La controversia jurídica y diplomática en torno a Julio César Chávez Jr.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha expresado su descontento hacia el Gobierno de Estados Unidos por permitir que el exboxeador Julio César Chávez Jr. residiera en su territorio, a pesar de contar con una orden de aprehensión vigente en México por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero destacó que las autoridades estadounidenses estaban al tanto de la situación legal del pugilista desde 2023, año en que se emitió la orden.

Antecedentes y acciones legales

Chávez Jr., detenido recientemente en California con fines de extradición, enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Su defensa, liderada por el abogado Michael Goldstein, ha interpuesto al menos seis recursos de amparo para evitar su detención al regresar a México. Según Gertz Manero, estos intentos han sido rechazados porque las autoridades mexicanas aún no tienen custodia sobre el acusado, aunque la decisión final recae en un juez.

El caso se remonta a una investigación judicializada en 2023, donde se implicó a 13 individuos, incluidos Ovidio Guzmán (“El Ratón”) y Néstor Ernesto Pérez Salas (“El Nini”), por delitos como tráfico de drogas, armas y personas. Chávez Jr. figuraba entre los buscados, pero logró ingresar a EE.UU. con una visa válida, estableciéndose e incluso contrajendo matrimonio en ese país. “Actuaba con total libertad”, subrayó el Fiscal.

Críticas a la cooperación bilateral

Gertz Manero reprochó la falta de colaboración de las autoridades estadounidenses, quienes, pese a conocer la orden de aprehensión, no actuaron hasta su reciente detención. “Ellos sabían perfectamente [la situación], pero lo protegieron bajo sus leyes”, afirmó. Además, mencionó que el propio padre del boxeador, Julio César Chávez, confirmó la residencia de su hijo en EE.UU., lo que agrega un matiz familiar al conflicto.

El boxeador, cuya última pelea fue una derrota ante el influencer Jake Paul, ha sido vinculado con una célula de tráfico de armas en Nogales, Sonora, detectada en 2018 por agencias estadounidenses. Esta conexión reforzaría los cargos en su contra, aunque su defensa insiste en su inocencia y prepara argumentos para demostrar su “mejoría” legal en la corte californiana.

¿Qué sigue en el caso? El proceso de extradición podría prolongarse debido a los recursos legales presentados, mientras la FGR mantiene su exigencia de justicia. Este episodio evidencia tensiones en la cooperación internacional contra el crimen organizado.

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Un drama de acusaciones y defensas que sacude a México

En un giro digno de las más ardientes telenovelas políticas, Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano, alzó su voz como un héroe acorralado para desmentir con furia las acusaciones que lo vinculan a un escándalo de sobornos por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus. Con palabras cargadas de indignación, el exmandatario calificó las insinuaciones como “dolosas, sin sustento y tejidas con hilos de mala fe”, en una entrevista que ha dejado al país en vilo.

La batalla por la reputación

Como si el destino de su legado pendiera de un hilo, Peña Nieto declaró con énfasis que nunca tuvo la facultad de asignar contratos durante su mandato. “Yo fui Presidente, Gobernador, pero jamás me entrometí en las sombras de la administración pública para favorecer a proveedores”, exclamó, como si cada palabra fuera un golpe contra sus detractores. Su defensa, tan apasionada como un monólogo shakesperiano, insistió en que su rol se limitó a trazar grandes proyectos de infraestructura, dejando las contrataciones en manos de “las áreas responsables”.

El origen de este torbellino mediático se remonta a un litigio entre empresarios israelíes, dueños de la empresa que comercializó Pegasus, donde se menciona una supuesta “inversión” —eufemismo que esconde el veneno de la corrupción— dirigida al exmandatario. Peña Nieto, con la solemnidad de un juez ante el tribunal de la opinión pública, acusó a los medios mexicanos de tergiversar la nota original israelí y tejer una red de “insinuaciones falsas” para manchar su nombre.

El drama escaló cuando reveló que los medios tardaron horas en publicar su desmentido, como si el reloj conspirara en su contra. “¿En interés de quiénes se difunden estas mentiras?”, cuestionó en redes sociales, dejando caer la sombra de una conspiración que podría rivalizar con los thrillers políticos más oscuros.

La sombra de Pegasus

El sistema de espionaje, capaz de infiltrarse en dispositivos como un fantasma digital, ya había sembrado controversia en su sexenio. Pero ahora, la acusación de un soborno de 25 millones de dólares lo coloca en el centro de un huracán. “Totalmente falsa”, rugió Peña Nieto, tachando la nota de “carecer de rigor periodístico”. Su mensaje, lanzado como un desafío desde las redes, resonó como el grito de un hombre dispuesto a luchar hasta el último aliento por su honor.

Mientras México se pregunta qué hay detrás de este nuevo capítulo de acusaciones, una cosa es clara: el exmandatario no se rendirá sin librar una batalla épica por su reputación. ¿Será esta la última palabra, o el telón se alza para revelar más giros inesperados?

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Un escándalo que sacude los cimientos del poder

En un giro digno de las más oscuras intrigas políticas, Enrique Peña Nieto, el ex Presidente de México, se alza como un titán acorralado, negando con vehemencia haber recibido 25 millones de dólares en sobornos durante su mandato. ¿La razón? La adquisición del infame sistema de espionaje Pegasus, una herramienta capaz de desentrañar los secretos más íntimos de cualquier ciudadano con solo un clic.

El pacto con el demonio digital

Bajo el manto de la seguridad nacional, la Administración del ex Mandatario priista desembolsó la astronómica suma de 32 millones de dólares a la enigmática empresa israelí Balam Seguridad Privada. Este software, diseñado para infiltrarse en teléfonos inteligentes, no solo escuchaba conversaciones, sino que robaba textos, imágenes y hasta contactos, tejiendo una red de vigilancia digna de un thriller de espionaje.

Pero el destino, siempre caprichoso, decidió revelar sus cartas. El diario israelí The Marker destapó una batalla legal entre dos magnates: Avishai Neriah y Uri Ansbacher, dueños del Grupo KBH, proveedor de Pegasus. ¿La razón? Una disputa por una supuesta “inversión” —un eufemismo para soborno— que habría llegado a las manos del ex Presidente. ¡El escándalo estaba servido!

La negativa que resuena en las sombras

Con la elegancia de un felino herido, Peña Nieto salió al quite en redes sociales, lanzando un mensaje cargado de indignación: “Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente”. Su voz, temblorosa de rabia, tachó las acusaciones de “totalmente falsas” y cuestionó los intereses ocultos detrás de la publicación. ¿Quién mueve los hilos en este juego de poder?

Pero la justicia, como un ave fénix, comenzó a extender sus alas. La organización Artículo 19, defensora incansable de los derechos digitales, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue sin piedad este caso. Marta Tudón, oficial de Derechos Digitales, declaró con firmeza: “Vamos a seguir exigiendo que se investigue y sancione a todos los responsables, incluyendo a personajes como el ex Presidente”. El mensaje era claro: nadie, ni siquiera los poderosos, está por encima de la ley.

Mientras el país contuvo el aliento, una pregunta flotó en el aire: ¿Será este el principio del fin de una era marcada por la opacidad? Solo el tiempo lo dirá…

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