El telón se alza para un debate que lleva años en el backstage: la muerte digna.
Activistas, especialistas y senadores coinciden: México tiene las condiciones para aprobar la Ley Trasciende. No es solo una propuesta más. Es, dicen, la oportunidad de garantizar un derecho humano olvidado: el del bien morir.
Samara Martínez, activista y paciente que impulsa esta ley, lo dejó claro en el conversatorio “Ley Trasciende: el camino hacia el derecho a la muerte digna”. Esto no nació en un recinto legislativo. Nació en la indignación, en la empatía. En sus palabras:
“Hoy tenemos la oportunidad y obligación de escuchar, de incomodarnos, de cuestionar lo que hemos normalizado y, sobre todo, actuar ante el dolor humano.”
Y ojo, porque esto no es monólogo de una sola voz. Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena, se subió al escenario con optimismo. Dijo que ve señales claras: más del 70% de la población apoya que el Congreso legisle sobre eutanasia y muerte digna. Aseguró que los grupos parlamentarios están unidos en esta agenda.
“Existen señales de sobra”, afirmó Reyes Carmona.
¿La jugada? Comenzar a dictaminar incluso antes de recibir la opinión técnica de la Secretaría de Salud. Porque cuando hay voluntad política, los trámites se aceleran.
Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales (sí, también importa lo digital aquí), definió esto como:
“Un compromiso con las y los pacientes en México que están a la espera de que el Senado esté a la altura de lo que la sociedad está pidiendo.”
Y desde la Fiscalía General, María Isabel Guerrero Flores lanzó una advertencia seria: este derecho merece estudiarse a fondo desde la dignidad humana, el sistema de salud y hasta desde la procuración de justicia. No es solo una cuestión médica; toca fibras legales profundas.
Aquí el drama real no está en las bancadas. Está en miles de familias que esperan poder decidir cómo decir adiós sin sufrimiento inhumano. La Ley Trasciende no es capricho; es necesidad.
