Una reforma que promete encerrar para siempre
El presidente Nayib Bukele anunció que su gabinete presentará una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. El objetivo: asesinos, violadores y terroristas. Hasta ahora, la Constitución salvadoreña lo prohibía.
“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, dijo Bukele en X.
La Asamblea Nacional, controlada por su partido, probablemente la avale. Es otra pieza más en un rompecabezas de cambios constitucionales impulsados por el gobierno.
El contexto: una guerra con estado de excepción
Esta propuesta no llega sola. Se basa en la llamada guerra contra las pandillas, que comenzó con un estado de emergencia en marzo de 2022. Una medida temporal que ya lleva casi cuatro años.
Ha suspendido derechos fundamentales y provocado la detención de unas 91.300 personas. Eso es más del 1% de la población total del país. Bukele afirma que 8.000 inocentes fueron liberados.
Pero organizaciones de derechos humanos pintan otro cuadro. Denuncian ante la CIDH que la gran mayoría fueron detenciones arbitrarias. Acusación que Bukele criticó duramente.
La represión también ha perseguido a críticos, activistas y periodistas. Muchos enfrentan un dilema brutal: exilio o prisión. Los procesos judiciales son colectivos, las pruebas escasas y el acceso a abogados, limitado.
Funcionarios han prometido que los pandilleros detenidos “jamás volverán” a las calles. La cadena perpetua sería el mecanismo legal para cumplirlo.
Y esto ocurre mientras otra reforma, impulsada en agosto, eliminaría los límites al mandato presidencial. Un movimiento que allana el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.
Sus críticos llevan años advirtiendo: estas medidas debilitan los pesos y contrapesos y socavan una democracia ya de por sí frágil. La pregunta ahora es qué sigue en esta transformación radical del país.




