Un giro inesperado en la batalla del magisterio

La noche del jueves, en una asamblea que resonó como un trueno en el corazón de la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó una decisión que marcaría el destino de su lucha. Entre murmullos de resistencia y puños alzados, el magisterio disidente anunció su regreso a las aulas el próximo lunes, pero con una advertencia que heló la sangre de los poderosos: “No daremos tregua”.

La amenaza que retumba en los pasillos del poder

Filiberto Frausto Orozco, secretario de la Sección 34 de Zacatecas, alzó la voz como un profeta de la resistencia. “Esta lucha no termina aquí”, declaró con una firmeza que estremeció a los presentes. Aunque el plantón en el Zócalo capitalino —ese campo de batalla donde las pancartas flamearon como banderas de guerra— se levantaría, las demandas seguirían vivas, latentes como un volcán a punto de erupcionar.

La CNTE no se doblegaría. No mientras la Ley del ISSSTE de 2007 siguiera siendo un fantasma que acechaba a los maestros. “Donde Sheinbaum pise, allí estaremos”, advirtieron, como si cada acto público de la presidenta se convirtiera en un escenario para su batalla. Era una promesa, un juramento sellado con la tinta de la indignación.

Pero no todo era fuerza inquebrantable. Entre líneas, se colaba un susurro de cansancio. Algunas secciones, agotadas por semanas de movilizaciones, comenzaban a flaquear. “Valoraremos cada paso”, admitió Frausto Orozco, como un general que sabe que sus tropas necesitan respirar antes de la próxima embestida.

El futuro: ¿tregua o tormenta?

El sábado sería crucial. Una nueva reunión definiría si la CNTE optaba por una “acumulación de fuerzas” o si, por el contrario, redoblaría la presión con tácticas más audaces. Una cosa era clara: nada los detendría hasta ver caer la ley que consideraban una afrenta a sus derechos.

Mientras tanto, el mensaje a Claudia Sheinbaum resonaba como un eco en los pasillos del poder: “No habrá paz sin justicia”. Cada evento, cada discurso, cada aparición pública de la mandataria sería ahora un campo minado, listo para estallar con la presencia de los maestros.

El escenario estaba listo. Las piezas, en movimiento. Y el país, conteniendo el aliento para ver qué pasaría cuando el lunes amaneciera…

¿Qué sigue en este pulso entre el magisterio y el gobierno? Comparte este artículo y descubre más sobre los conflictos que están moldeando el futuro de la educación en México. #CNTE #LuchaMagisterial

El Pueblo Mágico que prefirió el lado oscuro

Ah, Tacámbaro. Ese pintoresco rincón de Michoacán que presume su título de Pueblo Mágico mientras escribe su propia telenovela narco con más giros que un capítulo de La Reina del Sur. El asesinato del alcalde morenista Salvador Bastida García no es un spoiler: es el último capítulo de una saga donde el crimen organizado, la política y la corrupción se dan la mano como viejos compadres.

De “Chavo Bastida” a protagonista de un thriller político

Salvador Bastida, alias “Chavo Bastida” (sí, como el personaje, pero con menos inocencia y más maña), pasó de ser edil priista (2008-2011) a alcalde morenista en 2024. Cambió de camiseta política como quien cambia de app favorita, pero su historial de control caciquil y presuntos vínculos con el CJNG lo persiguieron como un mal tuit viral. La Fiscalía General de la República (FGR) ya lo tenía en la mira por reuniones con narcos que, digamos, no eran precisamente para tomar café.

Y aquí el plot twist: su tesorero, Raudel Campos Murillo, fue extraditado a EE.UU. por tráfico de mujeres y menores. ¿El cargo? Operar una red de prostitución en la Costa Este. Pero como en México las segundas oportunidades son más comunes que los memes de AMLO, Campos volvió y se coló en la campaña de Bastida. ¿Coincidencia? El universo narrativo dice que no.

El CJNG, aguacates y un ayuntamiento en modo supervivencia

En Tacámbaro, el CJNG no solo cobra piso a productores de aguacate (porque hasta el guacamole tiene su mafia), sino que también apretó al ayuntamiento. Desde 2019, cuando entraron a la región para pelearse el territorio con Los Viagras y los Templarios, el pueblo se convirtió en un Far West con aguacates incluidos. La violencia escaló tanto que hasta la familia del exalcalde morenista Artemio Moriya se vio enredada:

• Su hija, Yeishi Moriya, fue arrestada en Texas con 248 mil dólares y dos armas escondidas en su Jetta (porque qué mejor que viajar ligera, ¿no?).
• Su sobrino, “El Japonés”, murió en una emboscada estilo Narcos en plena calle.

Y mientras, los vecinos se preguntan si el título de “El Balcón de Tierra Caliente” no debería cambiarse por “El Balcón del Crimen”.

Moraleja: cuando la política y el narco son roomies

Este cóctel de narcopolítica, impunidad y violencia no es exclusivo de Tacámbaro, pero aquí tiene sabor a tragedia griega con toques de Breaking Bad. Mientras el CJNG expande su negocio (aguacates, armas, personas), los funcionarios bailan entre denuncias y alianzas turbias. ¿El resultado? Un Pueblo Mágico donde la magia se parece demasiado a una maldición.

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Un llamado a la justicia con transparencia

En un caso que ha sacudido a Jalisco, la abogada Cecilia Isabel Ayala Dávalos alza la voz para exigir que la investigación por las omisiones en el rancho Izaguirre —un presunto centro de reclutamiento delictivo— comience desde las altas esferas. ¿Por qué señalar primero a los peritos forenses si fueron las autoridades superiores quienes fallaron en coordinar las acciones?

Las piezas que no encajan

Cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y ocho agentes de la Fiscalía enfrentan acusaciones por negligencia, pero la defensa revela datos contundentes: los especialistas solo tuvieron cinco horas para inspeccionar una propiedad de grandes dimensiones, actuaron bajo órdenes del Ministerio Público y entregaron un plan que nunca se ejecutó. “Trabajaron hasta donde humanamente les fue posible”, recalca Ayala Dávalos.

El foco debe estar en la vicefiscal Blanca Trujillo, responsable de coordinar la intervención en casos de personas desaparecidas. Documentos internos —como el informe “Despliegue Operativo”— confirman que las autoridades estaban al tanto de que el procesamiento del lugar no estaba concluido, pero nadie dio seguimiento. ¿Dónde quedó la diligencia debida?

Negligencia que hiere a las víctimas

El hallazgo de restos óseos y prendas en marzo de 2025 —seis meses después de que se descubriera el lugar— evidencia un fracaso institucional. Como bien señala el fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz: “Algunas pruebas se perdieron… vulnerando derechos fundamentales”. La pregunta es inevitable: ¿Hubo voluntad política para resolver este caso?

Mientras la audiencia contra los implicados se pospone, la abogada insiste: “Las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. Exigir cuentas a los peritos sin analizar el papel de sus superiores distorsiona la verdad. Este caso no solo trata de omisiones, sino de justicia selectiva.

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#JusticiaParaTodos #VerdadYTransparencia