El gobierno peruano decide consultar a la OEA antes de resolver el salvoconducto, alargando un pulso diplomático cargado de acusaciones.
México defiende su procedimiento legal tras una decisión que califica de desproporcionada, reafirmando su tradición humanista.
La decisión peruana de cortar lazos es calificada de extrema, mientras México defiende su tradición de asilo como un derecho humano.
Una decisión soberana basada en la violación de principios fundamentales de no intervención marca un punto de inflexión en los vínculos bilaterales.
