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Reunión de alto nivel entre mandos navales

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), se reunió con mandos de la Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos del 3 al 5 de junio. El objetivo fue diseñar estrategias de seguridad marítima, fortalecer labores de búsqueda y rescate, y reafirmar el compromiso binacional contra la delincuencia organizada transnacional.

Los acuerdos se formalizaron con los almirantes James W. Kilby y Kevin E. Lunday, subjefe de operaciones navales y comandante de la Guardia Costera, respectivamente. En las mesas de trabajo se revisaron mecanismos de coordinación bajo principios de confianza mutua y respeto a la soberanía. El espacio marítimo se consolida como uno de los ejes más dinámicos de la agenda bilateral.

Cooperación tecnológica y ambiental

Las autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México, destacando el modelo de trinomio naval —buques, helicópteros y patrullas interceptoras— y la incorporación de sistemas no tripulados para vigilancia y seguimiento de objetivos.

El secretario Morales Ángeles subrayó la urgencia de fortalecer la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI). Este mecanismo trilateral, vigente desde 2008, permite intercambio de información y operaciones coincidentes para frenar actividades ilícitas, manteniendo el control soberano de cada país. En el ámbito ambiental, México ratificó su compromiso contra la pesca ilegal, con énfasis en el Golfo de California y el Golfo de México.

Ambas partes acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX para mejorar la capacitación en emergencias. La Semar implementará el sistema SAROPS 4.5, desarrollado con la Guardia Costera estadounidense, que optimiza recursos y reduce tiempos de localización de personas o embarcaciones. El plan integral incluye protección portuaria, ciberseguridad e interoperabilidad académica.

Rescate de fauna silvestre

Tras reportes ciudadanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió a seis animales silvestres en Baja California Sur. Los ejemplares fueron hallados lesionados, desorientados o fuera de su hábitat natural.

La autoridad ambiental, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, informó que las acciones ocurrieron entre el 7 de mayo y el 2 de junio. Las especies rescatadas incluyen polluelos de águila pescadora, un búho cornudo y un venado bura.

En la comunidad de Puerto Adolfo López Mateos, en Comondú, tres polluelos de águila pescadora fueron atendidos. Dos tenían aparente incapacidad de volar y otro cayó de un nido. Todos recibieron atención médica.

Una serpiente de cascabel de diamante rojo fue hallada en una construcción en Los Cabos. Sin lesiones, fue liberada en un sitio alejado de asentamientos humanos.

Un búho cornudo, atacado por perros domésticos en Los Cabos, presentaba dificultad para volar. Recibió atención veterinaria especializada y después fue liberado en un lugar adecuado para su supervivencia.

Una hembra adulta de venado bura fue atropellada en una carretera cerca del Rancho La Fortuna, en Los Cabos. Sufrió laceraciones, golpes severos y una fractura expuesta en una extremidad. Falleció durante el traslado para recibir atención especializada.

En todos los casos, Profepa realizó valoración, resguardo temporal y liberación o canalización a atención especializada según las condiciones de cada animal.

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina Armada y la Fiscalía General de la República aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina en Baja California. El operativo formó parte de acciones para debilitar estructuras del crimen organizado en la entidad.

Detenciones clave para el operativo

El Gabinete de Seguridad informó que el aseguramiento se derivó de la detención de dos personas, a quienes se les incautaron 68 kilos de cristal. Con esa información, los agentes federales realizaron investigaciones que llevaron al decomiso de los 150 kilos adicionales.

Impacto económico y social

La droga asegurada equivale a 3 millones 750 mil dosis que no llegarán a las calles. Además, representa una afectación económica de cerca de 38 millones de pesos para las organizaciones delictivas. La sustancia fue puesta a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación del caso.