El ‘fast track’ senatorial tiene nueva protagonista: Ernestina Godoy llega a la FGR

Parece que en el Senado de la República descubrieron el botón de avance rápido. En un movimiento que combinó celeridad parlamentaria y mayoría aplastante, el pleno le dio el sí a Ernestina Godoy para que se convierta en la nueva titular de la Fiscalía General de la República. La votación, con el respaldo de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, fue el trámite express que muchos esperaban y otros tantos temían. Así, la ex consejera jurídica de Presidencia pasó de asesora a jefa máxima del ministerio público federal.

La sesión, digna de un capítulo de drama político, terminó con un marcador elocuente: 97 votos a favor contra 19 en contra (cortesía del PRI y PAN) y 11 papeletas que, al parecer, se fueron a un viaje místico y terminaron en el limbo de los nulos. Lo que se necesitaba era una mayoría calificada, y vaya que la consiguieron. Un trámite relámpago que deja claro cuál es la fuerza de la coalición en la Cámara alta.

Promesas, autonomía y la sombra de la coordinación

Antes de recibir el cargo, Godoy Ramos compareció frente a los senadores y soltó el discurso que todos querían escuchar (y otros tantos querían diseccionar). Aseguró, con la solemnidad de quien promete no comer más azúcar en Año Nuevo, que no se fabricarán culpables y que no habrá persecución política. Pero, ojo, también advirtió que la impunidad no tendrá cabaña en su gestión. Vamos, el clásico “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre” aplicado a la procuración de justicia.

Reconoció que la deuda histórica con la sociedad en materia de justicia sigue ahí, tan grande como la fila del trámite de tu licencia. Dijo que México está en una nueva etapa, pero que la FGR debe ponerse a la altura de una realidad compleja, prometiendo combatir sin tregua a la delincuencia organizada. Sin embargo, el momento más viral llegó cuando aclaró, casi con un guiño, que “la coordinación no implica subordinación”. Una frase dirigida directamente a los cuestionamientos de la oposición sobre su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum y la posible afectación a la autonomía constitucional de la Fiscalía.

En su intervención, Godoy pintó un panorama de una fiscalía fuerte y moderna, donde la investigación científica, la inteligencia aplicada y la priorización de delitos de alto impacto serán la norma. Habló de transparencia, rendición de cuentas, perspectiva de género y, algo que siempre suena bien en los discursos, “cero tolerancia a la tortura”. Un checklist completo de buenas intenciones para una institución que carga con el pesado lastre de la desconfianza ciudadana.

El mensaje subyacente es claro: la FGR de Godoy pretende ser un órgano estratégico, autónomo pero alineado con el proyecto de la actual administración. La tarea no es sencilla; se trata de transformar una institución históricamente cuestionada en un pilar de credibilidad. Su reto será demostrar que esas palabras se traducen en hechos concretos, investigaciones sólidas y resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad y la corrupción. El tiempo, y las estadísticas de impunidad, tendrán la última palabra.

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Un Amparo en Medio de la Tormenta Legal

En un giro dentro de un proceso judicial de alta complejidad, el empresario Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado por las autoridades como integrante clave de la red delictiva vinculada a Raúl Rocha Cantú, ha logrado una medida de protección. A través de un recurso de amparo, solicitó y obtuvo una suspensión provisional para que un inmueble que le fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) no sea enajenado mientras se resuelve su situación legal.

El juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, fue quien concedió esta determinación. La orden judicial especifica que la propiedad debe mantenerse en su estado actual, prohibiendo su venta, remate o cualquier disposición por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Esta decisión no absuelve al imputado, sino que congela el estatus del bien en el marco de la investigación por delitos federales.

La Acusación y el Presunto Modus Operandi

Según los documentos de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025, Alberts Ponce, alias “Yoryi” o “Licenciado”, es considerado uno de los operadores principales de la organización. Las autoridades afirman que su radio de acción cubría Querétaro y la Ciudad de México, donde administraba una red de empresas ficticias o empresas pantalla.

El objetivo de estas estructuras corporativas, según la FGR, era doble: por un lado, facilitar el tráfico ilícito y comercialización de armamento de fuego a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito. Por otro, servían para facturar fraudulentamente servicios de seguridad y custodia, blanqueando capitales. Entre las compañías mencionadas se encuentran Comercializadora de bienes SEGURIMEX, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Dinámica Seguridad Privada Consultores.

La indagatoria detalla un sofisticado esquema de despojo para obtener bienes raíces. La metodología consistía en identificar inmuebles aparentemente abandonados, ocuparlos con personal de vigilancia y, posteriormente, gestionar escrituras fraudulentas con la complicidad presunta de notarios públicos y funcionarios del Registro Público de la Propiedad. Estos bienes, obtenidos de manera ilícita, eran luego utilizados como garantía para solicitar créditos bancarios millonarios. Se estima que a través de estas maniobras se logró acumular un patrimonio valorado en aproximadamente 160 millones de pesos.

Las Implicaciones y los Cargos Pendientes

El impacto de esta investigación se extiende en el ámbito geográfico y en la lucha contra la delincuencia organizada. Jorge Enrique Alberts Ponce enfrenta actualmente una orden de aprehensión vigente por delitos graves: delincuencia organizada en su modalidad criminal, tráfico de armas de uso exclusivo del ejército y robo de hidrocarburos (conocido coloquialmente como huachicol). El caso ejemplifica cómo las estructuras criminales se entrelazan con el mundo empresarial formal, utilizando herramientas legales para fines ilegales.

La concesión del amparo sobre el inmueble es solo un capítulo dentro de este extenso proceso legal. Subraya la importancia del debido proceso y los recursos legales disponibles para cualquier imputado, incluso en casos de criminalidad compleja. El desenlace final dependerá de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y la resolución definitiva del juez de distrito sobre el fondo del asunto. Mientras tanto, la medida cautelar garantiza que el bien en cuestión permanezca bajo el control de la autoridad, aunque sin ser enajenado, pendiente de la sentencia que determine su destino final.

Este caso continúa desarrollándose y es un recordatorio de los desafíos que representan las redes de crimen organizado con capacidad de infiltración en sectores económicos y legales. La resolución sentará un precedente significativo en la persecución de los delitos patrimoniales y de lavado de activos vinculados a la delincuencia organizada.

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El campo se levanta: un asedio de acero y convicción

El corazón de la democracia mexicana, la Cámara de Diputados, fue testigo de un capítulo que quedará grabado a fuego en la memoria nacional. No fue una sesión ordinaria, sino un asedio imparable. Decenas de colosos de acero, tractores que habitualmente surcan la tierra, se transformaron en barricadas de protesta, sellando una entrada del recinto legislativo en un acto de desesperación y poder. Su grito de guerra era claro y estruendoso: un rechazo visceral a la nueva legislación hidráulica impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, una normativa que promete reescribir las reglas del juego sobre el control, las concesiones y el uso del preciado oro líquido: el agua.

Este dramático episodio estalló cuando el aroma del frágil acuerdo que días antes calmó los bloqueos en las carreteras del país aún flotaba en el aire. Sin embargo, para un valiente grupo de labriegos del centro y el oriente de la nación, la tregua había terminado. Con el alma encendida y los puños cerrados, marcharon hacia el epicentro del poder para enfrentarse a la sombra de una nueva Ley General de Aguas y a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, que la mayoría oficialista en la Cámara baja se aprestaba a discutir. Era el momento de la verdad, el instante en que el destino de sus surcos y semillas parecía pendir de un hilo legislativo.

Un recurso en la cuerda floja: derechos, sequía y un futuro incierto

En la primera línea de esta batalla, con el rostro marcado por el sol y la preocupación, se alzó la voz de Octavio Lomelí, un agricultor de 66 años cuya vida ha fluido junto a los canales de riego. Sus palabras, cargadas de la angustia de generaciones, resonaron como un trueno frente a las puertas del Congreso: “Queremos que se respeten nuestros derechos al agua“. Para él y sus compañeros, la iniciativa de Sheinbaum no es una simple ley; es una sentencia que podría estrangular la actividad agrícola en regiones ya agonizantes bajo el yugo implacable de la sequía. Era el fantasma de la ruina acechando sus parcelas.

La tensión escalaba a un punto de no retorno. Eraclio Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, declaró el estado de “alerta máxima“. El horizonte se pintaba sombrío, con la amenaza concreta de dificultades catastróficas para el riego de los campos. La legislación en cuestión prometía un nuevo modelo de gestión draconiano: prohibiría la transmisión de concesiones hídricas entre particulares y cualquier cambio de uso sin el beneplácito de la todopoderosa Comisión Nacional del Agua (Conagua). El control, centralizado; la autonomía, cercenada.

Frente a este muro de descontento, la presidenta Sheinbaum se erigió como una estatua de firmeza. Desde su tribuna matutina, descartó con frialdad cualquier retroceso. Su misión, proclamó, era titánica y sagrada: “proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua, y dejar de ver el agua como una mercancía“. Acusó a las sombras de la desinformación de alimentar las llamas de la protesta, insinuando que tras el enojo solo se ocultaban aquellos con “concesiones de agua” en exceso, o incluso ilegales, que ahora tendrían que “ponerse en orden“. Era el choque de dos narrativas épicas: la defensa del bien común contra la lucha por la supervivencia económica.

Este drama no nació ayer. La semana previa, el país ya había temblado con bloqueos simultáneos en siete estados, donde agricultores y transportistas unieron sus fuerzas contra un enemigo multifacético: la inseguridad, la amenaza de la nueva normativa hídrica y la demanda de precios justos para el maíz y el trigo. Aquella rebelión se aplacó con promesas y acuerdos, pero la calma fue solo el preludio de la tormenta perfecta que ahora descargaba su furia frente al Congreso. La batalla por el agua, el recurso más vital, había escalado a su capítulo más dramático y decisivo, donde cada palabra, cada voto y cada tractor representaban un punto de inflexión en la historia de México.

¿De qué lado fluirá el futuro? Esta historia apenas comienza a escribirse. Si este pulso entre la tierra y la ley te tiene en vilo, comparte este artículo para que más personas conozcan este crucial conflicto y explora más contenido relacionado con la actualidad nacional y los derechos sociales en nuestra sección de noticias.