Por fin, la solución definitiva que nadie esperaba para un problema que todos conocen
En un giro de eventos que sin duda dejará a las redes de crimen organizado temblando de miedo (o quizá riéndose a carcajadas, quién sabe), la Presidenta Claudia Sheinbaum ha desvelado su último as en la manga contra la delincuencia. Resulta que el eslabón más débil en la cadena de seguridad nacional no eran los arsenales ilegales ni la corrupción, sino esos pequeños y coloridos rectángulos de plástico que compras en el Oxxo: los chips telefónicos. ¡Tachán! La revelación.
Con la pomposa entrada en escena de la nueva Comisión de Telecomunicaciones, un ente que suena tan poderoso que uno casi espera que sus miembros vistan capas, se implementará un control en la venta de chips. Porque, en la desquiciada realidad en la que vivimos, hoy puedes adquirir una herramienta de comunicación anónima con la misma facilidad con la que compras una bolsa de papas. ¿Un chip para extorsionar? Sí, por favor, ¿lleva dos y le regalamos un minuto a celular?
El plan maestro: Identificarse para comprar un chip, un concepto radicalmente novedoso
La Mandataria, con la paciencia de quien le explica álgebra a un gato, detalló el intrincado mecanismo delictivo: “Se compran 10, 15, se pueden llevar a un centro de atención y si hay un celular ahí, pueden hacer llamadas de extorsión cambiando los chips”. Una visión aterradora, sin duda. Pandillas de delincuentes haciendo cola en los centros de atención al cliente, probablemente discutiendo si el chip de la señorita o el de el futbolista tiene mejor cobertura para sus actividades ilícitas.
Las dos medidas principales son tan revolucionarias que cuesta creer que no se implementaron antes. La primera: bloquear señales de forma controlada en ciertos centros de detención. Una idea brillante, que plantea la pregunta existencial: ¿no se suponía que ya estaban bloqueadas? La segunda, y esta es la joya de la corona, es que la compra de un chip requerirá identificación. “Cuando compras un plan de un celular, hay identificación, pues igual cuando compras un chip que haya identificación”, argumentó Sheinbaum con una lógica tan aplastante que uno se pregunta si no deberíamos también identificar a quien compra un chicle, por si acaso.
Según la teoría gubernamental, esta simple acción burocrática “va a bajar muchísimo la extorsión”. Es una apuesta audaz. Se asume que los señores del crimen organizado, capaces de traficar armas y evadir a las fuerzas federales, se rendirán ante la perspectiva de tener que presentar una credencial de elector falsificada. O quizá, en un acto de honestidad repentina, simplemente dirán: “Ah, no, si piden INE, mejor no extorsiono hoy”.
Pero no teman, ciudadanos, la privacidad está a salvo. La obligación de resguardar los datos recaerá en las empresas telefónicas, esas mismas entidades famosas por su impenetrable seguridad y su nula historia de filtraciones de datos. ¡Qué alivio! Y si un chip está involucrado en un delito, se solicitará la información “a partir de una orden judicial“. Un proceso tan ágil y expedito en el sistema judicial mexicano que, para cuando se obtenga la orden, el extorsionador ya se habrá jubilado y estará viviendo en una playa.
En resumen, el Gobierno federal busca cerrar una de las vías más utilizadas para las extorsiones. Es un movimiento que, sin duda, será recibido con una mezcla de esperanza y un cinismo bien ganado. Por un lado, es una medida concreta. Por el otro, es como intentar tapar un boquete en un dique con un chicle. ¿Funcionará? El tiempo, y las estadísticas de delincuencia, lo dirán. Mientras tanto, prepárense para hacer fila en la tienda con su INE en mano, porque la patria se defiende comprando chips de forma responsable.
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