El manual de la unidad (con factura)

Arturo Ávila, el vocero de Morena en San Lázaro, acaba de convertirse en el repartidor oficial de la Cuarta Transformación. Su mercancía: 253 ejemplares del libro “Grandeza” de Andrés Manuel López Obrador. El precio de la cohesión partidista: casi 100 mil pesos.

Desde el lunes, personal del Congreso ha estado haciendo entregas a domicilio. Cada libro viene con una tarjetita donde Ávila agradece a sus colegas por “caminar juntos y servir con convicción”. Qué bonito. Lo que no dice la tarjeta es quién pagó realmente esta campaña de fidelización literaria.

“El obsequio busca recordar la labor conjunta del grupo parlamentario y la importancia de sostener la esperanza en el proyecto político del partido”

La memoria selectiva de Morena

Lo curioso es que esto ya pasó. En diciembre, el senador Adán Augusto López hizo exactamente lo mismo: repartió miles de ejemplares entre sus compañeros. En ese momento juró que usó recursos propios y que negoció un descuento con la editorial.

Ahora toca el turno a los diputados. Y las preguntas son las mismas: ¿100 mil pesos salieron del bolsillo de Ávila o hay fondos públicos involucrados? Cada libro cuesta entre 329 y 448 pesos según la edición, aunque algunos senadores han pagado hasta más.

La oposición ya está tomando nota. Mientras Morena celebra su unidad con libros de lujo, fuera del Congreso la gente se pregunta si este es el mejor uso del dinero… sea público o privado.

Ávila defiende su gesto como “simbólico”. Claro que lo es. Simboliza que en este país hay prioridades muy particulares cuando se trata de gastar casi cien mil pesos. La esperanza, al parecer, tiene precio de catálogo.

El telón se levanta sobre una escena oscura en Juárez

La organización Artículo 19 acaba de lanzar un grito de alarma que debería estremecernos a todos. Denuncian un hostigamiento y abuso de poder contra los periodistas Teresa de Jesús Rodríguez Palomo y Miguel Óscar Pérez Hernández, del periódico La Última Palabra, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Lo más grave: señalan el uso de corporaciones de seguridad para intimidar el ejercicio periodístico. No es un error, es una táctica. Cuando el poder usa sus herramientas para silenciar, la democracia empieza a sangrar.

Un guion que ya conocemos, con actores que deben responder

En un comunicado urgente, la organización defensora de la libertad de expresión hizo dos movimientos clave. Primero, exhortó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a dar seguimiento puntual a las denuncias presentadas por los comunicadores desde hace más de un mes. Segundo, pidió sanciones contundentes contra los responsables.

“Exhortamos a dar seguimiento puntual a las denuncias y solicitamos sanciones contra los responsables”

Pero no se quedaron ahí. La petición se amplió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: medidas de protección urgentes, ya. Porque cuando las amenazas son reales, los discursos no bastan.

Mi padre me decía que la política afecta la vida diaria. Hoy, en Juárez, afecta el derecho fundamental a informar y ser informados. El silencio nunca es gratis; su precio lo pagamos todos.

El reloj empieza a correr para la ASF

Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en San Lázaro, soltó las fechas. Según él, la convocatoria para elegir al nuevo jefe de la Auditoría Superior de la Federación podría lanzarse entre el 17 y 18 de febrero. La meta es tener a alguien en el puesto durante marzo.

¿Por qué la prisa? Porque este cambio es una de las tareas urgentes del Congreso, junto con el lío de los consejeros del INE. Monreal insiste en que solo quieren cumplir con los plazos que marca la ley. Suena razonable, ¿verdad?

Aquí está el detalle jugoso: David Colmenares, el auditor actual desde 2018, podría quedarse en el cargo. Monreal lo dejó claro: “podría ser ratificado o reelegido”. Pero rápido aclaró que la última palabra la tendrá una evaluación y el voto del pleno.

“La decisión final dependerá del proceso de evaluación y de lo que determine el pleno de la Cámara de Diputados”

Una vez que salga la convocatoria, empezará el baile. Revisión de perfiles, procedimientos y finalmente una votación entre febrero y marzo para decidir quién se sienta en esa silla los próximos años.

Y por si alguien lo olvidaba, Monrecordó el artículo 79 constitucional: designar al auditor federal es potestad exclusiva de los diputados. Es un cargo para ocho años y solo se puede renovar una vez. La convocatoria debe salir de la Comisión de Vigilancia de la propia ASF.

Así que ya saben. El proceso está en marcha. Veremos si es un relevo o más bien una reafirmación.