Un crimen que marcó a México
El 31 de julio de 2015, cinco personas fueron asesinadas en el departamento 401 del edificio ubicado en la calle Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Este episodio, conocido como el multihomicidio de la Narvarte, cumple una década sin que se haya esclarecido por completo. Las víctimas —un fotoperiodista, una activista, una empleada doméstica y dos jóvenes— representaban distintos sectores de la sociedad, pero compartían un contexto de violencia sistemática en el estado de Veracruz.
Las víctimas y sus historias
Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista originario de la Ciudad de México, desarrolló su carrera en Veracruz, donde documentó crímenes contra colegas, incluido el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso. Espinosa denunció amenazas de muerte por parte de allegados al entonces gobernador Javier Duarte. “Allá en Xalapa estaba cabrón”, confesó a su hermana antes de regresar a la capital. Su trabajo lo convirtió en blanco de represalias, según reveló el documental A Plena Luz del Día.
Nadia Vera, activista chiapaneca, centró su lucha en las desapariciones forzadas durante el mandato de Duarte. Tras sufrir allanamientos en Veracruz, se trasladó a la Narvarte, donde coincidió con Espinosa. Vera había advertido públicamente: “Si algo me pasa, responsabilizo a Javier Duarte”. Su conexión con el fotoperiodista surgió durante una protesta reprimida por policías estatales.
Alejandra Negrete, empleada doméstica originaria de Naucalpan, estaba en el lugar equivocado. Su hija relató que intentó contactarla a la hora exacta del crimen: “La primera llamada sonó; las demás, no”. Yesenia Quiroz, maquillista de 18 años, y Mile Virginia Martínez, modelo colombiana, compartían el departamento temporalmente. La familia de Milei destacó su determinación: “Nos decía que ya estaba establecida en México”. El Mustang rojo de Milei fue utilizado por los asesinos para huir.
Contexto y repercusiones
Este crimen evidenció los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México, especialmente en Veracruz, considerado entonces uno de los estados más peligrosos para ejercer estas profesiones. La falta de avances en la investigación refleja patrones de impunidad: solo se detuvo a un sospechoso, vinculado a un cártel menor, pero sin esclarecer móviles intelectuales. Organizaciones como Article 19 y Amnistía Internacional han exigido justicia, señalando que el caso podría estar relacionado con represalias por denuncias contra el gobierno de Duarte, condenado posteriormente por corrupción.
El multihomicidio de la Narvarte no es solo un crimen sin resolver; es un símbolo de la violencia estructural que persiste en México. Una década después, las familias siguen esperando respuestas, mientras el Estado mexicano enfrenta cuestionamientos por su incapacidad para proteger a quienes denuncian abusos de poder.
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