Un Hito en la Gobernanza Oceánica Global
En un movimiento de trascendental importancia para la gobernanza ambiental internacional, la ratificación por parte de México y otras cinco naciones ante la Organización de las Naciones Unidas ha activado formalmente la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar. Este instrumento jurídico, cuyo nombre técnico es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ), representa el primer marco jurídicamente vinculante diseñado específicamente para proteger la vida marina en las áreas marítimas internacionales. Estas zonas, que constituyen casi dos tercios de la superficie oceánica global, han permanecido históricamente en un vacío regulatorio que ha dificultado su conservación efectiva.
La adopción inicial de este pacto internacional se concretó en junio de 2023, culminando un extenso proceso de negociación que se extendió por casi dos décadas. Este prolongado período de deliberaciones refleja la intrincada complejidad de conciliar los intereses nacionales, las demandas económicas y las imperiosas necesidades de conservación en un espacio que es patrimonio común de la humanidad. El Acuerdo se abrió a la firma de los estados miembros el 20 de septiembre de 2023, iniciando la crucial fase de ratificaciones nacionales necesaria para su activación.
El Umbral Crítico y el Papel de América Latina
El impulso definitivo para la activación del tratado ocurrió entre el 16 y el 22 de septiembre, cuando Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Marruecos, Kirguistán y México depositaron sus instrumentos de ratificación. Este acto colectivo permitió superar el requisito mínimo establecido de 60 ratificaciones, desencadenando el mecanismo que llevará a la plena implementación del acuerdo el 17 de enero de 2026. Este intervalo temporal es esencial para que los países signatarios desarrollen las capacidades institucionales y los marcos legales internos necesarios para aplicar las disposiciones del tratado de manera efectiva.
La relevancia estratégica de este instrumento para América Latina es particularmente significativa. María José González Bernat, directora del Programa de Océanos de la Asociación Latinoamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enfatizó este punto: “Latinoamérica alberga una de las mayores reservas de biodiversidad marina del planeta y cuenta con extensas zonas económicas exclusivas que se conectan directamente con la alta mar. Además, sus sociedades dependen del océano para la seguridad alimentaria, la economía costera y la resiliencia climática, por lo que la voz de la región es indispensable”. Esta perspectiva subraya la interconexión ecológica y socioeconómica entre las aguas bajo jurisdicción nacional y las aguas internacionales, donde los procesos biológicos no reconocen fronteras políticas.
Mecanismos Clave de Protección y la Postura de México
El Tratado de Alta Mar establece dos mecanismos fundamentales para cumplir sus objetivos de conservación. En primer lugar, prevé la creación y gestión adecuada de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar. Estas zonas actuarán como santuarios críticos para la preservación de ecosistemas únicos y vulnerables. Entre las AMP propuestas se encuentran corredores biológicos de importancia global como las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca (en Chile), la elevación submarina de Lord Howe, el Mar de Tasmania meridional, el Mar de los Sargazos y el domo térmico del océano Pacífico oriental, un área de surgencia de nutrientes vital para Centroamérica.
En segundo término, el acuerdo instituye la obligatoriedad de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental rigurosas para cualquier actividad nueva que se pretenda desarrollar en alta mar. Estas evaluaciones deben considerar no solo los impactos directos, sino también los impactos acumulativos y sinérgicos de múltiples actividades sobre un mismo ecosistema, un enfoque precautorio esencial para una gestión integral. Este mecanismo es crucial para actividades emergentes, como la minería en fondos marinos o la bio-prospección genética, cuyos efectos a largo plazo aún no son completamente comprendidos por la ciencia.
Al depositar su ratificación, México adjuntó una declaración interpretativa que establece una excepción específica. El gobierno mexicano planteó que “la aplicación de las disposiciones de este Acuerdo no se extiende a las actividades relativas a los recursos genéticos marinos y a la información digital sobre secuencias de recursos genéticos marinos de zonas fuera de la jurisdicción nacional, recolectada o generada antes de la entrada en vigor” para el país. Esta salvedad, común en el derecho internacional, busca proteger inversiones e investigaciones previas, pero también refleja los complejos debates sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, uno de los puntos más controvertidos durante las negociaciones.
La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ marca un punto de inflexión en los esfuerzos globales por revertir la degradación de los océanos. Su éxito dependerá de la voluntad política continua de los estados partes, la asignación de recursos financieros adecuados y la colaboración científica internacional. Este tratado no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un proceso arduo de implementación que demandará compromiso y cooperación a una escala sin precedentes para asegurar la salud del océano global, del cual depende el futuro del planeta.
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