El mercado negro del gas LP en el Estado de México
Imaginen un universo paralelo, el del Estado de México, donde el orden establecido lo dictan casi 450 gaseras con sus permisos en regla. Ahora, dense una vuelta por el lado oscuro: ahí operan más de 500 establecimientos clandestinos, un ejército de negocios fantasma que básicamente le está jugando al Free Fire con la seguridad de comunidades enteras. No es un capítulo de Breaking Bad, es la cruda realidad que denuncian los empresarios formales del sector, quienes, entre el coraje y el miedo, ven cómo este caos regulado se normaliza.
Los municipios de Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Texcoco y Chicoloapan son el epicentro de este mercado irregular, donde la competencia desleal es el menor de los problemas. El verdadero plot twist es el riesgo latente de percances que estas instalaciones representan, un peligro que autoridades de Protección Civil y concesionarios alertan por separado, como si estuvieran viendo la misma película de terror desde butacas diferentes.
La economía subterránea del huachicoleo y la corrupción
¿De qué vive este ecosistema clandestino? De prácticas que harían palidecer a cualquier influencer de lo ilegal. Aquí se especializan en el huachicoleo de gas, un deporte extremo que consiste en el robo de gas licuado de petróleo (LP) directamente de los ductos de Pemex o, con un descaro admirable, de las mismas empresas legítimas. El resultado: pérdidas millonarias anuales para la industria formal, un negocio tan redituable que supera en número a los establecimientos con permisos oficiales.
Y aquí viene el detalle que nadie se sorprende: esta operación a gran escala no sería posible sin la anuencia de las mismas autoridades que deberían impedirlo. Según las acusaciones, los propietarios de estos negocios ilegales desembolsan entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales en moches para que los dejen trabajar en paz. Una suscripción premium a la impunidad, porque al final, como en toda buena trama, el villano tiene cómplices en altos mandos.
Uno de los valientes empresarios dueño de una planta en Ecatepec, quien pidió guardar el anonimato por seguridad (totalmente entendible, esto no es un juego), fue claro: “Estas gaseras clandestinas incumplen la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ASEA-2019”. ¿Qué significa eso en cristiano? Que usan tanques con la vida útil vencida, válvulas que más bien parecen adornos y programas de Protección Civil que existen sólo en un universo alterno. Sus instalaciones, con equipos obsoletos y personal sin la más mínima capacitación, son riesgos mortales, especialmente porque muchas están estratégicamente ubicadas cerca de escuelas y viviendas. Una violación tan clara a la Ley de Protección Civil estatal que duele.
Pipas rodantes y conductores temerarios
Si el panorama en tierra no fuera suficientemente aterrador, el transporte añade su propio toque de adrenalina. Imaginemos pipas con capacidades de hasta 45 mil litros de gas LP circulando por las carreteras como si fueran carros de juguete. La NOM-010-ASEA-2016 exige bitácoras de mantenimiento y revisiones anuales para detectar corrosión o fugas, pero la realidad es que muchas unidades superan los 10 años de vida útil, tienen tanques desgastados, válvulas defectuosas y carecen de GPS o seguros vigentes. Básicamente, son bombas de tiempo sobre ruedas.
Para empeorar las cosas, los conductores, muchos sin la formación adecuada, se convierten en protagonistas de su propia película de acción, excediendo los 70 kilómetros por hora en carreteras como la México-Puebla. Y como si el riesgo no fuera suficiente, estacionan estas pipas en la vía pública, aumentando las probabilidades de choques que podrían liberar gas inflamable en segundos. Un operador de una empresa de Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco, lo resumió con una crudeza que estremece: “Nosotros traemos un vehículo Isuzu que tiene dos años de antigüedad, es casi nueva y está en buenas condiciones mecánicas, pero hay otras pipas de otras empresas que tienen más de 10 años de antigüedad y la verdad es que sí es un riesgo tanto para los propios trabajadores como para los clientes”.
El suministro a micros y combis, ese servicio vital para el transporte público, ocurre en estaciones con certificados vencidos y operadores inexpertos, violando flagrantemente la NOM-004-ASEA-2017. La alta rotación de personal causa errores críticos, como realizar trasiegos en espacios cerrados donde el gas se acumula, listo para detonar ante la más mínima chispa. Un cóctel molotov de negligencia e impunidad.
Jesús Clara, director de Protección Civil municipal de Ecatepec, destapó el pastel de la administración pasada: “En la administración pasada dieron dictámenes apócrifos y sin validez para la instalación de más de 80 gaseras clandestinas”. Su equipo se dio a la tarea de suspender aproximadamente 120 que operaban, en su mayoría, de forma irregular. Una herencia envenenada que sigue poniendo en riesgo a la población.
Este es el panorama desolador de un sector vital secuestrado por la ilegalidad y la corrupción, donde la seguridad de millones es el precio de un negocio redondo. Comparte esta información en tus redes sociales para crear conciencia y explora más contenido relacionado con la regulación energética y la seguridad industrial.
