Cuando destruir el planeta por fin podría ser un delito grave (y no solo un mal rollo de Netflix)
Imaginen esto: un genocidio, pero en vez de contra personas, es contra un bosque, un río o todo un ecosistema. Suena a película de ciencia ficción distópica, ¿verdad? Pues resulta que en la UNAM están tan hartos de esta trama que decidieron que es hora de cambiar el guion. Gerardo Torres Salcido, el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), básicamente dijo lo que todos pensamos: el ecocidio es el primo malvado del genocidio. No solo se carga el ambiente, sino que desplaza comunidades enteras, provoca crímenes contra los defensores del medio ambiente y es el cómplice perfecto del cambio climático. Vamos, el pack completo de la destrucción.
Y es que, seamos honestos, en un mundo donde “salvar el planeta” se ha convertido en un hashtag y una camiseta, la propuesta de la UNAM de tipificar el ecocidio como un crimen internacional es como pasar del “thoughts and prayers” a la acción legal con esteroides. Esta no es una ocurrencia de un viernes por la tarde. El CIALC, nos cuenta Torres Salcido, se dedica a impulsar visiones nuevas sobre Latinoamérica, con académicos que investigan fenómenos heavy como desplazamientos, despojos y violencias contra las comunidades. Básicamente, son los Sherlock Holmes de los problemas socioambientales, pero con menos pipa y más datos contundentes.
No es ‘ecoansiedad’, es terror ambiental legítimo
Mientras tú y yo nos preocupamos por separar la basura (bien por nosotros, por cierto), la investigadora Eva Leticia Orduña Trujillo nos suelta la bomba: la afectación climática y ambiental está directamente conectada con el derecho más básico de todos, la vida. Y no lo dice en plan dramático, sino con la frialdad de quien tiene los datos. América Latina es, oh sorpresa, la región del mundo donde ser defensor ambiental es más peligroso que el nivel más difícil de un videojuego. Asesinatos y desapariciones forzadas son el pan de cada día para estos héroes sin capa, a quienes, por si fuera poco, les cae encima la maquinaria de desprestigio del Estado y las corporaciones.
Aquí es donde la cosa se pone más cínica que el final de *Black Mirror*. A estos defensores no solo los matan o los desaparecen; primero los estigmatizan. Les cuelgan el cartel de “opositores al desarrollo” o, nuestro favorito, “terroristas”. Sí, porque querer que tu comunidad no se quede sin agua potable es claramente un acto de terrorismo, según el manual de las malas prácticas. Luego viene la criminalización, donde el Estado usa su brazo más potente, el encarcelamiento, para silenciar las protestas. Es el *plot twist* más predecible y a la vez el más indignante.
Pero hablemos del elefante en la habitación: el capitalismo en su fase más depredadora. Orduña Trujillo lo ejemplifica con Centroamérica, donde los intereses económicos de unos pocos se enfrentan directamente a los de las comunidades, a la diversidad y a las tradiciones ancestrales. Spoiler alert: las comunidades siempre llevan las de perder. Y el remate de oro: “ello no sería posible sin la intervención de los agentes estatales”. Es decir, es el tándem perfecto: las empresas con su sed de ganancias y los gobiernos que les abren la puerta de par en par. Un *match made in hell*.
Frente a este panorama desolador, surge un faro de esperanza con nombre de colectivo de punk rock: Stop Ecocidio Internacional. Esta asociación no se anda con medias tintas. Su misión es clara: trabajar a nivel global y de forma colaborativa para que este desmadre ambiental sea reconocido como lo que es, un crimen internacional, y que sea incorporado en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Torres Salcido lo resume con un “me parece muy importante” que, en el lenguaje académico, equivale a un “esto es urgente y revolucionario”.
Pensémoslo por un segundo. Si el ecocidio se convierte en un crimen internacional, sería como agregar un nuevo jefe final en el videojuego de la justicia global. Implicaría que los grandes magnates y corporaciones que arrasan con la Amazonía, envenenan los ríos o fracturan el suelo con tal de extraer hasta la última gota de recursos ya no podrían actuar con impunidad. Tendrían que responder ante un tribunal internacional, al igual que los responsables de guerras y genocidios. Es darle al planeta, y a quienes lo defienden, la misma categoría legal que a la humanidad. Un concepto tan simple y a la vez tan revolucionario que duele no haberlo pensado antes.
Al final, lo que plantea la UNAM va más allá de una mera tipificación legal. Es un cambio de paradigma. Es dejar de ver la naturaleza como una propiedad o un recurso infinito para explotar, y empezar a reconocerla como un sujeto de derechos, como la base misma de nuestra existencia. En una era de *influencers* y tendencias efímeras, esta es la única tendencia que debería importarnos: la de sobrevivir como especie con un mínimo de dignidad y de bosques en pie. La propuesta está sobre la mesa. Ahora el mundo tiene que decidir si la convierte en ley o si prefiere seguir actuando como si tuviéramos un planeta B.
¿Crees que esta iniciativa puede cambiar las reglas del juego? Comparte esta información en tus redes sociales y ayuda a visibilizar la lucha para que destruir el planeta deje de ser un negocio y se convierta en un crimen. Explora más contenido sobre justicia climática y descubre cómo puedes ser parte de la solución.
