La SHCP endulza la píldora, pero ahora cuesta más
En un comunicado que seguramente causó más revuelo que un escape libre en plena avenida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció con bombo y platillo –bueno, más bien con letra pequeña y jerga burocrática– que el programa para la importación definitiva de vehículos usados seguirá existiendo durante 2026. ¡Qué alivio! Pero, claro, como en toda buena noticia gubernamental, viene con una letanía de condiciones que harían llorar a un contador. La gracia del “aprovechamiento” de 2,500 pesos, ese dulce incentivo que hacía que traer un auto del norte pareciera un chollo, ha pasado a mejor vida. Ahora, la legalización de tu vehículo foráneo requerirá el pago correspondiente de un arancel real y saltar por todos los aros administrativos que se les ocurran a las mentes brillantes de Hacienda. Todo, según dicen, para hacer el proceso “legal y transparente”. Porque antes, supongo, era algo opaco y cuestionable, pero eso mejor no lo mencionamos.
La dependencia federal, en un alarde de claridad meridiana, recordó a la ciudadanía que pueden internar su coche usado “al amparo de las disposiciones”. Una frase tan reconfortante y específica como “siga las instrucciones”. Lo verdaderamente jugoso, el otro decreto publicado a escondidas en el Diario Oficial justo antes de Año Nuevo (típico para que nadie lo lea entre brindis y uvas), que básicamente enterraba los estímulos para los famosos “autos chocolate”</strong, brilló por su ausencia en el comunicado oficial. Parece que a Hacienda le dio amnesia selectiva. En ese documento olvidado, se argumentaba –con una lógica aplastante– que ya existen leyes para regularizar vehículos, así que ¡adiós a las facilidades! Todo sea por la "certeza jurídica" y por combatir la delincuencia. Por supuesto, el hecho de que este negocio haya generado miles de millones en ingresos es pura coincidencia.
La nueva tabla de salvación (o de precios)
Entonces, ¿cuánto le va a costar a uno el capricho de circular en un auto con historial? Póngase cómodo y saque la calculadora. Para la región fronteriza, si su tesoro sobre ruedas tiene entre cinco y nueve años de antigüedad, la SHCP le aplica un simpático arancel del 1%. Si su carruaje es más veterano que muchas series de televisión, con más de una década a sus espaldas, la cosa se pone seria: un 10% de impuesto. Para el resto del país, la cosa es menos dulce: un arancel del 10% para vehículos de más de ocho años de antigüedad. Además, el automóvil debe estar en condiciones físicas, mecánicas y ambientales impecables. Básicamente, piden un auto usado que parezca nuevo, pero pagando impuestos como si fuera una reliquia importada.
Y por si alguien pensaba que este circo de la regularización no había sido rentable, Hacienda se apresura a soltar cifras con orgullo. Hasta noviembre de 2025, se legalizaron 2 millones 987 mil 839 vehículos. Esa montaña de papeleo y pagos de 2 mil 500 pesos por unidad generó la friolera de 7 mil 302 millones de pesos para las arcas públicas. Dinero que, nos aseguran con un gesto de virtuosismo, se destinó a obras de repavimentación. Una ironía deliciosa: el dinero de legalizar autos que quizá circulaban por caminos irregulares sirve para arreglar las calles. Casi poético.
En resumen, el mensaje para el “paisano” ilusionado con traerse su trofeo desde Estados Unidos es claro: la fiesta de los 2,500 pesos se acabó. Ahora toca pagar la cuenta completa, con aranceles según la edad del vehículo y su destino final. Un negocio redondo que deja de ser un dulce escapatoria para convertirse en un impuesto más con sabor a chocolate amargo. Porque al final, en el país de las regulaciones sorpresa y los decretos a media noche, la única certeza es que Hacienda siempre encuentra la forma de pasar la caja registradora.
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