El grito que no cesa
Amnistía Internacional acaba de soltar una bomba sobre la mesa del gobierno mexicano: ya basta de promesas vacías. En plena XIV Marcha de la Dignidad Nacional, la organización internacional exige medidas reales de protección, seguridad y justicia para las madres buscadoras y las familias de personas desaparecidas. No es un capricho, es una emergencia.
Los números hablan solos, y duelen. Hasta abril de este año, el Registro Nacional contabiliza más de 133 mil personas desaparecidas. Una cifra que crece como una herida que no cierra. Y mientras tanto, ¿quién está haciendo el trabajo que las autoridades abandonaron?
“Más del 90% de los colectivos de búsqueda están integrados por mujeres que han asumido labores ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades”, denunció Edith Olivares Ferreto.
Ellas arriesgan todo
Estas mujeres—madres, esposas, hermanas, hijas—recorren cárceles, fosas clandestinas y zonas controladas por grupos criminales. No es una metáfora. Es su realidad cotidiana. Y lo hacen bajo amenazas constantes, con un nivel de riesgo que a cualquiera le helaría la sangre.
El costo humano es brutal. Al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2011. De ellas, 21 eran mujeres. Pero el daño no termina ahí: depresión, ansiedad, pérdida de empleo, y gastos de su propio bolsillo para seguir buscando a quienes el sistema ha olvidado.
¿Qué exige la comunidad internacional?
Amnistía Internacional no se anda con rodeos: exige que el gobierno mexicano reconozca oficialmente a estas mujeres como defensoras de derechos humanos. También pide aprovechar el apoyo de la ONU y del Comité contra la Desaparición Forzada para fortalecer investigaciones, identificación forense y, sobre todo, protección real para las familias.
La pelota está en la cancha del gobierno. La pregunta es si van a seguir viendo este drama desde la tribuna o si, por fin, van a saltar a la cancha a jugar.
