El acuerdo es unánime, la realidad no
El Senado aprobó por unanimidad legislar una Ley General en materia de feminicidio. Suena bien, ¿verdad? La senadora Mely Romero Celis (PRI) ya puso los puntos sobre las íes. Dijo que este avance es apenas un primer paso. Lo de siempre: el brindis al sol legislativo antes de las elecciones.
“Aún falta construir un marco legal integral que contemple presupuesto suficiente, capacitación a servidores públicos y criterios homologados”, advirtió.
Es decir, tenemos el anuncio, pero no el plan completo. Ni el dinero para ejecutarlo.
La letra pequeña de la impunidad
Uno de los problemas gordos es la disparidad. No es lo mismo matar a una mujer en Chihuahua que en Yucatán. La tipificación del delito y las penas cambian según el estado. Eso, en la práctica, se llama impunidad con geolocalización.
La senadora fue clara: esta falta de uniformidad genera escenarios donde la sanción depende de tu código postal. Mientras, los números son un horror.
Citó datos de la ONU y la CEPAL: al menos 11 mujeres son asesinadas diariamente en América Latina. En México, siete de cada diez han sufrido algún tipo de violencia. El feminicidio aquí se caracteriza por niveles altísimos de crueldad y suele vincularse a otras tragedias, como la desaparición forzada.
La propuesta concreta de Romero Celis es que la futura ley incluya protocolos claros de prevención, atención a víctimas y, algo clave, sanciones a funcionarios que simulen investigaciones. Porque de eso hay mucho: el teatro burocrático donde se archiva una vida.
Su llamado es a una legislación sólida e integral. Lo urgente es que esta ley no sea otro papel más para el cajón. Que llegue con dientes, presupuesto y una voluntad política real que persista después del titular de prensa. Las víctimas y sus familias llevan años esperando algo más que discursos.
