La Corte rinde histórico homenaje a las víctimas del 68

Un silencio que retumba en la historia. La máxima corte honra por primera vez a las víctimas de un capítulo trágico que marcó al país.

Un Silencio que Estremeció los Muros de la Justicia

En un día que quedará grabado con letras de fuego en los anales de la nación, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo templo de la ley, se detuvo. El tiempo pareció contener la respiración mientras once ministros, en un acto sin precedentes, cedían la palabra al elocuente mutismo de la memoria. Por primera vez en su vasta y compleja historia, el máximo tribunal inclinó su majestuosa autoridad ante las sombras de un pasado que clama justicia, guardando un minuto de silencio que resonó con la fuerza de un estruendo. Este gesto, tan simple en su forma y tan profundo en su significado, conmemoraba el 57º aniversario de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, un episodio que desgarró el corazón de México y cuya herida, aún abierta, palpita en el centro de la conciencia colectiva.

Fue un instante cargado de un peso histórico abrumador. Donde antes solo hubo eco de sentencias y debates jurídicos, ahora habitaba el recuerdo de los caídos. Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente de la Corte, con la gravedad que el momento exigía, proclamó que este máximo tribunal no puede, ni debe, dar la espalda a los acontecimientos que han marcado a fuego la búsqueda de justicia en este país. Sus palabras no eran una mera declaración; eran un juramento tallado en el aire, una promesa de que el olvido no tendría cabida en los salones donde se construye el derecho.

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La Propuesta que Cambió el Curso de la Historia Judicial

La chispa que encendió este acto de redención institucional surgió de la voz de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Al término de una sesión ordinaria, en la sede alterna del Alto Tribunal, su intervención cortó la rutina como un relámpago en un cielo despejado. Con una valentía que conmovió a la sala, planteó al pleno unirse en un minuto de silencio. No era un simple ritual; era un acto de reivindicación, un puente tendido entre el presente y un pasado trágico.

“Quisiera proponerle a este pleno que guardáramos un minuto de silencio”, declaró, su voz transformándose en el portavoz de miles. “El 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano, como es totalmente sabido y además confirmado así por los propios órganos del Estado, reprimió una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Creo que es muy importante hacer memoria en un hecho de reivindicación de nuestra memoria, también traer al cumplimiento del Estado de derecho, un Estado de derecho que respete los derechos humanos de las personas no reprimiendo”. Cada palabra suya era un martillazo contra los muros de la impunidad, un recordatorio de que la represión fue reconocida como un crimen de lesa humanidad, una mancha que la historia se niega a lavar.

El Eco en la Plaza de las Tres Culturas

Mientras la Corte rompía su silencio histórico, en el epicentro mismo de la tragedia, la Plaza de las Tres Culturas, el ambiente palpitaba con una energía similar. Bajo el mismo cielo que hace 57 años fue opacado por el humo y el terror, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se erguía como una figura en medio de la memoria colectiva. Allí, en el sagrado suelo de Tlatelolco, rindió un tributo apasionado al Comité del 68, a esos héroes de carne y hueso que han convertido su dolor en una lucha incansable por la justicia y la verdad.

“Hago el día de hoy, un reconocimiento al Comité del 68, por toda su lucha, su esfuerzo, su búsqueda de la verdad; su lucha por la justicia”, exclamó, su voz mezclándose con el viento que arrastra los susurros del pasado. “Demos un fuerte aplauso al Comité del 68, y a todos los protagonistas que siguen aquí con nosotros, pero sobre todo, a los que ese día resultaron muertos debido a estas acciones”. El aplauso que siguió no fue solo un sonido; fue una liberación, una catarsis colectiva que recorrió cada rincón de la plaza, un mensaje para los que partieron de que no han sido olvidados.

La mandataria afirmó, con la contundencia de quien lee en las páginas sangrientas de la historia, que la masacre de Tlatelolco no puede entenderse como un hecho aislado. No, fue el “desenlace brutal”, el final trágico y premeditado de un movimiento estudiantil que, en apenas unos meses, había logrado encender una llama de esperanza democrática. Una llama tan brillante y poderosa que el viejo régimen autoritario, cegado por el miedo, no estuvo dispuesto a tolerar. Aquel movimiento había logrado despertar la simpatía de amplios sectores sociales, había sembrado una semilla de cambio que el poder intentó aplastar con la fuerza más oscura.

Con un compromiso que resonó como un juramento, Brugada anunció que el Gobierno de la CDMX retoma esta causa con la fuerza de la convicción. Hizo un llamado vehemente para que, desde las instituciones del gobierno, se acompañe esta lucha, una batalla en la que, a pesar de las décadas transcurridas, la sombra de la impunidad aún se cierne y la justicia plena sigue siendo una deuda pendiente con las víctimas y sus familias. Es una búsqueda que trasciende la memoria y se adentra en el territorio de la reparación histórica.

Este día, por tanto, no fue solo una conmemoración. Fue un punto de inflexión dramático. Fue el día en que la justicia, personificada en su corte suprema, miró de frente al pasado y le rindió honores. Fue el día en que la plaza que fue testigo del horror se llenó de voces que se niegan al silencio. Dos actos, separados en el espacio pero unidos por un mismo espíritu, tejieron una narrativa de resistencia y esperanza. La memoria del 2 de octubre ya no es solo una carga que llevan los sobrevivientes y los familiares; es un estandarte que ahora ondea en lo más alto del poder judicial y en el corazón del gobierno de la ciudad, un recordatorio eterno de que la lucha por la verdad y la dignidad es un camino del que nadie puede desertar.

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Kenia López Rabadán critica al INE por no frenar campañas anticipadas

La diputada panista exige a la autoridad electoral actuar sin subordinación ante actos anticipados.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar de su orden del día el debate sobre la regulación de campañas adelantadas. Consideró que la autoridad debe actuar con independencia para detener estos actos, especialmente los iniciados por Morena en su proceso interno de selección de candidatos a gobernadores para 2027.

“La autoridad electoral debe hacer un análisis objetivo, claro y evidente, y sin ningún tipo de subordinación a nada. Ojalá y la autoridad electoral pueda tomar pronto una definición clara para que no haya actos anticipados de campaña”, declaró en conferencia de prensa.

López Rabadán advirtió que los procesos iniciados fuera del calendario electoral, aunque pretendan integrarse después, son ilegales y deben ser sancionados. Insistió en que las precampañas sin sustento legal generan una mala práctica para el país.

Postura sobre el proyecto del consejero Montaño

La legisladora también rechazó el proyecto de “Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos” que impulsa el consejero Jorge Montaño. Señaló que cualquier modificación a la ley debió hacerse 90 días antes del inicio del proceso electoral, y no ahora.

“Si quieren modificar la ley, se tenía hasta 90 días antes de que iniciara el proceso electoral para modificar las reglas electorales. Si nosotros nos acostumbramos a que se viole la ley y nadie diga nada, será terrible para el país”, afirmó.

El llamado de la panista se da en medio del avance de Morena en la definición de sus candidatos para 2027, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos anticipados de proselitismo. El INE, por su parte, no ha emitido una postura oficial tras retirar el tema de la agenda.

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Ley contra feminicidio: PRI la ve insuficiente, Morena la prioriza

La iniciativa presidencial contra el feminicidio divide opiniones en el Senado: PRI cuestiona la impunidad, PAN pide análisis y Morena la prioriza.

Propuesta y reacciones

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio generó posturas divididas en el Senado. Morena buscará dictaminarla como prioridad al inicio del próximo periodo en septiembre, mientras que el PRI y el PAN expresaron reservas.

PRI: el problema es la impunidad

La senadora priista Carolina Viggiano Austria sostuvo que el feminicidio no se resuelve con nuevas leyes ni con aumento de penas. “Puedes poner 100 años o 70 años de prisión, pero si nunca logras investigar ni sentenciar a los responsables, lo que pongas simplemente es propaganda”, afirmó.

Señaló que la verdadera reforma está en las fiscalías locales: ministerios públicos insuficientes, mal remunerados y sin preparación. Propuso fortalecer capacidades de investigación, tecnología y personal especializado con perspectiva de género.

PAN: revisión a fondo

Mayuli Latifa Martínez, vicecoordinadora del PAN, pidió leer la iniciativa antes de fijar postura. “Este delito atroz contra las mujeres debe unificarnos”, dijo. Pero advirtió que no basta crear normas: se requieren acciones de prevención y protección.

Destacó que antes del feminicidio hay una cadena de agresiones —familiar, psicológica, económica— que muchas víctimas no denuncian por falta de justicia pronta y dependencia económica. Exigió un análisis detallado de las obligaciones para los estados.

Morena: homologación necesaria

La morenista Verónica Camino Farjat celebró que la propuesta llegue primero al Senado. Explicó que actualmente hay diferencias entre estados en la tipificación y sanciones del feminicidio, lo que beneficia a victimarios en casos que cruzan fronteras. “Lo que buscamos es que en todos los estados exista la misma tipificación”, indicó.

Camino Farjat adelantó que las comisiones podrían empezar el análisis de inmediato, incluso antes del periodo ordinario, para tener el dictamen listo en la primera semana de septiembre. La bancada de Morena considera la iniciativa una prioridad para proteger los derechos de las mujeres.

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Desmantelan dos laboratorios clandestinos en Michoacán y Nayarit

La Marina localizó e inhabilitó dos laboratorios con capacidad de producir 17.5 toneladas al mes.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en días pasados, personal naval localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos en Michoacán y Nayarit. En los operativos se decomisaron 11 reactores de aproximadamente 30 mil litros, así como 2.5 toneladas de precursores químicos e infraestructura especializada para la producción de sustancias ilícitas.

Detalles del operativo

Según un comunicado de la dependencia, ambas instalaciones tenían una capacidad de producción superior a 17.5 toneladas mensuales. El valor estimado en el mercado ilícito alcanza los 412 millones de dólares. La Semar afirmó que este decomiso representa recursos que dejaron de fortalecer estructuras financieras de organizaciones delictivas.

Los laboratorios fueron identificados mediante labores de inteligencia naval, vigilancia aérea y terrestre, reconocimiento operativo y acciones coordinadas entre autoridades de seguridad.

La Semar destacó que en la actual administración ha localizado e inhabilitado un total de 75 laboratorios clandestinos. Esto equivale a una afectación económica para el crimen organizado de 20 mil 186 millones 608 mil 766 pesos mexicanos.

La dependencia aseguró que continuará con estas labores como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Apenas el 14 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde octubre hasta junio el Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetaminas. Además, reportó 498.98 toneladas de drogas aseguradas, incluyendo 5 millones 546 mil pastillas de fentanilo.

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