El hot potato legislativo que nadie quería
Justo antes de despedirse con sus tazas de café y sus expedientes bajo el brazo, los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron lo que cualquier persona haría cuando le llega un problema complicado: se lo pasaron a quien sigue. Y vaya que el problema es complejo. Delegaron a la nueva integración de la Corte la titánica tarea de revisar la legalidad de los decretos firmados por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar a los famosos autos chocolate. Sí, ese beneficio que, en un movimiento digno de un final de temporada, AMLO extendió hasta septiembre de 2026 apenas dos días antes de entregar la estafeta. Un regalito de despedida, qué adorable.
En lo que fue su última sesión —imaginamos que con un mood entre nostálgico y “ya quiero irme”—, la Primera Sala de la Corte aceptó el llamado de un tribunal colegiado para atraer uno de los múltiples amparos interpuestos por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). ¿El objetivo? Impugnar los decretos que el expresidente comenzó a emitir en 2022 y que, seamos honestos, han causado más revuelo que un concierto de Bad Bunny en el Zócalo.
Sheinbaum entra al quite con modificaciones
Y por si el drama no fuera suficiente, este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum entró al quite anunciando que el decreto tendrá modificaciones. ¿La razón? Según sus palabras, “han habido abusos en esta apertura que se hizo”. Básicamente, el intento de regularización se convirtió en un wild west de papeles chuecos y procedimientos cuestionables. Prometió que los detalles se darán a conocer la próxima semana, porque en la política mexicana nunca puede faltar el suspense.
La votación en la Corte no fue exactamente unánime. Por cuatro votos contra uno, la Sala decidió que era momento de poner el tema sobre la mesa —y de pasadita, mandarlo a la nueva generación de ministros—. En su explicación, marcaron una diferencia crucial: una cosa es la importación legal de vehículos usados y otra muy distinta es la regularización de aquellos que entraron ilegalmente al país. O sea, no es lo mismo comprar un carro en Texas y traerlo con todos sus papeles en regla, que meterlo de contrabando y luego esperar un “perdón” gubernamental.
La Corte fue clara: “El análisis del caso permitirá confrontar la pretendida necesidad de regularizar vehículos de procedencia extranjera, frente a la existencia de legislación que tipifica como contrabando la posesión de un vehículo de procedencia extranjera sin la documentación que acredite su legal estancia en el país“. Traducción: no podemos hacer como que no pasa nada cuando hay leyes que claramente dicen que esto es un delito.
Y remataron con un argumento que suena a abogado en modo sarcástico: “Esto es, resolver la tensión existente entre la comisión de un delito de contrabando y el contenido de un decreto que pretende regularizar la condición del vehículo sin transitar por el procedimiento previsto para su importación, e inobservando que el vehículo a regularizar carece de la documentación que evite la configuración del delito de contrabando“. O sea, el gobierno anterior intentó saltarse sus propias reglas y ahora toca ver si eso es válido o simplemente fue un acto de magia legislativa.
Impacto económico y ambiental: el otro round del debate
Pero ahí no acaba el show. La Corte también destacó que es necesario analizar si esta regularización masiva causa un daño desproporcionado a la industria automotriz nacional. Básicamente, se trata de una posible competencia desleal, donde los autos regulares —que sí pagan impuestos y cumplen normas— terminan compitiendo contra vehículos que entraron por la puerta de atrás. Además, está el pequeño detalle de que muchas de estas unidades no cumplen con los requisitos ambientales mínimos. Porque, seamos claros, un carro que cruzó la frontera escondido difícilmente pasó por una prueba de emisiones.
La única que votó en contra de la atracción del caso fue la Ministra Loretta Ortiz, quien curiosamente es la única integrante de la ya extinta Primera Sala que se queda en la Corte. ¿Motivos? No los dio a conocer, pero su voto en solitario le da un toque de drama adicional a esta novela judicial.
En resumen, la nueva Corte hereda no solo un expediente gordo, sino un debate que mezcla legalidad, economía, medio ambiente y hasta soberanía nacional. Y todo por esos autos chocolate que tantos dolores de cabeza han causado. Ahora toca ver si los nuevos ministros logran resolver este entuerto o si simplemente lo seguirán pateando hacia adelante. Por lo pronto, el país espera —es más, exige— una solución que no se sienta como un parche más, sino como una respuesta definitiva.
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