No es un ‘glow-up’, es un cambio de estrategia

Parece que el consejo de vida que necesitábamos era dejar de tratar la seguridad nacional como un episodio de Narcos y más como un proyecto de comunidad. Tras destacar que en sus primeros trece meses en el cargo su gobierno ha detenido a 37 mil generadores de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo soltó el dato que todos esperábamos: una reducción del 37 por ciento en el delito de homicidio doloso durante el mismo periodo. Básicamente, el glow-up de la seguridad pública que no sabíamos que necesitábamos.

Al encabezar el informe de seguridad, no se mordió la lengua y recordó esos años incómodos que preferimos olvidar, como el drástico incremento del 148 por ciento en homicidios dolosos durante el sexenio 2006-2012. Sí, leyeron bien. Y por si alguien pensaba que fue un mal sueño, en el periodo 2012-2018 la cosa subió otro 42 por ciento. La primera mandataria fue clara: durante esos doce años la famosa guerra contra el narco no dio los resultados prometidos, dejó un reguero de víctimas, abandonó a la juventud y hasta mandó a un secretario de Seguridad a una cárcel en Estados Unidos por jugar para el equipo contrario. Un plot twist que nadie se vio venir.

De la guerra a la construcción de paz

Entonces, ¿qué cambió? Sheinbaum lo resumió con la contundencia de quien cierra un hilo en Twitter: “Sí. Es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra; es muy distinto.” O sea, pasamos de la era del ‘fuego y furia’ a la del ‘paz y amor’, pero con estructura. Ahora las Fuerzas Armadas tienen un marco legal de actuación, se creó la Guardia Nacional y existen diversas acciones para atacar las causas de la violencia como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye inteligencia e investigación para asegurar detenciones. No es solo ‘echarle ganas’, es tener un plan.

Pero, ojo, no todo es un campo de girasoles. La mandataria fue honesta: “¿Falta? Sí falta. ¿Nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan? A todo México le duele, pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos.” Y aquí sacó su tarjeta de historia, recordándonos que durante la última intervención estadounidense, nuestro país perdió la mitad del territorio. Su postura fue clara: “Se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie; somos un país soberano, independiente.” Mic drop.

Los datos consolidados de las fiscalías estatales pintan un panorama alentador: México continúa en una reducción sostenida de homicidio doloso. Al inicio de la administración, el promedio diario era de 86.9; el pasado octubre cerró con 54.5. Traducción: hoy se cometen 32 de estos delitos menos cada día. Esta tendencia a la baja se mantiene en delitos de alto impacto, que alcanzan el puntaje más bajo en los últimos ocho años, con reducciones del 54 por ciento en robo a transportista y del 49 por ciento en robo de vehículo.

Resultados que se sienten (y no solo en los gráficos)

Desde que se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio pasado, este delito registra tres meses consecutivos a la baja con una reducción del 14 por ciento. Las autoridades han prevenido más de 60 mil extorsiones gracias a la denuncia anónima que reciben en el 089. Porque a veces, el anonimato es el mejor aliado.

En otros números que impresionan, en estos 13 meses de gobierno, la administración federal ha asegurado 300 toneladas de droga (sí, leyeron bien, toneladas) y más de 18 mil armas de fuego. Las Fuerzas Armadas desmantelaron mil 614 laboratorios para producción de metanfetaminas, lo que equivale a millones de dosis que no llegaron a las calles. En las últimas semanas, se realizaron aseguramientos y detenciones de importantes generadores de violencia en estados como Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Tabasco, Chihuahua y Guanajuato.

Uno de los capítulos más interesantes de esta transformación sucede tras los muros. El Gabinete de Seguridad detectó que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar. Con acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión, ya se bloqueó el 33 por ciento de estas líneas. La meta es tener bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México para el primer trimestre de 2026. Hasta ahora, se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios, donde se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas.

La historia no termina ahí. Tras el homicidio del líder de citricultores Bernardo Bravo Manríquez, la Sedena encabezó un operativo en Apatzingán que resultó en la detención de uno de los responsables, identificado con el cobro de cuotas y extorsión a productores. Mientras tanto, en el frente de la prevención, el gobierno federal ha brindado 4.4 millones de atenciones a 2.8 millones de personas a través de talleres contra las adicciones, jornadas de paz, ferias de trámites y competencias deportivas. Porque a veces, la mejor estrategia de seguridad es dar alternativas.

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Estrategia Nacional para la Certificación Hídrica en el Sector Agroalimentario

El Gobierno de México ha iniciado una estrategia integral de regularización para los títulos de concesión de agua, una medida diseñada para otorgar certeza jurídica a una amplia base de pequeños y medianos productores agrícolas. Esta iniciativa se materializa con el despliegue de más de un centenar de módulos de atención distribuidos en todo el territorio nacional. La operación está bajo la coordinación conjunta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismos que buscan simplificar procesos administrativos históricamente complejos.

De acuerdo con el subdirector general de Administración del Agua de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, estos puntos de contacto permitirán a los usuarios con pozos o concesiones vencidas actualizar su situación legal de manera expedita. Este procedimiento no solo resuelve una deuda administrativa, sino que funciona como un pasaporte fundamental para acceder a diversos programas federales de apoyo al sector rural, los cuales requieren documentación hídrica en regla como requisito indispensable.

Vinculación con Programas de Apoyo y Marco Legal

Jesús Vázquez Lizárraga, coordinador general de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria de la Sader, precisó que estos módulos estarán estrechamente vinculados al proceso de inscripción y reinscripción del Programa Especial de Energía para el Campo 2026. Esta sinergia es crucial, ya que el programa otorga tarifas eléctricas preferenciales para actividades de riego, un incentivo económico vital para la viabilidad de las unidades de producción.

Estas acciones se enmarcan en el Decreto de Facilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual establece un periodo de gracia de seis meses para que los usuarios puedan actualizar o regularizar los títulos de concesión que hayan vencido en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025. El alcance del decreto es significativo, ya que aplica para usuarios de los sectores agrícola, pecuario y acuícola con volúmenes de concesión de hasta 500,000 metros cúbicos anuales, así como para gobiernos estatales y municipales que gestionan agua para uso público urbano.

Los datos recabados por Conagua revelan que la mayoría de los usuarios agrícolas, en especial los pequeños productores, enfrentan obstáculos multifacéticos para la renovación de sus permisos. Entre estos desafíos destacan la intrincada burocracia, la carencia de asesoría técnica especializada y las limitaciones de conectividad digital en zonas rurales, lo que genera una brecha de cumplimiento normativo.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Mauricio Rodríguez Alonso advirtió que este rezago administrativo ha derivado en un patrón de uso irregular del recurso hídrico, complicando de manera sustancial la planeación y gestión integrada del agua en regiones que ya experimentan un estrés hídrico severo, como las zonas del Bajío, el norte y el centro del país. La regularización se presenta, por tanto, no solo como una acción administrativa, sino como una herramienta de política pública esencial para la seguridad hídrica nacional y la sostenibilidad de la producción de alimentos.

Los interesados en realizar este trámite pueden acudir a los módulos instalados en las 32 entidades federativas o utilizar la Ventanilla Digital disponible en el sitio web oficial: ventanilladigital.conagua.gob.mx.

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