Preocupación por la viabilidad de la Fiscalía Antitortura
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ha alertado sobre el riesgo de que la futura Fiscalía Antitortura opere con los mismos recursos limitados que actualmente tiene el Ministerio Público. Según la organización, sin una asignación presupuestaria significativa, esta instancia podría reducirse a un mero cambio de nombre, sin una verdadera transformación estructural.
Denisse Montiel, codirectora del Cepad, subrayó: “Si no se incrementa el presupuesto para 2025, la Fiscalía carecerá de los medios necesarios para funcionar de manera autónoma y efectiva”. Actualmente, el proyecto cuenta con solo 2.4 millones de pesos, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas de personal, infraestructura y capacitación.
Retrasos y desafíos institucionales
Aunque el Congreso del Estado ha avanzado en la creación de la Fiscalía Especializada —con la aprobación de dictámenes en comisiones clave—, el presupuesto propuesto no refleja la magnitud del problema. Montiel explicó que, según los transitorios, las modificaciones financieras se postergarían hasta 2026, lo que retrasaría su operatividad.
Además, la situación actual es crítica: solo existen cuatro agencias dedicadas a investigar casos de tortura, con 474 carpetas de investigación en proceso. “El personal actual ya está sobrecargado, y sin recursos adicionales, la nueva Fiscalía reproducirá las mismas deficiencias”, advirtió Montiel.
Autonomía y transparencia en riesgo
Otro punto crítico es la independencia de la Fiscalía. Dado que el delito de tortura suele involucrar a agentes estatales, Montiel insistió en la necesidad de garantizar que su titular sea elegido mediante un proceso participativo y libre de injerencias. “La autonomía es clave para investigar casos sin conflictos de interés”, afirmó.
También propuso evaluar al equipo actual: “Debemos revisar si los investigadores tienen quejas previas para asegurar su imparcialidad”. Este paso es fundamental para construir credibilidad en una institución que enfrentará desafíos complejos.
Llamado a la acción
El Cepad urge a los legisladores a revisar el presupuesto y priorizar la creación de una estructura robusta, no simbólica. La sociedad civil, por su parte, debe monitorear el proceso para evitar retrocesos en la protección de los derechos humanos.
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