Una Ruptura Diplomática Anunciada

El Gobierno de la República del Perú anunció formalmente este lunes la ruptura definitiva de sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos. Esta decisión de Estado, de carácter irrevocable, se fundamenta en un acto calificado por las autoridades peruanas como de injerencia inadmisible en los asuntos internos del país: la concesión de asilo diplomático por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. La exfuncionaria se encuentra actualmente imputada por la Fiscalía peruana como presunta coautora del delito de rebelión, un cargo que conlleva una solicitud de pena privativa de libertad de hasta 25 años.

Antecedentes y Fundamentos Jurídicos de la Decisión

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado oficial en el que detalla que este “acto inamistoso” se enmarca dentro de una serie de acciones de injerencia inaceptables por parte de México hacia la soberanía peruana. La cancillería especificó que la embajada mexicana en Lima notificó la concesión de asilo a la señora Chávez Chino, quien, según confirmó el canciller Hugo de Zela, se encuentra bajo protección en la residencia de la misión diplomática mexicana en Perú. Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de tensiones bilaterales que se han venido gestando desde diciembre de 2022, tras el intento del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e intervenir las instituciones constitucionales, evento que el gobierno peruano denomina un “fallido intento de golpe de Estado”.

La posición mexicana, según el análisis del gobierno peruano, ha sido inalterable y de abierto respaldo a Castillo, a quien la presidenta Sheinbaum ha referido como víctima de un “golpe de Estado”. Esta postura, mantenida a lo largo de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Sheinbaum, es considerada en Lima como una violación manifiesta del principio de no intervención, un pilar del derecho internacional público que rige la convivencia entre estados soberanos. Las autoridades peruanas sostienen que, de manera reiterada, exigieron a su homólogo mexicano el respeto a su soberanía nacional, sin obtener una rectificación en la conducta.

Consecuencias y Alcance de la Medida

El canciller De Zela precisó que esta ruptura afecta directamente los vínculos bilaterales en su nivel político y diplomático, lo que inevitablemente complicará la cooperación a nivel regional y multilateral en foros internacionales. No obstante, en un matiz crucial para la protección de los ciudadanos de ambas naciones, aclaró que se mantendrán intactas las relaciones consulares. Esta distinción es fundamental, ya que permite continuar con los servicios de protección y asistencia a los nacionales peruanos en México y mexicanos en Perú, evitando así una crisis humanitaria o de desamparo legal para los ciudadanos comunes.

El caso de Betssy Chávez añade una capa de complejidad jurídica. A pesar de que un fallo del Tribunal Constitucional del Perú declaró nula una prolongación irregular de su prisión preventiva, dejándola en libertad con restricciones, el proceso penal por el delito de rebelión sigue su curso. El Ministerio Público mantiene vigente la evaluación del riesgo de fuga como un elemento central para eventuales solicitudes de medidas coercitivas más estrictas. Previamente, la Fiscalía había solicitado al Poder Judicial que, como parte de las reglas de conducta impuestas a Chávez, se le prohibiera acudir a embajadas o mantener reuniones con diplomáticos extranjeros durante la sustanciación del proceso en su contra, una solicitud que el actual escenario vuelve particularmente relevante.

Este episodio diplomático no puede desvincularse del contexto político peruano inmediato. La decisión fue tomada por el gobierno del presidente interino, José Jerí, quien accedió al poder el 10 de octubre luego de que el Congreso, bajo su propia presidencia, destituyera a Dina Boluarte alegando incapacidad moral permanente. La concesión de asilo a figuras cercanas a Castillo—cuya esposa e hijos ya se encuentran asilados en México—consolida una narrativa de profunda división política y ideológica que trasciende las fronteras nacionales, reconfigurando los alineamientos geopolíticos en la región.

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