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Hermosillo exige justicia tras incendio fatal en Waldo’s

La comunidad exige responsabilidades y cambios legales tras la tragedia que conmocionó a la capital sonorense.

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Análisis de una movilización ciudadana por responsabilidad y memoria

La tarde del jueves 7 de noviembre, el centro histórico de Hermosillo fue el escenario de una significativa manifestación cívica impulsada por el duelo colectivo. Estudiantes de educación superior, parientes de las personas fallecidas y ciudadanos solidarios protagonizaron una marcha pacífica en recuerdo de las 24 víctimas mortales y los 14 individuos que sufrieron lesiones durante el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Este acto constituye una respuesta social organizada frente a una tragedia que ha dejado una profunda huella en la comunidad.

Los participantes, ataviados predominantemente de negro, portaban elementos simbólicos como flores de color blanco, velas y retratos de sus seres queridos. La procesión, cargada de una palpable mezcla de dolor, indignación y un anhelo de rectificación, recorrió las calles desde las escalinatas del Museo de la Universidad hasta el inmueble siniestrado, el cual permanece acordonado y conserva el olor a humo, sirviendo como un recordatorio físico de los hechos. Las consignas coreadas por la multitud, entre las que destacaban “Fuera Waldo’s” y “No fue accidente, fue negligente”, reflejan una hipótesis ciudadana generalizada: la presunción de que el siniestro pudo evitarse y fue consecuencia de fallos en los protocolos de seguridad.

Memoria colectiva y propuestas de cambio estructural

En las inmediaciones de los restos carbonizados del establecimiento comercial, se llevó a cabo un conmovedor pase de lista de las 24 víctimas fatales. Cada nombre fue pronunciado y coreado por los asistentes como un acto de reafirmación de su existencia y de la demanda de justicia. Un altar improvisado, presidido por el número “24” formado con velas encendidas, sirvió como el espacio central para el homenaje póstumo. Allí se colocaron las fotografías de los fallecidos, entre los que se encontraban familias completas, incluyendo menores de edad y una mujer en estado de gestación, lo que acentúa la magnitud de la pérdida humana. La lista incluyó a Guadalupe Córdova, Jesús Murrieta, Jhoana Hernández, María del Carmen Aguilar, Zelma Quintero y sus vástagos Rafael y Danna, Maribel Castro y su hijo Alejandro, Lupita Castro —quien esperaba una niña—, Karla Cota y sus hijos José y Diego, Julio César Salas, María Guadalupe Pérez, Marcos González, Joaquín Ortiz, María Luz Tánori, Edith Villa y su hija Corina, Ana María Cortés, Marcos Segundo y Carlos Arriola Ramírez. Cabe destacar que la identidad de una mujer de 38 años originaria de Caborca aún no ha sido divulgada oficialmente.

La dimensión institucional de la protesta quedó patente con la intervención del catedrático de la Escuela de Derecho, Óscar Medina Díaz, quien leyó una proclama en representación de la comunidad universitaria. El documento expresó las condolencias formales pero también articuló una exigencia explícita de justicia y transparencia en las investigaciones. “Hoy nos une el dolor, la indignación y la esperanza. No podemos permitir que esta tragedia quede en el silencio. Cada vida perdida representa una responsabilidad que el Estado y la sociedad deben asumir con verdad y con acción”, declaró, resumiendo el sentir general.

En un ejercicio de incidencia política concreta, los estudiantes, a través del portavoz Paul Axel Medellín, presentaron una propuesta legislativa denominada “Ley 1ro de Noviembre”. Esta iniciativa busca obligar a escuelas, comercios y todo tipo de establecimientos de uso público a implementar y mantener medidas estrictas de protección civil y seguridad. Como mecanismo de control complementario, se propuso la creación de un observatorio ciudadano independiente que supervise el cumplimiento de dicha normativa, con el objetivo fundamental de prevenir la repetición de catástrofes similares.

Al concluir la marcha, los manifestantes se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde depositaron veladoras y fotografías en memoria de las víctimas. En este punto, surgió una nueva iniciativa: la organización de una caravana hacia la Ciudad de México para solicitar de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación. Esta petición busca garantizar una pesquisa imparcial y el castigo severo de los responsables, “sin importar siglas partidistas ni influencias políticas”, lo que denota una demanda de justicia que trascienda cualquier posible condicionante local.

Este movimiento social evidencia un patrón recurrente ante tragedias prevenibles: la búsqueda de respuestas se transforma en una fuerza motriz para la participación ciudadana y la demanda de reformas estructurales. El caso de Hermosillo se erige así como un estudio de caso sobre cómo una comunidad, unida por el duelo, puede canalizar su dolor hacia la exigencia de accountability y cambios legislativos con miras a un futuro más seguro.

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Autoridades clausuran 13 casinos por lavado de capitales

Las tragamonedas se silencian mientras la autoridad descubre una red de movimientos sospechosos que cruzó continentes. La fiesta terminó para 13 establecimientos.

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El gran espectáculo de la ilusión fiscal

En un giro argumental que nadie vio venir (o quizás todos, pero preferimos ignorar), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se subió al escenario de la mañanera presidencial para anunciar que, sorpresa, los casinos no siempre son negocios de abuelitas jugando al bingo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un arranque de lucidez, decidió bloquear las operaciones de 13 templos del azar repartidos por la geografía nacional. Porque, ¿qué podría ser más normal que flujos millonarios de dinero viajando con más frecuencia que un mochilero europeo hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos? Claramente, estaban expandiendo su marca de frituras y tragamonedas a nivel global.

La investigación, que duró varios meses y requirió la coordinación de un gabinete de seguridad que finalmente encontró algo en lo que ponerse de acuerdo, logró identificar lo que ellos llaman patrones de riesgo. Traducción: las facturas no cuadraban ni con un ábaco chino. Se descubrieron irregularidades fiscales de manual y unos vínculos financieros transnacionales tan obvios que hasta el perico del vecino los silbaba. Todo esto, según las autoridades, comprometía la “integridad del sistema financiero mexicano”. Qué alivio saber que nuestro sistema financiero tiene una integridad que proteger, pensábamos que era un concepto abstracto.

La creatividad ilimitada para blanquear el efectivo

El titular de Seguridad, con la paciencia de un profesor de kínder, nos ilustró sobre los tres ingeniosos esquemas de lavado de activos que empleaban estos establecimientos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha querido simular ingresos y dispersar recursos entre empresas fantasma un martes por la tarde?

El primer método fue la simulación fiscal con uso intensivo de efectivo. Básicamente, los casinos reportaban ingresos inflados, como si cada cliente fuera un heredero de un emirato, y luego movían el dinero entre filiales como en un juego de trileros, declarando al fisco montos que apenas daban para pagar la luz. Una estrategia financiera audaz, sin duda.

La segunda joya de la corona fueron las transferencias internacionales sin justificación. Millones de dólares viajando a Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin un recibo que los acompañe. ¿Comprando castillos en Transilvania? ¿Adquiriendo relojes de cuco a granel? El misterio sigue, pero evidenció el uso del sistema financiero global como una lavandería de lujo para ocultar recursos de origen dudoso.

Y la tercera, para no quedarse atrás en la era digital, involucró plataformas en línea fuera del control financiero. Algunos casinos operaban en la nube usando procesadores de pago con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, lugares famosos por su estricta supervisión financiera (esto es sarcasmo, por si no se notaba). Esto facilitaba el anonimato de las operaciones, porque nada dice “juego limpio” como esconder tu identidad detrás de un servidor en el desierto.

La alianza internacional contra la diversión cuestionable

Para esta operación, el trabajo de inteligencia financiera contó con la cooperación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Es reconfortante saber que, mientras los políticos se lanzan pullas, sus agencias financieras sí pueden colaborar para seguirle la pista al dinero. Juntos, lograron el intercambio de información sobre movimientos sospechosos e identificaron estructuras transnacionales dedicadas al blanqueo de capitales.

Derivado de estos hallazgos, se emprendieron acciones contundentes. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se decretó la suspensión de actividades en los casinos físicos que incumplían la ley, porque aparentemente tener una licencia no te exime de seguir las reglas. También se bloquearon cuentas bancarias y páginas electrónicas vinculadas a las operaciones irregulares, y se inició una revisión fiscal exhaustiva a las empresas y personas relacionadas. La fiesta se acabó, al menos temporalmente.

García Harfuch, en un momento de clarividencia futurista, adelantó que esta investigación marca el inicio de una nueva etapa de control basada en modelos predictivos con inteligencia artificial. Porque si una máquina puede vencer al mejor jugador de Go del mundo, ¿por qué no podría predecir cuándo un casino va a intentar lavar dinero? “Pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente“, declaró. O sea, ahora serán las computadoras las que nos digan quién se está portando mal antes de que lo haga. Qué podría salir mal.

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Gobierno de Veracruz exonera impuestos por afectaciones de lluvias

Medidas de alivio económico para once municipios tras las inundaciones, con suspensiones de pagos y diferimientos de créditos.

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Análisis de la Medida de Alivio Fiscal en Veracruz

El Gobierno del Estado de Veracruz ha emitido una disposición oficial de carácter extraordinario, mediante la cual se exonerará del pago de diversos gravámenes a los ciudadanos y empresas residentes en la región norte de la entidad, severamente impactada por los eventos pluviales e inundaciones registrados a principios de octubre. Esta determinación, fundamentada en el decreto correspondiente publicado en la Gaceta Oficial del Estado, constituye una respuesta fiscal directa a la emergencia climática, buscando proporcionar un respiro financiero inmediato a la población afectada. La medida se enmarca en las facultades del ejecutivo estatal para implementar mecanismos de apoyo ante desastres naturales, priorizando la recuperación económica y la estabilidad social en las zonas de catástrofe.

El alcance de esta exención contributiva es específico y detallado. Según el análisis del documento legal, los impuestos suspendidos incluyen el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (comúnmente conocido como impuesto sobre nómina), el Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, los Derechos de Control Vehicular, y las cuotas por concepto de fomento a la educación. Adicionalmente, se exonera el pago de los derechos por baja de vehículos de servicio público y privado, así como los recargos y actualizaciones asociados a estos conceptos. Este paquete de beneficios será aplicable para los periodos fiscales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, abarcando once municipios declarados como zona de desastre: Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Llamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán.

Mecanismos de Acceso y Criterios de Elegibilidad

La implementación de estos beneficios fiscales no es automática, sino que está sujeta al cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos en el mismo decreto. Para acceder a la exención del impuesto sobre nómina, los contribuyentes, es decir, las empresas y empleadores, deben acreditar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, tener su domicilio fiscal ubicado dentro de la demarcación territorial de alguno de los once municipios señalados, y contar con sus trabajadores debidamente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este requisito busca focalizar el apoyo en las entidades económicas que operan y generan empleo dentro de la zona siniestrada.

Respecto a los vehículos, el beneficio del cien por ciento en el pago del Impuesto sobre Tenencia y los Derechos de Control Vehicular para los ejercicios fiscales 2025 y anteriores, se aplicará de manera particular a aquellos automotores que hayan sido declarados como pérdida total a consecuencia de las inundaciones. Esta disposición reconoce la pérdida patrimonial sustancial que representa la destrucción de un bien de capital como un automóvil, liberando a sus propietarios de la carga tributaria sobre un activo que ya no poseen o que se encuentra inservible.

Tratamiento de las Obligaciones Fiscales Preexistentes

Un aspecto crucial de la medida es el tratamiento de los créditos fiscales preexistentes. Para aquellos adeudos derivados del impuesto sobre nómina que ya se encuentren en proceso de pago a plazos, ya sea mediante un esquema diferido o en parcialidades, el beneficio consistirá en diferir las mensualidades correspondientes únicamente durante los tres meses de vigencia del apoyo (octubre, noviembre y diciembre). Esto implica una suspensión temporal de las obligaciones, no una condonación, lo que permite a los contribuyentes destinar esos recursos a la reparación de daños o la reactivación de sus actividades productivas durante el periodo crítico posterior al desastre. Esta estrategia de alivio financiero demuestra un enfoque estructurado que considera tanto las obligaciones nuevas como las pendientes, buscando un equilibrio entre el apoyo inmediato y la responsabilidad fiscal a mediano plazo.

Esta acción gubernamental representa un componente esencial dentro de una estrategia integral de gestión de desastres, donde la política tributaria se utiliza como una herramienta de protección social y reactivación económica. El análisis riguroso del decreto revela una intervención diseñada para mitigar el impacto económico inmediato en la población y las empresas, facilitando la compleja etapa de recuperación. La efectividad de estas disposiciones dependerá, en gran medida, de la difusión clara de los requisitos y de la eficiencia en los procesos administrativos para que los beneficios lleguen de manera oportuna a todos los ciudadanos y contribuyentes afectados en las jurisdicciones incluidas.

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Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para noviembre

Consulta el cronograma oficial para saber si tu depósito está programado para hoy. Conoce los montos asignados para cada grupo de beneficiarios.

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Distribución de pagos de la Pensión del Bienestar para este miércoles

El programa de Pensión del Bienestar 2025 prosigue con la ejecución de su calendario financiero correspondiente al undécimo mes del año. Este miércoles 12 de noviembre, la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, tiene programada la dispersión de recursos para un segmento específico de la población beneficiaria, manteniendo así la operatividad del esquema de apoyo social.

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la dependencia federal, la asignación económica de hoy está dirigida a los ciudadanos cuyo primer apellido comienza con las letras H, I, J y K. Esta metodología alfabética, implementada para organizar la logística de pagos, permite una distribución ordenada y escalonada de los fondos, optimizando el proceso para los usuarios y las instituciones financieras participantes.

En paralelo a este grupo alfabético, la dispersión de este día también incluye de manera permanente a las personas adscritas a tres iniciativas complementarias: la Pensión para el Bienestar de las Mujeres, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras. Esta coordinación busca garantizar que los diversos grupos de atención prioritaria reciban sus apoyos de manera oportuna y eficiente.

Montos de los apoyos económicos por programa social

El monto base asignado para los adultos mayores de 65 años y más es de 6 mil 200 pesos de manera bimestral. Sin embargo, es crucial destacar que la asignación económica varía según el programa de asistencia social específico, reflejando los distintos objetivos y poblaciones meta de cada iniciativa.

Para la Pensión para el Bienestar de las Mujeres, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, así como a personas indígenas y afromexicanas de 60 a 64 años, el subsidio establecido es de 3,000 pesos por cada periodo de dos meses.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que beneficia a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años con discapacidad permanente, el apoyo asciende a 3,200 pesos bimestrales.

El Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras opera con una estructura diferente. Otorga un subsidio de 1,650 pesos bimestrales por cada hijo o hija de 0 a 4 años de edad. Para el caso de niñas y niños con discapacidad, el monto se incrementa a 3,720 pesos bimestrales, y el apoyo se extiende hasta que el menor cumple 6 años de edad, proporcionando un respaldo económico más sólido a las familias que enfrentan esta situación.

La implementación de estos programas de subsidio forma parte de la política social del gobierno federal, cuyo objetivo declarado es construir un piso de protección económica para los sectores más vulnerables de la población. La dispersión escalonada por apellidos es una estrategia operativa diseñada para evitar la saturación de los canales de pago y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus recursos sin contratiempos significativos. Se recomienda a los derechohabientes consultar los canales oficiales de comunicación, como el sitio web de la Secretaría de Bienestar, para verificar su situación y confirmar las fechas exactas de dispersión correspondientes a sus apellidos.

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