¿Un programa o un derecho? La batalla por la pensión de las mujeres

Aquí vamos otra vez. Un apoyo social que nace con bombo y platillo, pero que vive con el temor constante al recorte presupuestal del año siguiente. La senadora Yeidckol Polevnsky (PT) acaba de lanzar una propuesta para intentar cambiar eso.

Su idea es simple, pero ambiciosa: sacar la Pensión Mujeres Bienestar del caprichoso mundo de los programas gubernamentales y meterla directamente en la Constitución. Que sea un derecho, no una dádiva sujeta a la voluntad política del momento.

“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, afirmó Polevnsky.

El hueco legal donde caen miles

¿Por qué enfocarse en las mujeres de 60 a 64 años? Porque es una edad incómoda. Muchas ya están fuera del mercado laboral formal, pero aún no califican para la pensión universal de adultos mayores. Es un limbo económico diseñado para la vulnerabilidad.

Los datos del Coneval son brutales: más del 60% de las mujeres mayores no tiene una pensión contributiva. No es mala suerte individual; es el resultado de décadas de un sistema que relegó su trabajo, especialmente el no remunerado.

“Esta exclusión… es de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres”, puntualizó la legisladora.

La administración actual tiene un programa para ellas. Pero ahí está el problema: es solo un programa. Su continuidad pende de un hilo llamado ‘disponibilidad presupuestal’ y ‘voluntad política’. La senadora lo dice sin tapujos: ese carácter lo hace vulnerable.

“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad… dejando en incertidumbre a miles”, subrayó.

La propuesta busca reformar el artículo 4° constitucional. El objetivo es blindar este ingreso contra recortes y cambios de gobierno. Convertirlo en un derecho social pleno, al nivel de la educación o la salud.

Su argumento final es contundente: se trata de reconocer décadas de trabajo invisible –el cuidado de familias– y construir una red de seguridad que no dependa del mercado o la suerte, sino de la ley.

Una pregunta queda flotando en el aire: ¿los próximos legisladores estarán dispuestos a convertir una promesa programática en una obligación del Estado? La historia reciente nos hace ser… digamos, escépticos.

El escenario se calienta: Sheinbaum señala a la oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum no se mordió la lengua. Al conocer que legisladores de partidos opositores asistieron a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, lanzó una andanada que resonará en los pasillos del Congreso. Para ella, este viaje no es una simple reunión internacional. Es la prueba definitiva de una cercanía peligrosa.

“Está bien que la gente sepa quiénes son”, afirmó Sheinbaum, clavando el dedo en la llaga. En su visión, estos foros representan “posturas contrarias a la democracia y a las luchas históricas del pueblo mexicano”.

Un hilo histórico que llega hasta hoy

Sheinbaum no se quedó en el presente. Hizo un viaje al pasado para conectar puntos. Recordó que en el siglo XIX, los conservadores promovieron un gobierno monárquico y apoyaron figuras como Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. Su tesis es clara: el mismo pensamiento persiste hoy.

Acusó directamente a sectores que identificó como el “PRIAN” de aspirar a un modelo autoritario y excluyente. Las palabras fueron duras, cargadas de emoción:

“No quieren la democracia, buscan un gobierno represor, utilizan la mentira para denostar y son profundamente racistas, clasistas y machistas”.

Pero aquí viene lo jugoso: cuestionó que legisladores dejaran sus responsabilidades públicas para este encuentro. Incluso planteó que deberían rendir cuentas sobre el uso de recursos para dichos viajes. Esa no es solo una crítica política; es un guante lanzado al ámbito legal.

En el otro lado del ring, rechazó las acusaciones de autoritarismo hacia su movimiento. Aseguró que su proyecto siempre ha buscado la democracia como representación genuina del pueblo.

Su mensaje final fue una advertencia histórica: “El conservadurismo de hoy es el mismo del siglo XIX, pero el pueblo de México siempre los ha derrotado”. El teatro político tiene un nuevo acto, y Sheinbaum acaba de subir el telón.

El acto diplomático bajo presión

La presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó sin rodeos. El flujo de petróleo mexicano hacia Cuba está congelado. No es una decisión caprichosa, sino un movimiento calculado ante una amenaza concreta: las sanciones que Estados Unidos promete a cualquier país que envíe combustible a la isla.

“Está detenido en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa cuando se le cuestionó directamente.

Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. No es un “no” definitivo. Es un “por ahora” estratégico. La mandataria enfatizó que el gobierno busca, de manera diplomática, encontrar la mejor vía para que Cuba finalmente reciba el combustible. Es como pausar una jugada en el ajedrez geopolítico para reevaluar el tablero.

La narrativa paralela: ayuda humanitaria

Mientras se congela el petróleo, se acelera otro tipo de apoyo. Justo ayer, México envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla. Sheinbaum adelantó que habrá más respaldo.

La presidenta calificó la amenaza de sanciones estadounidense como “muy injusta”, argumentando que nadie puede ser omiso ante la situación del pueblo cubano. Aquí hay dos guiones corriendo en paralelo: uno público y solidario (la ayuda), y otro delicado y negociado (el petróleo).

¿El objetivo final? Proteger los intereses de México sin darle la espalda a Cuba. Un equilibrio tan tenso como fascinante de observar.