Artículo 19 Condena la Acción de Fernández Noroña como Violencia Digital
La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, ha emitido un comunicado formal para reprobar enérgicamente las acciones del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. El hecho detonante ocurrió el miércoles 27 de agosto, cuando el legislador utilizó su cuenta oficial en la red social X para difundir una fotografía de la periodista Azucena Uresti, acompañada de información sensible relativa a su supuesto domicilio particular y el valor comercial del inmueble.
Un análisis detallado de la situación revela que la imagen publicada por el senador data de noviembre de 2022. Según la investigación de la ONG, la fotografía fue obtenida directamente de las redes sociales personales de la comunicadora sin su consentimiento previo, lo que constituye la primera vulneración. Esta acción se produjo en el contexto de una interpelación pública dirigida a Noroña respecto a un inmueble de su propiedad valorado en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. Como contraataque, el morenista desvió la atención acusando a Uresti de poseer un departamento en Paseo de la Reforma, afirmación que la periodista desmintió de manera inmediata.
Marco Legal y Contexto de Vulnerabilidad
Artículo 19 fundamenta su postura en el marco jurídico mexicano, argumentando que este acto puede ser tipificado como una forma de violencia digital según lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La organización enfatiza que este tipo de agresiones no constituye un fenómeno nuevo, sino una manifestación contemporánea de la violencia de género que se amplifica a través de las tecnologías de la información.
El informe técnico de la ONG precisa el concepto de doxeo (o doxing), definido por ONU Mujeres como el acto de revelar intencional y públicamente información personal o identificativa de un individuo sin su consentimiento, con el propósito de acosar, amenazar o incentivar que terceros lo hagan. Esta práctica, cuando se ejerce contra mujeres, niñas y adolescentes, las coloca en una situación de hostigamiento y peligro inminente. El riesgo se intensifica exponencialmente cuando las víctimas son mujeres que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como defensoras de derechos humanos, activistas y, de manera particular, periodistas que cuben temas de alto impacto.
El contexto de la periodista Azucena Uresti agrava sustancialmente la gravedad de los hechos. La ONG recordó que existen antecedentes documentados de amenazas graves en su contra perpetradas por grupos del crimen organizado. En agosto de 2021, la comunicadora fue amenazada de muerte de forma directa por un sujeto que se identificó a sí mismo como Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder presunto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un mensaje de audio, el individuo sentenció: “Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo. Y haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio”. Este historial convierte cualquier nueva exposición de su información personal en un acto de potencial consecuencia letal.
Exigencias y Llamado a la Acción
Frente a este escenario, Artículo 19 exigió de manera contundente al senador Gerardo Fernández Noroña que erradique de inmediato cualquier práctica violenta que pueda comprometer la integridad y la seguridad de Azucena Uresti. Subrayó que, incluso si la información difundida careciera de veracidad, el mero uso de su imagen sin autorización constituye por sí mismo un acto de hostigamiento. Cuando este hostigamiento es perpetrado por un funcionario público, se torna doblemente reprobable, ya que contradice frontalmente su obligación como agente del Estado de garantizar los derechos humanos y proteger a la ciudadanía.
La organización hizo un llamado al legislador para que, en su calidad de senador de la República, se abstenga de realizar señalamientos contra profesionales del periodismo con el objetivo de desviar la atención pública en debates de interés nacional. Esta práctica, conocida como lawfare o guerra jurídico-mediática, busca desacreditar y silenciar voces críticas mediante la intimidación.
Como colofón a su pronunciamiento, Artículo 19 solicitó formalmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que implemente de manera urgente y efectiva medidas de protección robustas para Azucena Uresti. Estas medidas deben estar diseñas con un enfoque integral, considerando su contexto de riesgo reiterado y la naturaleza de su trabajo en la cobertura de temas de seguridad y crimen organizado, que son de alto impacto.
La respuesta de Uresti ante anteriores episodios de presión ha sido una reafirmación de su compromiso con el periodismo riguroso. Desde su espacio en Grupo Fórmula, la comunicadora aseguró que sus equipos periodísticos se rigen por la búsqueda del equilibrio informativo y la verificación estricta de datos. “Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos. Seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, declaró, subrayando su intención de no ceder ante la intimidación.
Este caso sienta un precedente crítico sobre el uso de la información personal como arma por parte de figuras públicas y la necesidad de proteger el ejercicio del periodismo en México. Comparte este análisis para visibilizar la importancia de la seguridad digital y explora más contenido relacionado con la libertad de prensa en nuestro sitio.
