¿Un programa o un derecho? La batalla por la pensión de las mujeres
Aquí vamos otra vez. Un apoyo social que nace con bombo y platillo, pero que vive con el temor constante al recorte presupuestal del año siguiente. La senadora Yeidckol Polevnsky (PT) acaba de lanzar una propuesta para intentar cambiar eso.
Su idea es simple, pero ambiciosa: sacar la Pensión Mujeres Bienestar del caprichoso mundo de los programas gubernamentales y meterla directamente en la Constitución. Que sea un derecho, no una dádiva sujeta a la voluntad política del momento.
“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, afirmó Polevnsky.
El hueco legal donde caen miles
¿Por qué enfocarse en las mujeres de 60 a 64 años? Porque es una edad incómoda. Muchas ya están fuera del mercado laboral formal, pero aún no califican para la pensión universal de adultos mayores. Es un limbo económico diseñado para la vulnerabilidad.
Los datos del Coneval son brutales: más del 60% de las mujeres mayores no tiene una pensión contributiva. No es mala suerte individual; es el resultado de décadas de un sistema que relegó su trabajo, especialmente el no remunerado.
“Esta exclusión… es de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres”, puntualizó la legisladora.
La administración actual tiene un programa para ellas. Pero ahí está el problema: es solo un programa. Su continuidad pende de un hilo llamado ‘disponibilidad presupuestal’ y ‘voluntad política’. La senadora lo dice sin tapujos: ese carácter lo hace vulnerable.
“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad… dejando en incertidumbre a miles”, subrayó.
La propuesta busca reformar el artículo 4° constitucional. El objetivo es blindar este ingreso contra recortes y cambios de gobierno. Convertirlo en un derecho social pleno, al nivel de la educación o la salud.
Su argumento final es contundente: se trata de reconocer décadas de trabajo invisible –el cuidado de familias– y construir una red de seguridad que no dependa del mercado o la suerte, sino de la ley.
Una pregunta queda flotando en el aire: ¿los próximos legisladores estarán dispuestos a convertir una promesa programática en una obligación del Estado? La historia reciente nos hace ser… digamos, escépticos.
