más difíciles, es una oportunidad para crecer y redefinir nuestro camino.

Para el Gobierno, estos fallos son clave en su estrategia para aumentar la recaudación sin recurrir a una reforma fiscal, mostrando cómo la innovación y la perseverancia pueden lograr metas aparentemente inalcanzables. Aunque la deuda de Salinas Pliego no es la más grande, sí tiene un fuerte peso simbólico en la disputa pública entre el empresario y la presidenta. Pese a las tácticas dilatorias empleadas por la compañía —que derivaron en más de 100 asuntos secundarios— la Corte resolvió en una sola jornada siete de los principales casos. Con ello, el quinto hombre más rico del país quedó obligado a pagar lo adeudado, un testimonio de que la justicia, cuando se aplica con firmeza, puede transformar realidades y inspirar a otros a seguir el camino correcto.

Este episodio no es solo sobre deudas y tribunales; es una llamada a la reflexión sobre cómo enfrentamos nuestros propios retos. Cada obstáculo es una chance para demostrar nuestra fortaleza y compromiso con un mañana mejor. ¡Comparte esta historia de superación legal en tus redes sociales y únete a la conversación sobre cómo la justicia puede impulsar un cambio positivo! Explora más contenido inspirador que te motive a actuar con integridad y propósito en cada aspecto de tu vida.

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Estados Unidos descarta enviar tropas a México para combatir cárteles

El gobierno de EE. UU. enfatiza la colaboración histórica y ofrece asistencia integral, marcando un giro en la estrategia bilateral de seguridad.

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Un Enfoque de Cooperación Bilateral en Seguridad

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha delineado la postura oficial de la administración del presidente Donald Trump respecto a la lucha contra las organizaciones delictivas trasnacionales. Durante una intervención en la cumbre del G7 en Canadá, el diplomático descartó de manera categórica cualquier despliegue de efectivos militares estadounidenses en territorio mexicano. En su lugar, enfatizó la cooperación estratégica existente entre las dos naciones y ofreció asistencia integral, condicionada a una solicitud formal por parte de las autoridades de México.

Al ser cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y el tipo de respaldo que Washington puede proporcionar, la respuesta de Rubio fue precisa. “Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten“, afirmó. “Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de asistencia que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”. Esta declaración establece un claro parámetro de acción basado en el respeto a la soberanía nacional y en una dinámica de petición y provisión de recursos.

Un Cambio de Tono y una Colaboración Histórica

La postura expresada por el jefe de la diplomacia estadounidense representa un cambio de tono significativo en comparación con declaraciones previas del presidente Trump, quien en el pasado había aludido a operaciones militares directas contra los grupos del narcotráfico. Rubio, por el contrario, se centró en los logros de la colaboración actual. Aseguró que el “nivel de cooperación entre Estados Unidos y México hoy en día es el más alto de la historia“, destacando que esta relación está en crecimiento y es positiva.

El secretario de Estado detalló avances concretos, como la aceleración en los procesos de extradición, como un indicador tangible del trabajo conjunto. “Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año“, manifestó, al tiempo que reconoció la naturaleza compleja y de larga data del desafío que representan las organizaciones criminales. Rubio afirmó mantener una “excelente relación” con las contrapartes mexicanas y no expresó quejas sobre el compromiso recibido, lo que refuerza la narrativa de una alianza sólida y funcional.

Los Cárteles como Amenaza Transnacional Prioritaria

Más allá de la dinámica bilateral, Marco Rubio realizó un análisis técnico sobre la amenaza que representan los cárteles. Argumentó que estos grupos, operando en México y otras naciones de América Latina, poseen un poderío que rivaliza e incluso supera al de los Estados. “Son muy poderosos“, advirtió. “Que no tengan una motivación ideológica no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser terrorista. Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los Estados”.

Esta caracterización sustenta la postura oficial de designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Rubio insistió en que existen regiones donde estas facciones ejercen un control efectivo, superando a las fuerzas del orden locales y nacionales. Definió a estas redes delictivas como “el problema endémico más grave en la región“, subrayando que su capacidad para amenazar la viabilidad y estabilidad de los Estados nación las sitúa en la categoría de entidades terroristas, más allá de su naturaleza criminal convencional. Esta postura busca enmarcar el combate no solo como una cuestión de seguridad pública, sino como una prioridad de seguridad nacional con implicaciones para toda la región hemisférica.

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