La condena no termina en la puerta
Desde el penal de Tlalnepantla, 32 mujeres tejen para sobrevivir. No solo al encierro, sino a un sistema que las juzgó mucho antes de que un juez dictara sentencia. Muchas cuentan los días para salir. Pero más temen el mundo exterior, que las marcará para siempre.
“Todo el mundo te señala, en todos los trabajos te piden antecedentes no penales, te critican sin saber la realidad”, dice Isabel. “Me da mucho miedo salir y no saber quién soy después de la cárcel”.
Un sistema que fabrica culpables
A cuatro días del 8 de marzo, pintaron carteles. Denuncian cancelaciones constantes de audiencias, defensas ineficientes y carpetas de investigación fabricadas. Jennifer tiene 23 años y una hija de siete. Lleva una condena de 11 años por robar un auto.
El detalle macabro: según ella, el robo ocurrió cuando ya estaba tras las rejas bajo prisión preventiva.
“Yo ya estaba encerrada y dijeron que me robé un carro”, explica Jennifer. “Me hicieron aceptar el delito porque me querían dejar aquí un buen rato. Los jueces no se dan la tarea… no hay pruebas y aun así te dan condenas absurdas”.
La espera se mide en años. Los abogados de oficio son insuficientes y a veces tardan meses en contactarlas. El acceso a la justicia es otro privilegio del que carecen.
En México hay más de 13 mil mujeres privadas de libertad. En Tlalnepantla, donde la capacidad es para 250, hay 503. Tres mujeres comparten una colchoneta individual. Dos dormitorios para todas.
“Nos tienen en abandono”, explica Isabel. “En otras cárceles hay yoga, clases de baile. Aquí no tenemos eso… también tenemos que escondernos para llorar, está mal visto ser débil aquí”.
Su distracción es el crochet que les lleva la organización La Cana. Su sueño más inmediato, según confesaron en una visita, es tener “un baño largo y a solas”. Otros anhelos: ver el mar, ir al cine, comer pozole o tacos al pastor.
La comida dentro no es buena. Carecen de vitaminas y medicamentos. Nada es gratis.
“Gastamos como 2 mil 500 pesos al mes en papel de baño, toallas sanitarias y lavandería”, cuenta Isabel.
La identidad, lo primero que confiscan
Lo que más duele no es el hambre o el hacinamiento. Es la pérdida sistemática de su identidad. No tienen documentos. Sus cuentas bancarias están suspendidas. Si recuperan la libertad, deben esperar seis meses para tramitar papeles.
Jennifer describe otro tormento moderno: la exposición digital previa al juicio.
“Cuando nos detienen, las fiscalías nos exhiben en redes sociales, suben nuestras fotos y luego nos dejan sin sentencia hasta por 10 años”, expresa. “Eso es injusto, nos queman en internet y luego nos dejan en el limbo”.
Eugenia llora todos los días desde el penal Barrientos. Su hija Jessica desapareció en 2023 y nadie sabe dónde está. Las autoridades solo colocaron fichas de búsqueda.
“Ya me declararon inocente, pero aquí sigo y mi familia se está destruyendo”, dice entre lágrimas Eugenia. “Siempre cancelan las audiencias… solo quiero decirle [a mi hija] que espero que esté bien”.
Mercedes Becker, activista y cofundadora de La Cana, pone números a esta tragedia: cerca del 46% de las mujeres en cárceles mexicanas no tienen una sentencia firme. Están presas sin condena.
“El acceso a la justicia en México es un tema poco atendido”, indica Becker a EL UNIVERSAL. “La sociedad juzga a quienes están en la cárcel aun cuando son inocentes”.
Becker señala algo perverso: políticamente vende más prometer más años de cárcel que programas reales de reinserción social.
“Hace años presentamos una propuesta de ley para regular el trabajo penitenciario… lamentablemente es poco llamativo en temas políticos”, lamenta.
Mientras tanto, ellas tejen. Y sueñan con lo simple: terminar la prepa, poner un puesto de carnitas o uno de gorditas.
“Pero de mientras,” dicen esperanzadas desde el otro lado de los barrotes,”voy a tejer”.
