México presiona a EU por muerte de migrante a manos del ICE

Alianza estratégica por los derechos laborales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmaron un convenio de colaboración que actualiza su intercambio de información y servicios. El objetivo: responder a las necesidades operativas, tecnológicas y normativas actuales de ambas dependencias.

El acuerdo fue suscrito por Wendolyne Retana Alarcón, directora general de Fonacot, y Luisa Obrador Garrido Cuesta, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, con posibilidad de extenderse dos años más.

La relación entre ambas instituciones data de 2007. Desde entonces han mantenido un flujo constante de datos para facilitar trámites y garantizar mejores condiciones crediticias y de seguridad social para las personas trabajadoras.

Con esta actualización, se busca agilizar procesos, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores formales del país.

El proyecto Energía Costa Azul, en Ensenada, Baja California, concretó el primer cargamento de gas natural licuado (GNL) desde la costa del Pacífico mexicano. La empresa Sempra Infrastructure confirmó que el envío forma parte de las pruebas previas al inicio de operaciones comerciales.

Contexto internacional

Este movimiento ocurre en un contexto de alta demanda por seguridad energética. Las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de GNL, han acelerado la búsqueda de nuevas rutas de suministro.

Ventaja estratégica

Sempra Infrastructure señaló que la fase 1 del proyecto conectará el gas de Norteamérica con mercados asiáticos, aprovechando la ubicación estratégica de la costa del Pacífico mexicano. El investigador Adrián Duhalt destacó que la cercanía con las cuencas productoras de gas de Estados Unidos representa una ventaja competitiva para México.

El gobierno de México endurece su postura ante Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó a la Fiscalía General de la República a presentar denuncias penales contra los responsables de la muerte de mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, promoverá acciones civiles contra empresas que administran centros de detención.

Las acciones legales de México

El canciller Roberto Velasco explicó que las denuncias se dirigirán ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo es que se realicen investigaciones penales por los fallecimientos que México considera aún no esclarecidos. Esta decisión marca un giro en la estrategia mexicana, que antes privilegiaba las gestiones diplomáticas.

La administración de Claudia Sheinbaum había enviado 11 cartas de protesta diplomática. En ellas solicitaba investigaciones sobre 17 mexicanos fallecidos: 14 en centros de detención migratoria y tres durante operativos de captura. Sin obtener respuestas consideradas satisfactorias, México elevó el reclamo a instancias judiciales.

Uno de los casos emblemáticos es el de Lorenzo Salgado Araujo. Falleció tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo en Houston, Texas. Las autoridades estadounidenses señalaron que el hombre intentó embestir a los agentes con su vehículo. Su familia y el gobierno mexicano cuestionaron esa versión y pidieron una investigación independiente.

México también demandará a empresas privadas que operan centros de detención migratoria. Señala presuntas irregularidades en condiciones de alojamiento y atención médica. El centro de Adelanto, California, es uno de los principales señalados. Allí han fallecido varios mexicanos y se han presentado denuncias por deficiencias en servicios básicos.

Paralelamente, la SRE solicitará intervención de organismos internacionales. Recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigiendo mejores condiciones y garantías para los migrantes.