El Tribunal Electoral se lava las manos (otra vez)
En un giro argumental que nadie vio venir (mentira, todos lo vimos venir), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que el polémico caso de los acordeones electorales era, básicamente, un problema de falta de pruebas. O sea, según su lógica, no es que no hubiera acordeones, es que no se pudo probar concluyentemente quién los repartió, cuándo y con qué memes incluidos. Un nivel de escepticismo que haría sonrojar a un filósofo griego.
Las ministras Yasmín Esquivel y Sara Irene Herrerías salieron absueltas de todas las acusaciones. La justicia electoral determinó que no cometieron infracciones por la supuesta difusión de este material de propaganda durante el sagrado periodo de veda electoral. Porque, aparentemente, encontrar los vínculos no es suficiente; necesitas un video en HD de ellas entregando los folletitos personalmente para que cuente. El principio de equidad en la contienda, según esta resolución, sigue intacto y tan reluciente como nuevo.
La disidencia que nos devuelve un poco de fe (pero no mucha)
No todo fue palomitas y alegría en la sesión. El magistrado Reyes Rodríguez soltó la bomba de sentido común al señalar que, tal vez, solo tal vez, analizar las quejas de forma aislada era una estrategia miope. En una declaración que resonó con toda persona que haya visto un solo capítulo de una serie de crímenes, expuso: “considero que se debió hacer un solo procedimiento con la totalidad de pruebas… para evaluar si existió o no la llamada operación acordeón“. Una idea revolucionaria: conectar los puntos. Su voto particular fue el grito en el silencio de una resolución que muchos tacharán de cómoda.
Mientras tanto, los magistrados Gilberto Bátiz y Claudia Valle optaron por la clásica jugada de “yo no estuve aquí”, pidiendo ausentarse por haber participado en la elección. Una decisión que, aunque protocolaria, siempre deja un regusto a conflicto de intereses que no pinta bien para la imparcialidad judicial.
Y el premio mayor se lo lleva… otro Bátiz
Pero el drama no termina ahí. En un episodio paralelo que demuestra que esto es un verdadero culebrón, también se revocó una sanción económica contra Bernardo Bátiz, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. La multa, de 38 mil 580 pesos (la más alta por irregularidades en campaña, para que se den una idea), fue simplemente borrada del mapa. Los detalles de las irregularidades en su informe de gastos de campaña se esfumaron en el éter de las consideraciones legales, dejando la impresión de que en la justicia electoral, a veces, las reglas son más flexibles que un yogur pasado de fecha.
El mensaje final de esta saga es claro: en el intrincado mundo de la política judicial y las campañas por una judicatura, la línea entre lo permitido y lo indebido es tan, pero tan delgada, que a veces parece invisible. La fiscalización electoral enfrenta otro golpe a su credibilidad, y la ciudadanía se queda con más dudas que respuestas, preguntándose si realmente existe un organismo capaz de auditar a las altas esferas del poder.
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